Espacio de Sergio

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¿Dónde está Santiago Maldonado?

Julián Andreu – http://hamartia.com.ar/2017/10/01/autoamnistia/

donde esta

Cuando los asesinos de la dictadura sabían que el final de su oscuro, feroz y sangriento proceso que encabezaron desde el 24 de marzo de 1976 tenía final y la guerra de Malvinas le había puesto punto final político, los protagonistas buscaron su propio perdón.
La Ley 22.924 promulgada el 22 de septiembre de 1983 se conoció como Ley de autoamnistía, algunos de sus artículos:

ARTÍCULO 1º — Decláranse extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos.

ARTÍCULO 5º — Nadie podrá ser interrogado, investigado, citado a comparecer o requerido de manera alguna por imputaciones o sospechas de haber cometido delitos o participado en las acciones a los que se refiere el artículo 1º de esta ley o por suponer de su parte un conocimiento de ellos, de sus circunstancias, de sus autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores.

ARTÍCULO 12. — Los Jueces Ordinarios, Federales, Militares u organismos castrenses ante los que se promuevan denuncias o querellas fundadas en la imputación de los delitos y hechos comprendidos en el artículo 1º, las rechazarán sin sustanciación alguna.

Un proceso de terror que tenía una maquinaria propagandística a favor y era muy poco lo que se podía conocer. Las primeras que pudieron quebrar ese cerco de silencio fueron las Madres de Plaza de Mayo, a costa de que varias de sus miembros sufrieron la tortura y la desaparición. Aún con esto no se amedrentaron y siguieron adelante, gracias a ello el mundo pudo conocer el régimen de terror impuesto en Argentina.
No voy a caer en la facilidad de decir que este gobierno es ni siquiera parecido a la dictadura, aunque juega al límite de la legalidad y de los principios que suponen una democracia.
En ese “juego” de una legalidad precaria o extinta, sus lineamientos son bien claros, desde la frase “los DDHH son un curro” se intentan llevar puestos derechos básicos.
Este gobierno carga ya en su corto período con una presa política, Milagro Sala, que ya no solo está privada de su libertad, sino que ahora intentan acallarla, ni siquiera puede expresar lo que piensa, solo les falta amordazarla, están a un paso.
Pero tiene algo más grave, este gobierno carga con un desaparecido que cada día lo vuelve a desaparecer con sus infamias. Hace dos meses que no sabemos donde está Santiago Maldonado, mientras la Ministra de Seguridad juega a los soldaditos y a sacarse fotos con avioncitos tuneados, su renuncia sería la mejor noticia que nos podría dar.
Tanto Mauricio Macri, como Patricia Bullrich, Marcos Peña, entre otros, son responsables y encubridores de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, delito de lesa humanidad e imprescriptible como tal.
Cuando este gobierno termine en el tiempo que sea ¿Dictarán su autoamnistía tanto en lo económico como en lo político? Un buen ejemplo fue la que intentaron llevar adelante los asesinos de la dictadura cívico militar, con todo el poder del Estado cautivo de su régimen de terror. Sería un buen espejo en el cual se podrían ver y no olvidar lo que tantas veces les hicimos escuchar a esos asesinos “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar..”

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¿Quiénes son los dueños de la Argentina?

Federico Soria – https://latinta.com.ar/2017/09/quienes-los-duenos-la-argentina/

dueños

Según el Registro de Tierras Rurales, creado por la Ley Nacional 26.737, aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina (35% del territorio Nacional) figura como propiedad de 1.250 terratenientes (0,1% de los propietarios privados). Esta proporción aumenta cuando nos referimos específicamente a la Patagonia Argentina.

Mientras que, en la extensísima República Argentina, aproximadamente 15 millones de personas (37% de la población) no tenemos un pedazo de tierra o vivienda propia.

La lista detallada a continuación, intenta ser una aproximación actualizada de un ranking de los propietarios privados que más tierra acaparan en la Patagonia Argentina, incluyendo tanto a extranjeros como argentinos. Están detallados la cantidad aproximada de territorio y las propiedades que componen sus latifundios. El listado incluye además al Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza, de características similares al resto de la Patagonia.

Desde ya, esta lista está incompleta, puesto que es imposible acceder a las bases de datos de los catastros superficiarios de las diferentes provincias, a pesar de que se trata de documentación pública que debería ser de libre acceso. Por este motivo, el presente listado está sujeto a ser actualizado, ya sea con datos propios o con aportes documentados que serán bienvenidos y agradecidos de antemano.

 

1) Grupo Benetton (Italia) 900.000 hectáreas, administradas por la empresa “Compañía de Tierras del Sud Argentino”. Estancias: Caleufu (Neuquén), Pilcaniyeu, San Pedro, Cañadón Blanco, Etido, Colonia Maitén y el intento de usucapión de Huanhué (Río Negro), El Maitén, Leleque, Fofocahuel, Firtihuín, Lepá, Esquel y usurpación de campos vecinos (Chubut) Coronel y El Cóndor (Santa Cruz). Negocios ganaderos, forestales y mineros.

 

2) Grupo Walbrook (Gran Bretaña) 600.000 hectáreas, administradas por la empresa “Nieves de Mendoza”. Propiedades: Campo el Álamo, Las Juntas, Los Molles, Las Leñas, Valle Hermoso, Los Amarillos, Agua del Toro, Río Colorado (sur de Mendoza). En estas propiedades están la laguna Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas, el centro termal Los Molles, el Centro de Ski las Leñas, la Laguna de Valle Hermoso y otros espejos de agua cordilleranos.

 

3) Lázaro Báez (Argentina) 470.000 hectáreas: 25 estancias en la provincia de Santa Cruz. Todas estas propiedades fueron compradas entre 2008 y 2015. Actualmente todas están intervenidas por el Estado Nacional y Lazaro Báez está preso, acusado de asociación ilícita y lavado de activos.

 

4) Familia Sapag (Argentina) 420.000 hectáreas, en la provincia de Neuquén. La familia Sapag gobierna Neuquén y casi todas las intendencias de esa provincia, ocupan cargos en la Legislatura Provincial y el Congreso de la Nación. Además controlan la obra pública allí, la construcción y la minería.

 

5) Familia Menéndez (Argentina) 400.000 hectáreas, en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Una rama de esta familia es parte de La Anónima S.A., empresa que realizó el barrido étnico del extremo sur de la Patagonia argentino-chilena, propiedad de la familia Braun-Menéndez-Reynal. La cadena de supermercados del mismo nombre posee 159 sucursales en 80 ciudades. Todos los sucesores actuales son descendientes de José María Menéndez Menéndez y María Behety Chapital.

 

6) Grupo Heilongjiang Beidahuang (China) 330.000 hectáreas: Colonia Josefa, Negro Muerto, Guardia Mitre, Colonia Margen Norte, La Japonesa y otras estancias del Valle Medio (Río Negro). Estas propiedades están en arrendamiento con opción a compra. El proyecto chino incluye la siembra de soja en todos estos campos, actualmente está frenado por un amparo en la justicia.

 

7) Familia Zingoni-Arze (Argentina) 250.000 hectáreas, en la provincia de Neuquén. Campos en Caan Lil, Collón Curá y Piedra del Águila, principalmente. Negocios ganaderos.

 

8) Familia Ochoa-Paz (Argentina) 180.000 hectáreas. Estancias Tecka, Caridad y El Corcovado (Chubut). Es un remanente que se quedaron los antiguos propietarios de la Compañia de Tierras del Sud Argentino, tras la venta de la empresa y sus campos a Benetton. Negocios ganaderos y turísticos.

 

9) Minera Vale (Brasil) 160.000 hectáreas, en el sur de Mendoza y norte de Neuquén, donde se localizan las concesiones del proyecto megaminero Potasio Río Colorado.

 

10) El Palauco S.A. (Argentina) 150.000 hectáreas, en Bardas Blancas, Sierras de Palau-co y Laguna Llancanelo (sur de Mendoza). Empresa propiedad de Sergio Rostagno, Luis Demarchi y Carlos Santalesa. En esta propiedad está la Caverna de las Brujas y los Castillos de Pincheyra. Negocio de talaje.

 

11) Gold Corp (Canadá) 130.000 hectáreas: Estancias Los Mirasoles, El Retiro, Los Pinos, True Aike, Pirámides, La Aurora, Balcarce, Maria Aike y La Patricia (Santa Cruz). Corporación megaminera con varios proyectos en la Meseta del Deseado, además de las concesiones, adquiere las propiedades superficiarias donde se localizan sus explotaciones.

 

12) Roberto Hiriart (Chile) 100.000 hectáreas. Estancia Hualcupén, cerca de Caviahue (Neuquén). Este terrateniente es sobrino del dictador chileno Augusto Pinochet. Dentro de esta propiedad está íntegramente el Lago Hualcupén.

 

13) Familia Rambeau (Argentina) 94.000 hectáreas, en la provincia de Neuquén. Campos en Zapala, Rahue y Fortín 1º de Mayo. Negocios ganaderos.

 

14) Grupo Burco (Bélgica) 80.000 hectáreas: Arelauquen, Los Baguales, Cacique Foyel, Río Villegas, Cerro Carreras y la margen sur del Embalse Alicura (Río Negro); Lago Cholila, Cerro Tres Picos, Lago Rosario, Corcovado, Lago La Plata, Lago Vinterr, El Pedral y el intento de usucapión del Parque Provincial Río Turbio (Chubut). En todos los establecimientos hacen turismo de elite.

 

15) José María Barale (Argentina) 74.000 hectáreas: Alicura (Neuquén). Esta propiedad fue recientemente adquirida al magnate norteamericano Ward Lay Jr. y actualmente está en proceso de fragmentación y venta.

 

16) Grupo Bemberg (Argentina) 73.000 hectáreas: poseen una estancia en la Provincia de Neuquén. Empresa propiedad de la familia Miguens-Bemberg, son propietarios y/o accionistas de Patagonia Gold, Sadesa, Central Puerto e Hidroeléctrica Piedra del Águila y la filial argentina de la petrolera Total. Es socio comercial de Mindlin, Burco y Lewis.

 

17) Solmat Agropecuaria S.A. (Argentina) 72.000 hectáreas: Estancia Santa Nicolasa (Río Negro). Empresa ganadera propiedad de Marcelo Alquezar.

 

18) Cristobal López (Argentina) 67.000 hectáreas. Estancias El Mirador, Alma Gaucha, La Ensenada y Los Notros (Santa Cruz), campos en Alto Río Senguerr, Lago La Plata y varias propiedades menores en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (Chubut), Estancias El Entrevero y El Amigo (Río Negro), Complejo Alpat (Neuquén). Es propietario de la corporación Indalo, Oil Combustibles, varios casinos y medios masivos de comunicación.

 

19) Ailin-co S.A. (Argentina) 65.000 hectáreas, en el sur de Mendoza y norte de Neuquén. Campos Puerta del Barrancas, Arroyo Curimillo y Laguna Negra. Empresa propiedad de René Chaumont y Sirio Sat. Negocios ganaderos, mineros, turísticos y de talaje.

 

20) Ted Turner (Estados Unidos) 56.000 hectáreas. Estancias La Primavera y Collón Curá (Neuquén) y un campo en Tierra del Fuego. Ted Turner es fundador y/o accionista de la cadena de noticias internacional CNN, Turner Broadcaster System, WCW, TNT, Turner Entertainment, TBS, etc.

 

21) Estancias Schajman S.A. (Argentina) 50.000 hectáreas. Estancia El Principio y otras en Trevelin y Esquel (Chubut). Propiedad de la familia Schajman, negocios ganaderos y turísticos.

 

22) Ashley Kent Carrithers (Estados Unidos) 41.000 hectáreas. Estancias Colipilli, Paso Pichachén y Río Troncomán (Neuquén).

 

23) Marcelo Mindlin (Argentina) 40.000 hectáreas. Campos en Alto Río Chubut y el valle del Río Foyel (Río Negro). Mindlin es propietario y/o accionista de Pampa Energía, Dolphin Fund, Petrobras Argentina y socio comercial de George Soros, Joseph Lewis y el Grupo Bemberg, fue parte del Grupo Irsa de Eduardo Elsztain.

 

24) Emir y Omar Félix (Argentina) 40.000 hectáreas. Campo Agua Nueva (Malargüe, Mendoza), en conflicto con comunidades mapuches. En este campo está el proyecto megaminero La Cabeza. Los Félix son reconocidos políticos locales: actualmente Emir es intendente de San Rafael y Omar es diputado nacional.

 

25) Joseph Lewis (Gran Bretaña) 38.000 hectáreas: Bahía Dorada, Lago Escondido, la concesión del Cerro Perito Moreno y el Proyecto Laderas (Río Negro). Lewis es fundador y propietario del Grupo Tavistock y accionista de Pampa Energía.

 

26) Jacob Suchard (Suiza) 35.000 hectáreas. Estancia San Ramón (Río Negro). Fue accionista y/o propietario de las corporaciones alimenticias Nestle, Multifood, Kraft General Foods Europe e inventor de las marcas Toblerone, Milka y Suchard.

 

27) Paolo Rocca (Argentina) 32.000 hectáreas. Lago Esperanza, Lago Urión y Río Carrileufu (Chubut). Es dueño del Grupo Techint y según Forbes es la persona más adinerada de Argentina.

 

28) Holding Salentein (Holanda) 25.000 hectáreas, en Río Negro. Corporación propiedad de la familia Pon. Dueños de las bodegas Salentein y de Salentein Fruit.

 

29) Grupo Eidico (Argentina) 24.000 hectáreas. Emprendimientos inmobiliarios en Villa La Angostura y San Martín de los Andes (Neuquén), Lago Cholila (Chubut), costas del Canal de Beagle (Tierra del Fuego), Corral de Piedra (Malargüe, Mendoza). Empresa propiedad de Jorge O’Reily y Pablo Lanusse. También tiene desarrollos inmobiliarios en otros puntos del país

 

30) Familia Larminat (Argentina) 20.000 hectáreas. Estancia Rincón de los Pinos (Neuquén). Negocios ganaderos, forestales y turísticos.

 

Quedó afuera de esta lista Douglas Tompkins, propietario de 350.000 hectáreas en la provincia de Santa Cruz, fallecido en 2015. Actualmente, estas tierras están en proceso de traspaso al Estado Nacional Argentino.

 

Además, existen grandes terratenientes de otras regiones de Argentina, que poseen propiedades menores en la Patagonia, como Eduardo Elsztain, George Soros, la Corporación Fortabat, Eduardo Eurnekian, la familia Pérez Companc, Bulgheroni, entre otros.


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Santiago Maldonado: crónica de una desaparición forzada

Andrea Barriga y Ariel Petruccelli* – http://www.sinpermiso.info/textos/santiago-maldonado-cronica-de-una-desaparicion-forzada

 

 

Es una tarde soleada en el valle neuquino, con algunas nubes que forman en su unión una posible tormenta… observamos la ciudad en su movimiento constante y nos preguntamos ¿Dónde está Santiago Maldonado? Chew müley am Santiago Maldonado? Un eco queda retumbando en el ambiente, el eco de su ausencia…

…Chew müley am?…

…Chew müley am? …

…Chew müley am?…

 

Es sabido por casi todos y todas las valletanas que las nubes que allá en el oeste forman la tormenta son “nubes de agua”, como se les dice a las nubes que en algún lugar de su recorrido descargan su lluvia. Estas tormentas son formadas en el Pacífico y habitualmente disparan sus aguas en la zona cordillerana, la cual tiene grandes valles con lagos de aguas trasparentes y muy frías e infinitos cursos de agua dulce que se entrecruzan, correntosos, hasta desvanecerse ya en el océano Pacífico, en el oeste, ya en el Atlántico. Cuando uno avanza hacia el este, hacia el Atlántico, el paisaje cambia bruscamente. Desaparecen los frondosos y mágicos bosques cordilleranos, se esfuma la zona montañosa y volcánica -con picos de hasta 3.776 metros de altura- plagada de pasos que se transitan en ambos sentidos, de este a oeste y viceversa. En esta zona, la cordillera de los Andes va descendiendo en altura hasta juntarse, al sur, con los océanos. El paisaje que nos espera por delante es ahora diferente: una planicie árida que se extiende por más de 500 kilómetros, helada en invierno y tórrida en verano, cuya vegetación no supera el metro y medio de altura. Pequeños arbustos agazapados, plantas de espinas puntiagudas, liebres, guanacos, zorros y ñandúes, arañas y víboras son algunos de los sobrevivientes en este clima hostil, en el que los cursos de agua escasean, sobre todo en el verano, cuando las temperaturas máximas superan los 35°C. Toda esta superficie fue antiguamente el fondo del océano. Este panorama se extiende por cientos de kilómetros hasta el Atlántico, que es contenido por acantilados en los cuales las olas golpean con el nehuen de kvrvf (la fuerza del viento), como reclamando un territorio que antaño fue suyo.

En este espacio, al que los mapuche llaman Wallmapu, las relaciones sociales que se desarrollan son intrincadamente multidimensionales. Antiguamente, comunidades trashumantes de las “gentes de la tierra” recorrían los kilómetros que separan el Pacífico del Atlántico, buscando pastura para sus animales y comerciando continuamente. En la actualidad, convivimos en Wallmapu los descendientes de aquellos pueblos que se asentaron en estas tierras hace más de 12 mil años, los descendientes de los españoles que llegaron al continente hace 500 años, los descendientes de miles de europeos que arribaron huyendo de la miseria y de las guerras, dos estados nacionales que empezaron a conformarse hace 200 años y aún hoy continúan empecinados en desconocer su carácter colonial (en relación a los pueblos originarios), y las grandes empresas transnacionales que empezaron a llegar hace poco más de un siglo, por la tierra y las pasturas, y que hoy vienen por la riquezas ictícola, el petróleo y los minerales. La convivencia es muy compleja.

En esta región, la población se dedica a muchas y diversas actividades. La misma se divide en núcleos urbanos de gran crecimiento en los últimos años, y extensas y casi despobladas zonas rurales. La “urbe” más grande del territorio es Temuco con 245.347 hab., seguida por Neuquén con 231.780 hab., San Carlos de Bariloche con 113.450 hab., y Padre las Casas de 58.795 hab. Todas estas tierras fueron apropiadas para los estados-nación de Argentina y Chile, por medio de una violenta invasión a los territorios mapuche que tuvo lugar a fines del siglo XIX, y que se conoce popularmente con los indignos nombres de “Conquista del Desierto” y “Pacificación de la Araucanía”. Así, Temuco y Padre Las Casas pertenecen a Chile, y Neuquén y San Carlos de Bariloche a la Argentina. Mientras más al sur, menos urbanidad.

Hay una porción de la población que aún sigue produciendo sus medios de vida. Suelen ser pequeños productores que han logrado mantener un pedazo de tierra, y también comunidades indígenas que han resistido su desintegración por más de 500 años. También están los artesanos que viven de la venta de su producción manual, y muchas veces mantienen la movilidad intercordillerana que tuvo siempre la población de esta región. Es que la división política creada a fines del siglo XIX entre Chile y Argentina, tomando el cordón montañoso de los Andes como punto divisorio, no tomó en cuenta que en realidad esto nunca fue un impedimento para el contacto sociocultural entre ambos lados. Y aunque lo hayan intentado prohibir de diferentes maneras, la tradición ha sido más fuerte y se mantiene en la actualidad un constante intercambio e interacción de saberes, costumbres, personas, bienes, servicios y culturas. La cordillera es un puente, no una barrera.

La zona de los lagos, como se conoce la parte norte y centro de la Patagonia, es también un lugar de encuentros. Personas de todo el mundo y de todas las edades disfrutan de estos paisajes maravillosos mientras andan a pie, con su mochila en la espalda, caminando kilómetros hasta que algún vehículo les ofrece un viaje sin costo hasta la próxima parada. Muchas de ellas aprenden a hacer artesanías en el camino, y es con la venta de las mismas que van sustentando los gastos del viaje. Algunos recorren así varios países.

Un joven, nacido en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, recorrió de esta forma Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. En este último país, se había quedado con amigos que le regaló la vida, y a sus 28 años tatuaba para ganarse el pan. Su pertenencia era al mundo. Su apodo, “el Brujo”, describe a un joven interesado por el conocimiento de las hierbas medicinales de su tierra. No es mapuche, pero se reconoce en cualquier causa que considere justa. Cuando así lo creía, no tenía problemas en luchar junto a quienes estuvieran luchando. Apoyó la protesta de pescadores de Chiloé cuando una empresa tiró salmón podrido cerca de la costa generando una marea roja, contaminación de moluscos comestibles, que puso en jaque a los habitantes de la isla que se dedican a recolectarlos y venderlos. Con esa filosofía libertaria de la vida, Santiago Maldonado cruzó una vez más la cordillera de los Andes con intención de pasar algunos días en la comarca de El Bolsón, provincia de Río Negro, con sus otros amigos, y luego ir a visitar a su familia a 25 de Mayo. Según sus proyectos, volvería a Chile a tatuar nuevamente para juntar algunos pesos que le permitieran cumplir otra de sus metas: cruzar el Atlántico, rumbo a España…

Sin embargo, los acontecimientos tomaron otro rumbo. Santiago estuvo en El Bolsón vendiendo artesanías; de allí se dirigió a la Pu Lof Mapuche de Cushamen, una comunidad de resistencia que ocupó una pequeña superficie en 2015, en el noroeste de la provincia del Chubut. Para llegar a la comunidad hay que tomar la ruta 40 y viajar al menos cien kilómetros en un paisaje que es boscoso al principio, y luego se torna achaparrado y desértico. Para quien le gusta viajar, como indudablemente es el caso de Santiago, la ruta 40 no puede obviarse. Recorre la Argentina en toda su extensión geográfica, desde la Quiaca al norte hasta los remotos confines australes. Ruta mítica, transitarla toda, más de 5 mil kilómetros, o por partes, es un placer para los viajeros. En esta ruta legendaria, salió al encuentro de Santiago una causa que él consideró justa: la lucha desigual que mantiene una de las comunidades del pueblo mapuche contra la poderosa empresa Benetton.

La empresa Benetton es propietaria, desde el año 1991, de 900 mil hectáreas ubicadas en la zona de los Lagos, Chubut, y en la provincia de Buenos Aires. Este territorio, antes de la ocupación violenta y genocida del ejército argentino, era tierra en la cual vivían los mapuche. No eran sus propietarios, porque no tenían sentido de propiedad como lo entiende el capitalismo y sus representantes. La sociedad y la tierra, para los mapuche, es una unidad. Se piensan a sí mismos, y se sienten, “gentes de la tierra”: ellos le pertenecen a la tierra, no al revés. No eran sociedades “pacíficas” como quiere el mito del “buen salvaje”. Tampoco vivían en una guerra constante destruyéndose unos a otros, como lo pretende la “leyenda negra”. Tenían conflictos y generaban acuerdos políticos, como cualquier otro pueblo, para convivir en tan extenso territorio. Porque si bien es cierto que el territorio es inmenso, también es cierto que no todas las tierras son productivas. El clima de la Patagonia puede ser muy hostil.

Los estados argentino y chileno persiguieron, secuestraron, torturaron, servilizaron y asesinaron a miles de indígenas, incrementándose la violencia entre 1860 y 1890. A partir de entonces las tierras de la actual Patagonia pasaron a ser fiscales en un principio, vendidas casi inmediatamente a terratenientes de la oligarquía y a empresas extranjeras. Desde ese momento el acoso hacia los hermanos mapuche es no sólo perpetrado por los estados sino también por los privados. Su objetivo, defender la propiedad capitalista de la tierra. Su método: violencia y represión, incluso cuando eso implique violar las propias normas constitucionales de una república democrática.

La Constitución Nacional Argentina modificada en 1994 en el Artículo 72 inciso 17 establece: Reconocer la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos (sic). Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Irónicamente, los mapuche luchan amparados por la Constitución, mal que les pese a las autoridades.

Así es que después de un largo proceso de organización la comunidad mapuche de Cushamen decide recuperar parte de sus tierras, e instalar la Pul Lof de Cushamen. La reacción del Estado argentino defendiendo los intereses de la Benetton no se hizo esperar: la comunidad comienza a sufrir hostigamientos de diversa índole, tanto de parte de agentes privados contratados por la empresa, como de parte de las fuerzas estatales: amenazas, detenciones, un puesto de gendarmería instalado en las inmediaciones, drones que sobrevuelan la zona, etc. En enero de este año, Gendarmería ingresó violentamente a la comunidad como castigo al bloqueo de una vía férrea de carácter turístico: La Trochita, que paradójicamente tiene como itinerario un viaje qué, partiendo desde Esquel llega a otra comunidad mapuche asentada en la zona, la comunidad recuperada de Nahuel Pan. Pero a la comunidad de Cushamen la desalojaron. Hubo varios heridos y las dos chozas de madera que tienen como hogar fueron incendiadas junto a “todos los bienes”: apenas un par de colchones y ropa. Fue la primera “cacería”. Los gendarmes obtuvieron como “presa”, junto a otros jóvenes que fueron detenidos, interrogados y golpeados, a Facundo Jones Huala, el Lonko de la comunidad, quien sigue preso en Esquel (a causa de un pedido de extradición de la justicia chilena). También detuvieron aquella vez a Ariel Garzi. Este último realizó denuncias de acoso y detenciones ilegales por parte de la policía, aún después de transcurridos meses de aquella violenta represión. Amigo de Santiago Maldonado, no estuvo en la represión del primero de agosto, pero cuando se enteró de que había desaparecido, lo llamó a su celular. Alguien atendió el teléfono. Cuando fue a presentar esta prueba, le otorgaron la “garantía” de testigo “protegido”. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sin embargo, develó su identidad.

Son muchas las personas que, sin ser mapuche, visitan la comunidad acompañando el reclamo. Artesanos, mochileros, viajantes, laburantes del lugar que se sienten solidarios con los hermanos mapuche. Porque muchas veces ellos, ciudadanos argentinos con “plenos derechos”, tampoco tienen acceso a las tierras, ni a las costas privatizadas de ríos y lagos. Luciano Benetton con más de 900 mil hectáreas, el multimillonario Douglas Tomkins con 350 mil hectáreas, Joe Lewis con 18 mil hectáreas y Ted Turner con 5 mil hectáreas, son propietarios de gran parte de la Patagonia, teniendo dentro de sus latifundios, lagos enteros y ríos desde su nacimiento a su desembocadura.

En cada costa se lee: Prohibido Pasar. Propiedad Privada. La propiedad privada nos priva la libertad.

Santiago llegó a la Pu Lof de Cushamen decidido a acompañar la lucha que llevaban adelante los peñi mapuche, ya no sólo por la devolución de la tierra, sino también como forma de denunciar el hostigamiento que sufrían día a día, y pedir la liberación de su Lonko.

El piquete se instaló en la ruta 40. La misma atraviesa la estepa patagónica. Sube y baja según los caprichos del terreno. La vista llega hasta el horizonte, a no ser que la cumbre casi desnuda de algún cerro aparezca ocultándolo. De a momentos hay caídas bruscas; algunas demasiado empinadas, otras que descienden suavemente hacia el cauce de algún arroyo o río que tiene la voluntad de pasar por allí. Es el caso del río Chubut que atraviesa el territorio de la comunidad. Son tierras productivas. Puede haber vida social en ellas. Y es por eso que Benetton es tan receloso con las mismas. Las necesita para que los millones de ovejas que tiene pastoreen en la zona a fin de que produzcan la lana que es llevada como materia prima para sus empresas europeas. A nosotros sólo nos queda el paisaje de las ovejas pastando y balando. A veces, sus voces semejan gritos de dolor que se escuchan acompañando al viento en una fría tarde de invierno.

Los gendarmes llegaron al piquete a la madrugada, cuando aún no asomaba el sol. Se ve en las imágenes la figura desgarbada y bamboleante de Santiago, junto a media docena de peñi que “hacían el aguante”. Un oficial lee la orden de desalojo. Comienza el operativo. Los peñi se retiran. Decenas de gendarmes comienzan la persecución a través de la árida estepa. Los uniformados irrumpen tierra adentro, violando la orden legal que establecía meramente desalojar la ruta 40. Balas, gases lacrimógenos, gritos, cacería. Barren con las ruca de madera, sacan brutalmente a las mujeres y niños que se resguardaban adentro, las incendian. Y, mientras tanto, continúan persiguiendo a su presa al grito de: “agarren a uno”. Los peñi, y con ellos Santiago, consiguen llegar a la costa del río Chubut, decididos a cruzar sus correntosas y gélidas aguas.

Allí, junto al río, fue la última vez que los peñi vieron a Santiago. No alcanzó a cruzarlo. Los gendarmes lo alcanzaron, lo golpearon, lo subieron a un unimog y se lo llevaron.

A Santiago se lo llevó gendarmería. Y nosotros, mapuches, europeos, argentinos, chilenos, ciudadanos del mundo, nos seguimos preguntando: ¿DÓNDE ESTÁ SANTIAGO MALDONADO?

…Chew müley am?…

…Chew müley am?…

…Chew müley am?…

 

* Andrea Barriga es profesora de historia y activista social en la Patagonia.

* Ariel Petruccelli es autor, entre otros libros, de Docentes y piqueteros y El marxismo en la encrucijada.


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Sin territorio no hay vida

Jesús González Pazos* – https://www.alainet.org/es/articulo/187963

 

En los tiempos que vivimos hablar de derechos humanos ha perdido mucho espacio y sentido en las grandes declaraciones políticas. Es una realidad que evidencia que éstos, en el pasado más reciente, se usaron en demasiadas ocasiones como arma arrojadiza con fines más de contienda político-ideológica que de preocupación verdadera por el ser y estar de la humanidad. Así, aun hoy, pese a la escasez de esos discursos, todavía estos derechos son usados con evidentes intencionalidades, cuando menos, muy discutibles. Se echa mano de ellos para condenar al gobierno de Venezuela, pero se olvidan los mismos cuando se habla, por ejemplo, de México (200.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y 350.000 desplazados en la última década). Qué decir cuando se da asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a Arabia Saudí o cuando algunos gobernantes, pese a la constante violación de esos derechos y al financiamiento ideológico y dinerario del yihadismo que hace la monarquía saudí, justifican con no se sabe qué argumentos hacer negocios con ese país, ya sea vendiendo trenes de alta velocidad para el desierto o armamento de todo tipo y condición. El negocio es el negocio y los derechos humanos son otra cosa que no deben mezclarse con los primeros.

Sin embargo, esto no debe hacernos caer en el pesimismo. En su mayoría el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos humanos, individuales y colectivos, y para todas las personas y pueblos, debe de seguir siendo una constante en las acciones por construir sociedades realmente más justas y democráticas de hecho. Subrayaremos este último término, de hecho, en complementariedad imprescindible con otro, de palabra, que en demasiadas ocasiones se queda simplemente en eso, en la palabra, en el discurso sin su concreción en obra.

Este mes de septiembre se cumple la primera década de una de las últimas declaraciones internacionales de derechos de las Naciones Unidas. La Asamblea General de este organismo aprobó el 13 de septiembre de 2007 la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La misma suponía un hito en la lucha de más de 400 millones de personas que, a lo largo del planeta, siguen existiendo y exigiendo que se les reconozca como tales, al tiempo que como pueblos con los mismos derechos que los demás. Desde los procesos coloniales se había intentado eliminar, y así se había hecho en demasiadas ocasiones, a estos pueblos negándoles incluso el derecho a ser considerados personas, en un evidente ejercicio de racismo y xenofobia en sus grados más extremos.

Pero la persistencia del movimiento indígena logró no solo volver a hacer visibles a estos pueblos ante el mundo, sino ir sentando en las mesas de negociación a muchos gobiernos para avanzar en el reconocimiento de sus derechos. A lo largo de las décadas 80 y 90 del siglo pasado se reformaron numerosas constituciones y se aprobaron leyes en múltiples países, especialmente de América Latina, que supusieron ostensibles avances en estos procesos. Incluso llegando a poner sobre la mesa de discusión nuevos conceptos de organización política como es la posibilidad del estado plurinacional en el marco del ejercicio del derecho de autodeterminación, o la filosofía del Buen Vivir como forma de organización del pensamiento, pero también social, política y económica, con especial reflexión sobre la relación con la naturaleza. Pues bien, uno de estos momentos culminantes está precisamente, por su globalidad planetaria, en la aprobación referida en la que la Asamblea General de Naciones Unidas reconocía y establecía el carácter específico de los derechos individuales y colectivos de estos pueblos.

Evidentemente el paso siguiente, una vez conseguido dicho reconocimiento, está en el ejercicio verdadero y con garantías de la totalidad de los derechos, empezando por algunos centrales como es la posibilidad real de ejercer el de autodeterminación y a definir su propio desarrollo como pueblos, evidentemente, ambos en directa relación con el ejercicio de los derechos territoriales. Y este es el gran problema hoy, hasta el punto de que esa visibilidad y supervivencia recuperada vuelve a estar en peligro.

El artículo 23 de la Declaración establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo”. Si entendemos éste último término como un todo que contiene la posibilidad de definir los caminos y formas de caminar por parte de estos pueblos, su ejercicio se convierte en elemento irrenunciable para poder seguir existiendo y siendo lo que ellos mismos definan y quieran. Porque además, el artículo 26 establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido”, con el añadido de que “los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate”. Poco más habría por añadir ante la claridad de este artículado.

Sin embargo, en el sistema neoliberal hoy impuesto estos derechos son permanentemente violados por agentes tales como las empresas, ya sean éstas nacionales o transnacionales, con la aquiescencia de los estados que, en la inmensa mayoría de los casos, prefieren proteger los “derechos” de las élites económicas en vez de los de estos pueblos. Así se ha denunciado en muchas ocasiones a lo largo de esta última década, y así hoy se sigue haciendo por parte de las organizaciones indígenas; estos pueblos soportan las mayores violaciones sobre sus tierras y territorios por parte de empresas cuyo único objetivo es la explotación salvaje de los recursos naturales para la obtención del máximo de beneficios económicos.

Un repaso por diversos países, solo en el continente americano, permite entender perfectamente la realidad de la afirmación anterior. En los últimos tiempos del gobierno de Obama y los más recientes de D. Trump saltó a los medios de comunicación la protesta de los pueblos sioux (dakotas) ante la construcción de un enorme oleoducto en sus tierras y el alto impacto medioambiental que éste podría suponer.

En Guatemala, el país “se vende barato” a transnacionales mineras o hidroeléctricas, irrespetando el reconocido derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen los pueblos indígenas que día a día se posicionan contra estas violaciones territoriales. Honduras ocupó cierto espacio en la prensa tras el asesinato de la dirigente lenca Bertha Cáceres por la defensa de este pueblo del río que le da la vida; pero en este país es continuo el asesinato de líderes indígenas que luchan por esto mismo.

La firma de acuerdos de paz en Colombia, a pesar de los grandes beneficios que éstos suponen para el país, ha traído consigo un aumento de las muertes de líderes sociales e indígenas en todo el territorio, tras los que se esconden interés del paramilitarismo en abierta confluencia con los de oligarquías y trasnacionales por explotar los recursos naturales que ahora, con el fin de la guerra, quedan abiertos a una carrera sin freno.

En un salto al sur del continente, en estas semanas, se protesta en Argentina por la desaparición (1 de agosto) del joven Santiago Maldonado, quien participaba en actos del pueblo mapuche en la Patagonia en defensa de sus tierras y derechos. Argentina rememora así una de las páginas más negras de su historia, como fue la última dictadura y los miles de desaparecidos; el pueblo mapuche rememora el permanente expolio de los últimos 150 años sobre su territorio, hoy de la mano de empresas internacionales, como Chevron o Benetton que posee, ésta última, casi un millón de hectáreas en este extremo del mundo.

Por todo esto en América Latina y por mucho más en ese mismo continente y lo invisibilizado en los demás (África, Asia…), cuando se cumple la primera década de la aprobación por las Naciones Unidas de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, el grito de éstos es claro. El reconocimiento de derechos debe ir acompañado de su ejercicio porque, por ejemplo, sin territorio no hay derechos, hay empobrecimiento y aculturación que les aboca a la desaparición, no hay autodeterminación posible y desarrollo propio, en suma, sin territorio no hay vida. Y esto es algo sencillo de entender porque a todos los pueblos nos pasa lo mismo y así lo sentimos.

 

* Jesús González Pazos – Miembro de Mugarik Gabe


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Argentina – Tras la campaña antimapuche, una realidad: van por la tierra

Diego Monton* – https://www.alainet.org/es/articulo/187860

Un bombardeo mediático que apunta a instalar nuevamente, como hace 150 años, la idea de que los pueblos originarios son salvajes y violentos. Todo a base de mentiras y burdas generalizaciones. La desaparición de Santiago, y la indiferencia oficial, pareciera dar el mensaje de que cualquier joven de la ciudad debe pensar bien antes de solidarizarse con las causas indígenas.

El Gobierno Nacional ha desatado una fuerte campaña de estigmatización y criminalización del pueblo mapuche y sus organizaciones, en ese marco se produce la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Un bombardeo mediático que apunta instalar nuevamente, como hace 150 años, la idea de que los pueblos originarios son salvajes y violentos. Todo a base de mentiras y burdas generalizaciones. La desaparición de Santiago, y la indiferencia oficial, pareciera dar el mensaje de que cualquier joven de la ciudad debe pensar bien antes de solidarizarse con las causas indígenas.

Sin embargo, no es solo contra el Pueblo Mapuche. Ya en noviembre del año pasado tanto el Diario La Nación como Clarín publicaron varias notas sobre casos en los que acusaban a “falsos indígenas” de “usurpar” campos de empresarios e inversores. Las notas hacen referencia a Salta, Santiago del Estero y Jujuy.

En abril de este año, Gabriel Levinas, tituló en Clarín: “El fantasma de los Diaguitas, y una disputa absurda y cruel en los Valles Calchaquíes”, nota en la cual niega la existencia de los Diguitas, miente y descalifica a los referentes indígenas de la zona y luego arremete en defensa de un empresario.

¿Cuál es la motivación de esta sucia campaña? Aquí un posible hipótesis

Pretenden anular la ley 26160, y generar las condiciones para que el capital financiero internacional profundice la subordinación de nuestras tierras y territorios a sus dinámicas especulativas.

En el marco de la crisis global del capitalismo, los capitales especulativos desarrollaron estrategias para mantener sus tasas de acumulación de la mano de la mercantilización de la tierra y los bienes naturales. Lo que se tradujo en una ofensiva en todo el mundo, empresas y capitales que operaron procesos de acaparamiento y concentración de la tierra.

Argentina no fue una excepción, sin embargo, el  kirchnerismo tomó cuenta de las luchas y demandas de diversas organizaciones y movimientos y se sancionaron una serie de Leyes que adquieren un carácter estratégico en ese contexto.

En el año 2006, la ley 26160, amparada en el artículo 75 de la Constitución Nacional, declara la Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas. En el año 2009, fue sancionada, la ley 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que plantea un ordenamiento territorial para evitar el desmonte indiscriminado, en el año 2011 la Ley de Tierras rurales (26137) que regula y pone freno a la extranjerización de la Tierra, y en 2015 la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar que entre varias medidas, legisla la suspensión de los desalojos a familias campesinas.

A medio camino quedó la inclusión de la función social de la propiedad en el nuevo código civil, aunque se dio paso en el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena. Estas leyes, que bien se pueden analizar desde la perspectiva de nuevos derechos, (avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, las comunidades campesinas y los agricultores familiares) también son herramientas que ponen al Estado en un rol de control y regulación de los movimientos del capital financiero y conformaron un gran avance en la perspectiva de preservar los bienes comunes frente al avasallamiento privatizador del Neoliberalismo.

La concepción sobre el necesario desarrollo colectivo para lograr el bienestar individual, podemos encontrarla en la mayoría de los habitantes del campo profundo, (agricultores familiares, campesinos y pueblos originarios), pues en la vida rural, se vive y sobrevive de la mano de la solidaridad. Además la relación con la tierra, la naturaleza y la producción es una relación que va mucho más allá de la ganancia, es una forma de vida, la tierra, es trabajo, es cultura, es memoria y es identidad. Esto plantea una contradicción fundamental con la lógica del capital financiero, lo que se traduce en conflictos territoriales que en innumerables ocasiones derivan en situaciones violentas, pues empresarios inescrupulosos intentan apropiarse de la tierra al costo que sea, que en muchos casos ha sido vidas humanas. Esta conflictividad es permanente, aunque no tiene la visibilidad que debiera por darse alejada de los centros urbanos.

En el año 2013, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la nación publicó un “Revelamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares” dando cuenta de 857 situaciones de conflictos en todo el país, abarcando una superficie del territorio nacional del orden de 9.293.233,80 hectáreas que afectan a 63.843 familias de agricultores familiares.

Los gobiernos kirchneristas crearon condiciones para que estos conflictos adquieran visibilidad institucional, así surgieron las leyes mencionadas, y también quedaron otras en el camino. La democracia llegó también para los campesinos indígenas y se dio un intenso proceso de formación política de las organizaciones que quizás no estaban del todo preparadas para los escenarios institucionales.

Las características de clase del bloque que llegó al poder de la mano de Macri y Cambiemos no nos dejan lugar a dudas, pertenecen en su gran mayoría a los sectores económicos concentrados que históricamente estrecharon alianzas con el poder colonial e imperial, y hoy buscaran por todos los medios terminar con todo lo que obstaculice la libre circulación del capital y el saqueo de nuestros bienes comunes en manos de las corporaciones transnacionales. El Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesino Indígena ya no cumple el rol para el que fue creado. Las organizaciones Campesinas, de la agricultura familiar y de pueblos originarios, prácticamente no tienen espacios de participación en el Estado, nuevamente todo el escenario institucional es de la Sociedad Rural y las transnacionales.

Desde su llegada al poder, comenzaron la contraofensiva acorde a los intereses neoliberales, la Ley de Reparación histórica de la Agricultura Familiar (que entre muchas otras cosas plantea la suspensión de los desalojos de familias campesinas) nunca fue reglamentada a pesar de que estaba listo el proyecto y el informe para hacerlo. A la ley de Tierras rurales, el presidente Mauricio Macri la flexibilizó a la medida de las empresas extranjeras, mediante el decreto 820/2016. Respecto a la ley de Bosques Nativos comenzaron haciendo ensayos de modificación en Córdoba, pero el movimiento campesino, organizaciones ecologistas y sindicales los frenaron.

La ley 26160 debe prorrogarse en noviembre o de lo contrario pierde vigencia. El Instituto nacional de Asuntos indígenas, ha relevado el territorio de 759 de las 1532 comunidades registradas de pueblos originarios, falta a relevar más del 60% para determinar su territorio y luego establecer los títulos de propiedad comunitaria.

De no prorrogarse esta ley, más de 1500 comunidades vuelven a quedar jurídicamente vulnerables a desalojos. Hay tres proyectos en la Cámara de Senadores para lograr esta prórroga y sin embargo se viene dilatando su tratamiento.

Sostenemos, que toda la campaña contra el pueblo mapuche está inserta en este proceso y que uno de los objetivos es la anulación de la ley 26160 para quitar herramientas jurídicas a las comunidades.

Como lo han demostrado históricamente, los pueblos originarios no cederán, han defendido la tierra, la vida y la cultura por más de 500 años, los campesinos y campesinas tampoco se dejaran arrebatar la tierra sin presentar resistencia. La disparidad de fuerzas es enorme, de un lado trabajadores y trabajadoras de la tierra, del otro, grandes corporaciones apoyadas por el propio gobierno nacional, los medios hegemónicos de comunicación y un sector del poder judicial. Pero, la solidaridad de los trabajadores y una mayor articulación de las luchas urbanas con las luchas agrarias y populares cambiaría el escenario. La ética y la razón están del lado de los campesinos indígenas.

Pero, lo que está en juego, no es solo la vida y la cultura de los pueblos agrarios, es mucho más que eso, es que la tierra y los bienes naturales queden totalmente subordinados al capital financiero, a los buitres, a la timba. Está en juego la soberanía alimentaria, las fuentes de agua dulce y los bosques.

Quizás sea tiempo de que el movimiento popular en su conjunto, (el movimiento sindical, los intelectuales, artistas, políticos), profundice el debate sobre la tierra como un tema central para la emancipación de nuestro pueblo. Ahora, en plena campaña, donde debatimos sobre qué modelo de país queremos, sería importante poder contextualizar que la estigmatización del pueblo mapuche, la desaparición de Santiago Maldonado, la militarización de los territorios requiere propuestas políticas de fondo, entre ellas la función social de la tierra, desde una perspectiva pluricultural, que priorice los intereses del pueblo y garantice un desarrollo en armonía con la naturaleza, como uno de los pilares para construir la justicia social y para que las generaciones venideras también puedan debatir su futuro.

 

* Diego Monton es miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Secretaria de Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) Vía Campesina.


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ARGENTINA: Los kurdos de la kurdillera

Luis Bruschtein – https://www.pagina12.com.ar/60400-los-kurdos-de-la-kurdillera

Cientos de miles de personas que marcharon en todo el país amplificaron, hicieron atronador, el reclamo que hasta ahora el gobierno no ha querido escuchar. La pregunta, que es exigencia también, se extiende en todo el mundo. La frase “‘¿Llegué a mi casa, me tomo un café, pero ¿dónde está Santiago Maldonado?’ rompió récords en las redes sociales y está escrita en las paredes de todo el país” explicó la británica BBC. Lo mismo sucedió estos días con la norteamericana CNN, con The Washington Post y The New York Times, con la agencia AP, Rusia Today, Euronews, y el diario El País de España que, entre otros muchos, informaron en todo el mundo sobre la desaparición de Maldonado en una Argentina que volvió al ranking de países desaparecedores. La noticia trascendió por el hecho en sí y porque además sucedió en un país que pudo sobreponerse a una dictadura con su infierno de 30 mil desaparecidos para convertirse en referente mundial de los derechos humanos.

Argentina y Francia fueron los dos países que impulsaron en 2006 la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas. Durante la dictadura, Argentina se hizo famosa por los 30 mil desaparecidos y su experiencia fue determinante para que la desaparición forzada fuera declarada delito de lesa humanidad. Con el juicio a los ex comandantes durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el país recuperó un espacio entre las naciones civilizadas. Y perdió ese lugar con las amnistías posteriores del radicalismo y el menemismo. Pero al principio del segundo milenio, con los gobiernos kirchneristas, el país fue reconocido en el mundo por su lucha contra el delito de desaparición forzada y los juicios a los represores. En este momento, la alianza radical-conservadora en el gobierno de Cambiemos, vuelve a llamar la atención por presos políticos como Milagro Sala y por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Varios escalones abajo.

Mauricio Macri quiso empalmar el prestigio que cosechó el gobierno anterior en materia de derechos humanos para volcarlo contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El ex presidente norteamericano Barack Obama, el ex mandatario francés Francois Hollande y la alemana Angela Merkel, vieron esa veta. Y cuando visitaron el país, priorizaron sus visitas a los centros de la memoria, para resaltar a un país que aparecía como referente en ese tema. Pero cuando lo quisieron aprovechar contra Venezuela, Macri ya había derrapado con denuncias internacionales por la detención irregular de opositores políticos, o por el intento de designar a un defensor de represores en la CIDH y por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ahora es al revés: el que quiere criticar a Maduro sin que lo acusen de derechista, tiene que criticar también al gobierno de Cambiemos. En el plano internacional, Macri perdió autoridad moral para cuestionar a Maduro o a cualquier otro.

Jorge Lanata reprodujo un boletín de los servicios de inteligencia que, para justificar la represión contra los mapuches, los acusa de formar parte de una guerrilla entrenada por “la ETA, las FARC y los kurdos de Turquía” en contacto con La Cámpora y el kirchnerismo. El filósofo Tomás Abraham calificó de “pedófilos intelectuales” a los docentes que hablaron a sus alumnos sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La candidata del PRO en la CABA, Elisa Carrió, dio a entender que la desaparición forzada de Maldonado formaba parte “del relato kirchnerista”.

Las prácticas de revictimizar a la víctima, o difamarla para justificar su represión, y descalificar a los testigos y a la familia del desaparecido, o hacer circular versiones sobre falsos paraderos y falsos enfrentamientos, ya fueron usadas durante la dictadura. Están calcadas de las mentiras mediáticas de los represores. Les decían “Locas” a las Madres o inventaban enfrentamientos o decían que los desaparecidos estaban vivos en Europa.  Cuando se descorrió el velo de esas mentiras, los medios y los periodistas que las difundieron se ganaron la calificación de “prensa canalla”.

La sociedad ha cambiado, pero los servicios de inteligencia no. Y tampoco los medios y los periodistas que funcionan con ellos. Ese destiempo solamente es advertido por la mitad de la sociedad que se moviliza, la que ha podido elaborar mejor las aberraciones cometidas por la dictadura y la escasa reacción que hubo ante ellas. Es la parte de la sociedad que ha podido madurar y crecer a partir del horror, en contraste con otra parte que no. Hay otra parte que está de acuerdo con la desaparición de Maldonado, porque lo considera un guerrillero mapuche o un “delincuente”, como dijo Baby Echecopar. Y otros que también están de acuerdo con esa desaparición aunque durante mucho tiempo posaron de progres. Y hay una parte muy apolitizada que se marea y confunde con los kurdos de Lanata, los pedófilos de Abraham, con los mapuches guerrilleros y la muletilla del “relato kirchnerista” que usó Carrió para excusar a su gente. Y entre tanto barullo, tanta confusión, da vuelta la página. Permanece así en ese estado de indiferencia angelical por falta de interés aunque también los afecte.    

Hay políticos que dicen que “los derechos humanos no garpan”. De hecho, la desaparición de Santiago Maldonado fue el 1 de agosto, el 11 de agosto se hizo una gran movilización en Buenos Aires y otras ciudades. Pero un hecho tan impactante y con profundas connotaciones para cada argentino, no pareció influir en el resultado de las elecciones PASO del 13 de agosto.

A pesar de los treinta años de democracia, la preservación de los derechos humanos no se disociaron del resto de la problemática social que incluye a los derechos de tipo económico y cultural. Hay un paquete donde la temática de la preservación de los derechos humanos está de un lado, junto con propuestas de ampliación de derechos y mejoramiento de la calidad de vida. Y su violación, está del otro, junto a los ajustes, las privatizaciones y el endeudamiento.

La derecha, el orden conservador, el neoliberalismo, son incapaces de contener a los derechos humanos. El proceso de globalización neoliberal genera sociedades con una gran desigualdad interna y entre países. En Europa se han naturalizado los campos de concentración para inmigrantes musulmanes y africanos empujados por las crisis creadas en sus países de origen por las mismas potencias que reciben esas oleadas. En Estados Unidos, Donald Trump ha legalizado la discriminación a inmigrantes latinos y musulmanes que provienen de países que fueron saqueados y empobrecidos por la gran potencia hegemónica que él mismo preside.

Las situaciones que se han denunciado en los procesos populares responden muchas veces a la imposibilidad de controlar a sus propios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad, formados históricamente como brazo armado de las clases dominantes. En cambio, los procesos neoliberales priorizan la defensa de privilegios de una minoría por encima del respeto a los derechos humanos y enfocan en esa línea a las fuerzas de seguridad.  Si el gobierno hubiera separado a los gendarmes involucrados y los hubiera investigado a fondo, en vez de protegerlos y alimentar así un sentido de solidaridad de cuerpo nefasto y no hubiera maltratado a la familia y lanzado la campaña de mentiras mediáticas, su responsabilidad estaría menos en entredicho y nadie reclamaría que se vaya la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Esta semana se produjeron 12 allanamientos violentos a locales populares en la ciudad de Córdoba. Y en la CABA se detectaron comunicaciones a los efectivos policiales donde se los alerta de posibles “ataques a personal de facción, transportes de personal y objetivos edilicios”, se los convoca a investigar “actitudes sospechosas” y hasta los alerta de ser víctimas de posibles secuestros “por parte de células anarquistas”. Ninguna de esas situaciones se ha dado desde hace por los menos 40 años. Volver a agitarlas solamente pone en evidencia la intención de crear un estado de ánimo beligerante.

Las ciudades de Córdoba y Buenos Aires son distritos donde arrasó Cambiemos y donde se detectan las directivas que el gobierno baja a sus cuadros de tropa. Cambiemos leyó los resultados de las PASO como un respaldo a sus programas. Fue casi mecánico el brote de violencia institucional, que incluye la detención de estudiantes secundarios como los chicos del Acosta, en los allanamientos en Córdoba y en la invasión de colegios, como sucedió en la escuela Juana Azurduy, de Moreno, donde la comunidad educativa protestaba por el estado edilicio ruinoso.

Son señales de lo que hará el gobierno después de las elecciones de octubre. Nadie incita a las fuerzas de seguridad si no avizora nubes de tormenta. Aunque el gobierno lo niegue, es indudable que tras las elecciones se profundizarán las políticas de ajuste y desempleo, lo cual provocará el aumento de la protesta social. Por eso, estas directivas para endurecer el accionar de las fuerzas de seguridad confirman que el ajuste será a fondo.


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Son horribles

Gustavo Varela – http://www.revistasudestada.com.ar/articulo/1461/son-horribles/

 

Son otra cosa. No son la rancia aristocracia del siglo XIX; no son las fieras fascistas del treinta. Se parecen a los de la Revolución Libertadora (los antiperonistas se parecen, cualquiera sea la filiación política o ideológica). Pero estos de ahora son definitivamente otra cosa. Varias, no una, pero lo que más son es efectivos (por eso mismo son patoteros).

En la política son de genealogía reciente, de fines de los años setenta y comienzos de los ochenta: finanzas y era digital. O sea, máquinas de producción y resultado. Ni Roca, ni Agustín P. Justo, ni Frondizi. Ni Onganía, ni De la Sota, ni Cobos. Eso es carne vieja. Los de ahora son buitres de carroña actual. No son de derecha: no es ese el rango que los mide. Son otra cosa; neo-empresarios, de bicicleta, aire libre y viernes casual. No tienen país de origen, no les importa la Argentina. Pueden vivir aquí o en cualquier lado.

No son conservadores ni ilustrados. Son gentes a pura eficiencia y con muchos recursos técnicos. No tienen cultura, apenas aquella necesaria para el desplazamiento. En general son iletrados, de bostezo fácil frente a un libro.

Tienen preocupación por las formas, porque es parte del mismo asunto. Formas superficiales, de packaging de felicidad y armonía, de cartel en el subte que dice: “Si alguien se siente mal, ayudémoslo”. Lo obvio se convierte en slogan. Este marketing de vida sana y comprensión es la exudación de la economía política que sostienen.

Son corporaciones que negocian. Ni fábricas fordistas ni empresa familiar. Estas corporaciones no tienen dueño, los excede. Son más grandes las acciones que la voluntad individual de un dueño. Por eso no importa si es Mauricio Macri o quién sea. Macri es un muy buen exponente, sí, pero el asunto es más amplio, de inscripción internacional, de lazos más complicados, de intereses cruzados.

Tienen entrenamiento en el exterior, todos bajo el ala de las finanzas; son eficaces, muy eficaces para lo que quieren. Insisto: no son la derecha ni son conservadores. Son neo. Pura demolición a fuerza de anticipación financiera.

Neo; no es ambición sino procedimiento: es la forma de operación sobre los otros. La eficacia no admite caras, ni parentescos, ni pertenencia grupal. Cuando hablan de equipo es porque los vínculos responden a esquemas funcionales. Son cuerpos de abrazo rígido, de compromiso con la tarea y nada de comunión. Es un equipo gélido. Por eso se abrazan como repeliéndose.

La forma de operar sobre los otros es bajo una apariencia (amenaza) de modernización permanente. El Ministerio de modernización es la institucionalización del dominio financiero por encima de cualquier otra razón.

No son humanistas, no dudan. Retroceden, a veces, pero no dudan. Saben a dónde van y no necesitan que haya alguna mediación. No tienen un proyecto de país. No les importa. Son lo más agudo del capitalismo, su bisturí más impiadoso.

No es un nombre. Son otra cosa: una raza política nueva que casi no conocemos.

La política como aplicación

La administración del gobierno actual tiene una forma específica de ejercer poder: es la política vaciada como aplicación (app). No hay votantes, hay usuarios. Eso ofrecieron en las elecciones: aplicaciones para usuarios. Es decir, herramientas de uso y habilitación personal: ser felices, estar todos juntos, la alegría es poder colaborar, en todo estás vos, mirar al futuro. La aplicación más elocuente: cambiemos. Ante cualquiera de estas aplicaciones, la fuerza argumental en contra es vista como violencia. Y en el colmo de la aplicación, como soberbia.

La política como aplicación es el desplazamiento del elector al usuario móvil. La eficacia y la extensión de los íconos salen de las pantallas y se instalan y actualizan en la vida cotidiana.

Google play: 700 mil aplicaciones bajadas. Android: más de un millón. Apple, millón y medio aprobadas desde 2008. 35.000 millones de descargas. La extensión no reconoce clase social ni lugar de origen. 35.000 millones (sólo de Apple) es signo de una práctica orgánica, de un tipo de necesidad vital. 35.000 millones: no elegimos, estamos adentro.

Sergio Massa como opositor peronista es una aplicación del gobierno actual. En otras funciones, lo mismo Hugo Moyano y el Momo Venegas. Los intendentes radicales, volver al mundo, el fin del cepo, ñoqui, contramilitancia, todas son aplicaciones conminadas al uso y la propagación. Y efectivas para administrar usuarios. El yaguareté de los billetes es la aplicación “basta de historia política”. Multitasking Pro.

Narcotráfico: la reiteración del tema, la insistencia y difusión permanente, es la composición de una nueva aplicación. Es necesario instalar el ícono en cada pantalla: Narcotráfico. No vemos claramente qué es; es suficiente el ícono. Eugenio Zaffaroni da un reportaje. Argumenta: “Al narcotráfico no le importa la Argentina porque queda lejos de Estados Unidos, lejos del lugar del consumo. El narcotráfico no es un problema aquí”. La aplicación se distribuye igual. A la aplicación no le importa Zaffaroni, no hay lugar para los argumentos de Zaffaroni.

La aplicación es eficiencia sin ética ni compromiso. Por eso puede ser una y lo contrario. Carlos Melconián: “Vamos a devaluar”; Macri, un día después: “No devaluamos”. La aplicación se actualiza. Todo es posible.

Cedamos siempre el asiento. Dejemos bajar antes de subir. Tiremos la basura en los cestos: aplicaciones para la vida Pro. La más clara, la que indica el gesto de un solapado disciplinamiento social: Esperemos siempre detrás de la línea amarilla.

No todo es aplicación. El poder judicial, el poder mediático y las fuerzas de seguridad no son aplicaciones, son la garantía de funcionamiento de las aplicaciones. ¿Para qué? Para la marcha precisa de la economía financiera y del vaciado político.

La aplicación que ya no sirve, se borra o se elimina (Ernesto Sanz y buena parte del radicalismo).

El ícono Pro, con su tecla de avance, no es un partido sino una aplicación con voluntad de vaciado político. El gobierno Pro no fue votado, fue descargado por un 51 por ciento de usuarios. Esa es su conquista inesperada. Y, a la vez, toda su fragilidad.