Espacio de Sergio

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¿Un retorno a la Doctrina Monroe?

Lenin Bandres – https://www.alainet.org/es/articulo/190860

 

La actual visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos por algunos países de América Latina es digna de una especial atención y de un detenido análisis, no solo por los objetivos e intereses que esta visita busca concretar, sino también por el contexto actual en el cual se encuentra la región latinoamericana a nivel político, económico y social.

La visita de Tillerson, la cual comenzó en México y que se extiende por Argentina Perú y Colombia, fue precedida de un discurso en la Universidad de Texas, en el cual resalta lo que podría entenderse como la política exterior de la administración de Trump hacia América Latina. A saber, un retorno a la sempiterna y conservadora doctrina Monroe, o lo que es lo mismo, una vuelta a la postura paternalista y colonialista que ha caracterizado por casi dos siglos la política exterior estadounidense hacia América Latina.

Dicha postura fue evocada por Tillerson cuando en un sintomático acto de posesividad, advirtió sobre la amenaza que representa para “nuestros valores democráticos” la presencia comercial de China y de Rusia en la región, afirmando Latin America does not need new imperial powers that seek only to benefit their own people. China’s state-led model of development is reminiscent of the past. It doesn’t have to be this hemisphere’s future (…) Russia’s growing presence in the region is alarming as well, as it continues to sell arms and military equipment to unfriendly regimes who do not share or respect democratic values.[1]

Tal postura fue además confirmada en la sesión de preguntas y respuesta en donde el Secretario de Estado afirmó explícitamente I think it’s as relevant today as it was the day it was written[2], refiriéndose a la Doctrina Monroe.

Lo primero que llama la atención de las cínicas declaraciones del Secretario de Estado es que su mención a la Doctrina Monroe se realiza en defensa de una hipotética comunidad de valores existentes entre los países de nuestro hemisferio, la cual se resumiría en la tríada seguridad, libertad y prosperidad. Estos principios liberales serían vehiculados a través de la institucionalidad de la libertad democrática y de la ya globalizada libertad de mercado, cuyo custodio y defensor universal serían los propios Estados Unidos. Por otro lado, en la otra orilla moral se encontrarían países como China y Rusia, cuyas visiones, por el contrario, serían “imperialistas”, “proteccionistas” y “no democráticas”.

La hipocresía del discurso maniqueo de Tillerson contrasta con las propias acciones que el gobierno de EEUU ha empleado actualmente en contra de los países de América Latina en materia de migración, de seguridad y de comercio intrarregional.

¿Será necesario recordarle al jefe de la diplomacia estadunidense la infame política migratoria que ha impulsado la administración Trump, la cual incluye la construcción y el financiamiento de un muro en la frontera con México, la supresión de los permisos de residencia a los inmigrantes de origen latino, las expulsiones de menores centroamericanos, la contratación de 10.000 agentes policiales anti-migratorios y la presión financiera en contra de las llamadas “ciudades santuarios”? ¿Habrá que volver sobre la amenaza lanzada por Trump en agosto de 2017 de una “posible solución militar” a la crisis venezolana, la cual no solo tendría consecuencias nefastas para ese país, sino también para toda la región suramericana? A propósito de la venta de armas de Rusia a países de América Latina, ¿Será necesario recordar el lucrativo y creciente negocio de provisión de armas, de equipos militares y de entrenamiento militar que EEUU ha desplegado en la región centroamericana, en Colombia y en México, bajo el pretexto de llevar a cabo una supuesta lucha contra el narcotráfico? En fin ¿acaso habrá que recordar que la doctrina Monroe tuvo como correlato las múltiples y continuas intervenciones militares de los EEUU en México, Centroamérica y el Caribe a partir de la segunda mitad del siglo XIX y a través de toda Suramérica durante el siglo XX?

La retórica moralista del jefe de la diplomacia estadounidense contrasta grotescamente con las acciones que su propia administración ha llevado a cabo en contra de la población hispana residente en los Estados Unidos y en contra de gobiernos de la región como el de México, Venezuela, El Salvador y Cuba. No obstante y más allá de lo obsoleto e inadecuado que parezca la narrativa restauradora de la doctrina Monroe, lo que parece aún más alarmante es la evidente incapacidad de los gobiernos latinoamericanos de poder consolidar un espacio de diálogo y de entendimiento común capaz de brindar respuestas conjuntas a los múltiples desafíos que enfrenta la región. Pues a pesar de la existencia de diversos foros y mecanismos de integración regionales y subregionales, la mayoría de estos han sido incapaces de responder de manera sólida y continua a las prioridades políticas, económicas y sociales de América Latina.

En el año 2017, la impotencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para conseguir una salida a la crisis política venezolana, así como su indiferencia frente a la crisis política brasileña, fue una fiel muestra del impasse institucional y de la falta de credibilidad que atraviesa este mecanismo de integración hemisférica. Por su parte, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), siendo el espacio natural para responder a los múltiples desafíos políticos regionales sin la agobiante intervención de los EEUU, tampoco se encuentra en condiciones de responder a las urgencias de América Latina, desde que un grupo de países (el Grupo de Lima, integrado por una docena de países latinoamericanos más Estados Unidos y Canadá) zanjó las tensiones existentes entre los países miembros del foro, a través de la instrumentalización ideológica de la crisis política venezolana. Por su lado, la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), la cual se encuentra desde hace un año sin dirección ejecutiva, también se muestra dramáticamente inoperante para dar respuesta a los múltiples desafíos que afectan la región suramericana, debido por un lado a la desconfianza recíproca existente entre sus miembros, y por otro lado a la ausencia de mecanismos flexibles de toma de decisiones que le permita trascender institucionalmente las diferencias internas.

Finalmente, ningún mecanismo de integración económica subregional, desde el SICA hasta el Mercosur ha logrado consolidar la integración económica-comercial de sus miembros. En algunos casos ni siquiera se ha logrado conformar una unión aduanera entre los países participantes y la dinámica comercial ha contribuido muy parcialmente a incrementar el flujo de intercambio intrarregional, siendo que actualmente la mayor parte del comercio de América Latina se realiza extrazona

Frente a este panorama de lamentable frustración en materia de integración, los EEUU muy oportunistamente aprovechan la ocasión para profundizar aún más la fractura regional, a través de la atomización ideológica y de la penetración agresiva y unilateral de mercados.  En este contexto, la VIII Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Lima, el próximo 13 y 14 de abril, no tendrá otro objetivo que el de avanzar hacia la consolidación de una agenda hemisférica en la que la preeminencia diplomática y comercial de los EEUU – bajo las premisas del “America first” de la administración Trump- termine por imponerse como única e ineluctable alternativa vis-à-vis la inoperancia de los diversos mecanismos de integración regional de América Latina. Tal escenario no solo representaría un franco y trágico retroceso en el proceso de integración latinoamericano, sino también un signo de debilidad y de subordinación política en un contexto de reconfiguración global de las principales potencias mundiales y de sus zonas geográficas de influencia.

El mejor escenario para América Latina frente a esta realidad emergente, sería el de una participación con voz y representación propia ante los principales foros y organismos de gobernanza mundial. Para ello es necesaria la construcción de un consenso a partir de un mínimo denominador común que permita trascender las diferencias internas que hoy horadan la cohesión regional. Ante esta trágica realidad sería preciso interrogarse ¿Será la rehabilitación de la doctrina Monroe por parte de la política exterior de los EEUU, una ocasión propicia para suscitar la creación de un frente común ante los peligros que esta política representa?

 


[1] América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que solo busquen beneficiar a su propio pueblo. El modelo de desarrollo liderado por el Estado de China es reminiscente del pasado. No tiene por qué ser el futuro de este hemisferio (…) La creciente presencia de Rusia en la región también es alarmante, ya que continúa vendiendo armas y equipo militar a regímenes hostiles que no comparten ni respetan los valores democráticos.

[2] Creo que es tan relevante hoy como lo fue el día en que se escribió.

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Milagro Sala

IRINA SANTESTEBAN – http://www.laarena.com.ar/opinion-la-arena-con-milagro-sala-1191648-111.html

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Bajo una rigurosa custodia de Gendarmería, la dirigente jujeña cumple prisión domiciliaria en la localidad de El Dique La Ciénaga, a 33 km de San Salvador. A 739 días de su detención, Milagro Sala sigue prisionera de un gobierno y un Poder Judicial, que la consideran más peligrosa que los 549 condenados por crímenes de lesa humanidad que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Ninguno de estos reos, quienes fueron condenados en juicios con todas las garantías del debido proceso, tiene la décima parte de las medidas de seguridad que el Poder Judicial jujeño y la Gendarmería han dispuesto para el cumplimiento de la detención domiciliaria de Milagro, medida que fuera recomendada por la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos (CIDH), y a la que los jueces resistieron durante mucho tiempo.

Una fortaleza.
En medio de un bello paisaje, a orillas del Dique La Ciénaga, la casa en la que se encuentra recluida la dirigente jujeña, tiene sus muros perimetrales cubiertos con alambres de púas -a semejanza de los campos de concentración-, una dotación de 30 gendarmes en dos puestos, y en el portón de entrada se encuentran 2 carpas, 2 gazebos y un camión de Gendarmería con baño químico.
El predio es de regulares dimensiones, con parque y pileta, un quincho y una casa de dos plantas. “Nunca viví acá”, nos cuenta Milagro, porque esa propiedad iba a servir como residencia para jóvenes en recuperación de adicciones, otro de los proyectos truncos de la Tupac Amaru, luego que Gerardo Morales comenzara la persecución contra sus integrantes.

Detención ilegal.
El 16 de enero se cumplieron dos años de la detención, en aquel momento por haber acampado en la Plaza Belgrano, pidiendo una audiencia con el gobernador que asumiera en diciembre de 2015 con la alianza UCR-PRO-Cambiemos. Como esa causa judicial no prosperó, entonces comenzaron con otras, tal como le reconociera Morales a Horacio Verbitsky en marzo de 2016: “tenemos preparadas 60 causas contra Sala”.
Sin embargo, de los dos juicios realizados, en uno se la condenó a tres años de prisión en suspenso y en el otro, fue absuelta. La única sentencia hasta ahora que pesa sobre Milagro, fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, por el delito de daño agravado como coautora e instigadora, por un escrache ocurrido en 2009 contra el actual gobernador, del que Milagro no participó. La condena se basó en el testimonio de René Orellano, empleado del gobierno provincial -situación que había ocultado ante el Tribunal-, objetado por la defensa por falso testimonio.
Las demás causas siguen en el laberinto de un Poder Judicial que responde al gobernador, luego que designara en el Tribunal Superior a 4 nuevos miembros, dos de ellos diputados de la UCR, que luego de votar la ley para aumentar de 5 a 9 los integrantes de ese cuerpo, juraron en el nuevo cargo, sin sonrojarse.

Arbitraria.
Tanto la Corte como la Comisión IDH, que visitaron el país en 2016, fueron críticos de la prisión de Milagro, y pidieron que fuera domiciliaria.
En abril de 2017, la entonces Procuradora General, Alejandra Gils Carbó dictaminó que la prisión preventiva debía ser dejada sin efecto, por ser arbitraria y por no haber respetado la inmunidad de arresto que le asistía como diputada del Parlasur elegida por el voto popular en octubre de 2015.
Contrariando ese dictamen, en diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el voto unánime de sus miembros, avaló su detención, rechazando la inmunidad de arresto invocada por sus defensores, y resolviendo a favor de la prisión domiciliaria.

Contradictorios.
De esta forma, la Corte Suprema avaló el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que convalidó la prisión preventiva dictada por el juez Pullen Llermanos, basada en el supuesto “riesgo de obstaculización del proceso”, por haber sido imputada por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión.
Los supremos contradijeron su propia doctrina sentada en el conocido fallo “Loyo Fraire”, de 2014, en el cual consideraron que la prisión preventiva era una medida de carácter “excepcional”, y que obligó al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a revisar el criterio restrictivo en esa materia. Ese fallo fue suscripto por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, con disidencias de Carmen Argibay y Enrique Petracchi.
Hoy Lorenzetti, Maqueda y Highton, sostienen un criterio opuesto, avalando una prisión preventiva que para el organismo de las Naciones Unidas es “arbitraria”.

Una líder fuerte.
A pesar de todo lo que ha padecido en estos dos años, encontramos en La Ciénaga a una líder firme y muy activa en denunciar lo que está pasando en Jujuy, con un gobernador que la encarcela y la acusa por hechos de corrupción por los cuales todavía no ha sido juzgado, a pesar de haber transcurrido ya más de 2 años. “Morales ha designado a montones de amigos en la administración pública y también en el Poder Judicial”, en lo que pareciera ser un rasgo común en los funcionarios de Cambiemos. En sintonía con la actitud del ministro de Trabajo Jorge Triaca, quien fue denunciado por las designaciones de más de 200 personas en el sindicato Marítimo-SOMU, intervenido judicialmente.

Obras son amores.
Milagro se entusiasma cuando habla de la obra de la Tupac Amaru, ahora abandonada y en parte destruida luego de su detención, pero que no ha podido ser negada ni siquiera emulada, afirma con orgullo.
Lo comprobamos cuando visitamos la sede central en San Salvador, en la calle Alvear, que se nota con menos actividades pero que existe y resiste. Por las tardes, se puede ver en su pileta cubierta, a niños, jóvenes y adultos mayores, con profesores que les enseñan. En la cancha cerrada, las chicas practican voley y un grupo de niños tiran al aro de básquet, dirigidos por una profesora.
En el ingreso al local, se encuentra una exposición de maquetas sobre los pueblos originarios, sus costumbres y ritos; en las paredes, fotos de movilizaciones de la Tupac, del Che Guevara, Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez, junto a carteles contra la violencia de género.

Resistir.
Hablamos de la situación política y se sonríe cuando comenta la carta que le envió al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ofreciéndole “asesorarlo” para la construcción de piletas, luego de la inauguración de un parque con una superficie pintada de azul, simulando una piscina, en la ciudad de Buenos Aires.
La Tupac Amaru tenía en su barrio de Alto Comedero, el Parque Acuático más grande de Sudamérica, con 3 piscinas y juegos para los niños. Luego de la persecución a la organización, ese lugar fue desmantelado y ocupado por el gobierno para instalar una posta policial. Morales inauguró una de las piletas (la más chica, cuenta Milagro) pero no se la mantuvo correctamente y hoy “es un criadero de sapos en agua verde”, dice con un dejo de amargura.
Milagro no se rinde. “No hay que deprimirse ni bajonearse, los dirigentes tenemos la obligación de resistir y dar el ejemplo a la gente, para que sigamos la lucha por los derechos que nos quieren arrebatar”, afirma con seguridad.

La violencia.
Se la nota indignada cuando hablamos de la represión del gobierno y la Gendarmería contra los pueblos originarios y las movilizaciones, como las de diciembre pasado, en oposición a la ley de reforma previsional. “No tenemos que dejar que nos digan violentos, ellos (el gobierno) son los que ejercen la violencia contra el pueblo con las medidas que están tomando, en contra de los más humildes”.

Unidad de las bases.
Milagro es muy crítica de los dirigentes que antes apoyaban al proyecto nacional y popular de CFK y hoy votan las leyes de Macri contrarias a los intereses populares. Por eso se pronuncia por la Unidad, pero “desde las bases” y no “de los dirigentes”.
Mientras conversamos, va y viene, atiende el celular y conversa con las dos mujeres que la acompañan, militantes de la Tupac, que la ayudan en las tareas de la casa. Con su marido, Raúl Noro, mateamos y comentamos la realidad política actual, nacional y de la provincia, con los despidos en los ingenios La Esperanza y Ledesma, y la crisis del sistema de salud provincial, mientras que los consultorios de la Tupac fueron clausurados y las instalaciones hoy están abandonadas.

Un gobierno mediocre.
En nuestra estancia en Jujuy, no encontramos un solo jujeño que defienda a Morales, incluso aquellos que critican a Sala, reconocen que ésta hizo una gran obra, en viviendas, salud, escuelas, en generar espacios de recreación y deportes para niños, niñas y jóvenes de sectores vulnerables.
En los consultorios del barrio Alto Comedero había médicos pediatras, enfermeros/as, laboratorio de análisis, sala de rayos X, consultorios odontológicos. En los centros de la Tupac en Tilcara, Palpalá, Libertador San Martín, Calilegua, Volcán, San Pedro, Perico, etc. se realizaban campañas de prevención de salud general y atención pública y gratuita de salud bucal.
Hoy, el gobierno de Morales tiene crisis en salud pública, con colapso del hospital Pablo Soria y quejas de la población por la falta de atención, que lo ha obligado a presentar un paquete de medidas para mejorar la atención en los hospitales públicos, con el objetivo de descomprimir la demanda en la Capital y mejorar la deficiente atención en el interior. (“Jujuy al Momento”, 22/01/2018).
Sin reconocerlo, Morales copia en este punto a Sala, al proponer “médicos itinerantes” que vayan al interior provincial a atender a la población. La detenida ya lo venía realizando desde hace más de una década en sus centros de salud y las diferentes localidades.
Luego de una hora y media de charla, dejamos a una mujer a quien el gobierno, el Poder Judicial y las clases dominantes de Jujuy odian y temen profundamente. No han podido doblegarla, ni siquiera detenida ilegalmente, y más temprano que tarde saldrá en libertad, a poner en pie nuevamente a la Tupac Amaru. Una organización que lleva el nombre de otro dirigente que luchó por la libertad y dignidad de nuestros pueblos.


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Las noticias falsas como pretexto para imponer la dictadura mediática global

JuanLu González – Bits Rojiverdes – http://matrizur.org/2018/01/ver-como-pdf-13-01-2018-las-noticias-falsas-como-pretexto-para-imponer-la-dictadura-mediatica-global/

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Resulta realmente enternecedor ver cómo los estados occidentales se están preocupando, de un tiempo a esta parte, por la calidad de la información que recibe la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Al parecer —eso dicen— estamos siendo víctimas de una conspiración de un grupo de países malvados que tienen planeado, a través de sus propios aparatos propagandísticos, lavarnos el cerebro y socavar los cimientos del modo de vida occidental, acabar con las libertades y con nuestro sistema político. Pero lo peor de todo es que, como víctimas incapaces de darnos cuenta del plan maquiavélico que se cierne sobre nuestras cabezas, se hace necesaria la intervención paternalista del estado para protegernos de los países y medios mentirosos y difusores de bulos y rumores infundados.Ese es, grosso y jocoso modo, el argumentario que se destila de multitud de noticias, de editoriales de prensa y de declaraciones de responsables políticos de Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos tiempos. Como en tantas otras ocasiones, el poder trata de ir creando los consensos necesarios entre la opinión pública para justificar unas decisiones que aparecerán como liberticidas e impopulares, a poco que se posean los suficientes elementos de juicio para analizarlas racionalmente.

Y es que, lo que se nos viene encima no es baladí, es el fin de la libertad y neutralidad de internet, la manipulación de las búsquedas, el bloqueo de canales vía satélite, la eliminación de cuentas en redes sociales o la prohibición de trabajo de determinadas televisiones en muchos países que se precian de ser los adláteres de la libertad de expresión y comunicación en el mundo.

No se trata de futuribles, de anuncios más o menos agoreros, desafortunadamente hablamos de hechos constatables, de la triste realidad cotidiana. Se poner muchos ejemplos de ello:

• La aprobación a finales del pasado año por la Comisión Federal de Comunicaciones del fin de la neutralidad y equidad en el acceso a Internet. Es decir que la velocidad de la red podrá variar dependiendo de cuánto se pague, de quién se trate o de los intereses de las operadoras, lo que abre la puerta a expulsar a determinadas páginas, a penalizar con anchos de banda ridículos a páginas molestas para el poder que las conviertan en impracticables a los usuarios e invisibles para los bots de búsqueda.

• Los cambios en los algoritmos de búsqueda matemáticos para evitar que aparezcan noticias no deseables para el poder. Alguien puso el grito en el cielo cuando descubrió que si se tecleaba en Google “11S” lo primero que salían eran noticias con versiones “no oficiales” o diferentes a la versión conspiranoica elaborada por el gobierno norteamericano, ya que eran las más leídas y demandas por el gran público. Desde entonces los resultados se amañan para que en los puestos de cabeza haya informaciones acordes con el pensamiento unidimensional. ¿Los más perjudicados por los cambios de Google? Como se podía esperar, las páginas contrainformativas, las webs de izquierdas alternativas de todo el mundo.

• En el Estado Español, la derecha se ha propuesto controlar las redes sociales impidiendo el anonimato en la creación de cuentas en contra incluso de los dictámenes de Naciones Unidas para la defensa de la libertad de expresión, como culminación al peor año para la libertad de expresión desde la muerte del dictador que acabamos de padecer y seguimos padeciendo.

• La expulsión de Telesur de las parrillas de varios países latinoamericanos por decisiones políticas, como la Argentina de Macri en 2016, que también se extendería posteriormente a RT.

• La censura a la cadena de TV Al Manar, sacándola de la parrilla de los satélites Nilesat y Arabsat o declarándola como terrorista por el Departamento de Estado de EEUU por ser “antisemita” y de incitación a la violencia. Mientras, el verdadero canal de agitación y fomento de guerras en la región, Aljazeera, emite con total normalidad a pesar de apoyar el terrorismo takfirí sin ningún tipo de tapujos durante años.

• El boicot a HispanTV y PressTV en los satélites Hispasat, ordenado por el gobierno español en 2012, pues aún posee casi el 10% de sus acciones, junto con Abertis que es socio mayoritario y Eutelsat, en manos de capital israelí. Esta medida se amplió a los satélites Astra, con el pretexto del régimen sancionador europeo por el programa nuclear militar inexistente de Irán y aún no se ha revertido a pesar de la firma de los acuerdos del G5+1.

• El cierre temporal de cuentas en redes sociales de medios de comunicación que no siguen el mainstream impuesto. Aunque a fecha de hoy las cuentas han sido siempre restituidas tras varios días de castigo, no es de extrañar que alguna vez se tome una decisión de naturaleza permanente.

• La imposición a RT y Sputnik a finales de 2017 de declararse como “agente extranjero”en EEUU amparándose en una ley de 1938 e impidiéndole ejercer las labores periodísticas en instituciones públicas como la sede del Congreso.

• La prohibición de contratar publicidad en redes sociales a medios de comunicación antagonistas, como ha sucedido con Twitter y el canal RT, a pesar de que este fue ofertado como un servicio más a prestar a la cadena televisiva.

Lo que trasciende de todo esta campaña de erradicación de la “disidencia” informativa de nuestros países es acabar con la diversidad real de opiniones. El poder siempre ha buscado el monopolio de la información para modelar a la opinión pública a su antojo. Sin embargo, el avance hacia la pluralidad que supuso en su día la generalización de Internet y la aparición de nuevos medios globales, ha acabado por molestar en exceso. Ahora intentan demonizar, criminalizar o incluso acusar de terrorismo a cualquier medio que difunda información que se sitúe fuera de los cada vez más estrictos límites considerados aceptables por el establishment.

El pretexto usado para ello son las supuestas noticias falsas que difunden las webs y televisiones no controladas por los gobiernos nacionales o por el capital financiero, lo que, por si sólo, las invalidaría para seguir ejerciendo su actividad. Sin embargo, se plantea un grave problema: ¿quién decide qué es una noticia falsa y qué no lo es sin que se denote parcialidad? Evidentemente, para afrontar con seriedad la cuestión, se debería implementar algún sistema de verificación transparente, público e incontestable. Sin embargo, se está optando claramente por la censura previa al más puro estilo orwelliano, mucho más contundente y drástico, aunque se pongan en peligro derechos fundamentales como la libertad de expresión e información. Cuentan con que el monopolio mediático se encargará de que la ciudadanía lo acepte como un servicio más del estado contra países «enemigos».

Recientemente El País ha sido condenado judicialmente por difundir noticias falsas, ¿significaría eso que debería ser cerrado atendiendo a esas premisas? Evidentemente, pocos se lo plantean porque, a pesar de ello, no supone un peligro para el sistema, todo lo contrario. Sin embargo, cuando medios extranjeros retransmiten en directo en España movilizaciones que otros ocultan, cuando les colocan cámaras y micros a expertos y activistas locales a los que jamás un medio local convencional le daría un segundo de tiempo, se trata de simplemente de complots extranjeros, de difusión de bulos, de intentos de desestabilización de un país, de fake news. Por el contrario, cuando medios considerados serios difunden permanentemente falsos informes cocinados por las cloacas del estado para incriminar a partidos o personas incómodas, a eso, acá, se le denomina “periodismo de investigación”.

Desde luego, tampoco es casual que haya sido El País quien lidere la ridícula campaña contra la supuesta injerencia rusa y venezolana en la política española y el apoyo al independentismo. El director adjunto de El País, quien personalmente se ha dedicado en cuerpo y alma a difundir estos bulos propios de la Guerra Fría, ha sido formado en Estados Unidos para convertirlo en defensor de la política exterior del imperio y tiene vinculaciones personales con fundaciones pertenecientes a las redes de la CIA y George Soros.

Tampoco es casual que muchos de los ataques a la libertad de expresión y comunicación en el mundo tengan lugar en EEUU y el Estado Español. Los medios de ambos países son los menos creíbles del mundo occidental para sus propias poblaciones, como han demostrado investigaciones académicas, y sus gentes está ávidas de materiales distintos, simplemente porque no se fían de las versiones oficiales o corporativas de las noticias. Por eso suelen informarse a través de internet. Es lógico que gobiernos y las empresas del sector desinformativo se sientan especialmente amenazadas por tanta desafección y actúen movidas por el miedo en aras a erradicar a la competencia.

Como escribió el genial José Luis Sampedro “sin libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve de nada”. Ya somos mayores de edad para elegir quién nos informa o quién nos desinforma. El estado no tiene derecho a limitar la libertad de la información ni la libertad de pensamiento. Este tipo de acciones nada tiene que ver con el interés general, sino con el interés de la clase dominante por perpetuar su privilegiada situación. Por definición, cuanto más diversidad informativa, mucho mejor y, para ello, nada mejor que la multiplicidad de medios.

Muchos queremos conocer qué sucede en Yemen y cómo se matan inocentes con las armas que les vendemos a Arabia Saudí, queremos saber dónde han ido las ayudas a los rebeldes sirios y cómo han acabado en manos terroristas, queremos tener información de quién mueve los hilos de la derecha venezolana, queremos conocer cómo las políticas europeas de fomento de guerras generan refugiados que echamos a patadas de nuestras fronteras, queremos informarnos de quién y cómo están organizando golpes de estado unos tras otro en América Latina, queremos conocer como la Unión Europea ha planificado empobrecernos y quitarnos nuestros derechos laborales y sociales, cómo el euro ha sido una gran estafa para nuestro país, cómo nos han robado decenas de miles de millones para regalárselos a los bancos o a las grandes constructoras, cómo la separación de poderes en nuestro país jamás existió, como el régimen del 78 sirvió para sostener a los poderes fácticos franquistas. Desgraciadamente, para eso no nos valen ni los medios corporativos ni los medios públicos tal y como están funcionando hoy día. Necesitamos, porque tenemos derecho a información veraz, medios independientes de los poderes, ya sea políticos o económicos, que manejan nuestro país. Y eso es, por pura salubridad, algo extrapolable a todos los países y a todas las sociedades.


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La doble vara del Poder Judicial y el silencio del gobierno

IRINA SANTESTEBAN – http://www.laarena.com.ar/opinion-la-doble-vara-del-poder-judicial-y-el-silencio-del-gobierno-1188989-111.html

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En esta época del año, Mar del Plata es noticia por sus playas y porque muchos famosos de la farándula, la política o el fútbol eligen esa ciudad balnearia para veranear. Sin embargo, la temporada 2018 muestra menos afluencia turística que otros años, y más movilizaciones por Derechos Humanos. Es que, desde fines de 2017, un nuevo residente en el coqueto barrio Bosque Peralta Ramos, ha provocado el repudio de los vecinos. Se suma así al rechazo que el pueblo argentino ha expresado a las sucesivas medidas que viene intentando el gobierno de Mauricio Macri y una parte del Poder Judicial, con la intención de terminar con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y los juicios por los crímenes de la dictadura.

Récord de condenas.

Alguna vez la diputada Elisa Carrió, para justificar la posibilidad de un perdón para los genocidas, los calificó como “pobres viejitos”. 

Miguel Osvaldo Etchecolatz, a los 88 años, si bien biológicamente es un anciano, dista mucho de merecer esa calificación casi misericordiosa que la jefa del ARI les prodigara a los responsables del terrorismo de Estado. El ex jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense hasta 1979, mano derecha del general Ramón Camps, fue condenado en 1986 a 23 años de prisión por 91 casos de tormentos reiterados. En 1990, Etchecolatz recuperó su libertad, beneficiado con el indulto del entonces presidente Carlos Menem.

En 2004, obtuvo su segunda condena, 7 años de prisión por la privación de la identidad de una hija de desaparecidos, Carmen Sanz; y en 2006, fue el primer miembro de una fuerza de seguridad, que, luego de la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue enjuiciado por “crímenes de lesa humanidad”.

En las audiencias orales, fue decisivo el testimonio de una de las víctimas, Jorge Julio López, quien luego de declarar en su contra, fue desaparecido y permanece en ese estado desde el 18 de septiembre de 2006, un día antes del dictado de la sentencia por parte del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, que condenó a Etchecolatz a prisión perpetua por 6 homicidios con el agravante de ensañamiento y alevosía, privación ilegítima de la libertad y 2 casos de secuestro y tormentos. 

Luego vendrían 3 condenas más, totalizando media docena, 3 de ellas a prisión perpetua, para el ex comisario que tuvo bajo su directo dominio 21 centros clandestinos de detención en la provincia de Buenos Aires.

De lesa humanidad. 

En la sentencia de 2006, el TOF1, integrado por Carlos Alberto Rozanski, Horacio Alfredo Isaurralde y Norberto Lorenzo, consideró que se habían cometido delitos “de lesa humanidad” y por ello, imprescriptibles, por la “primacía del derecho internacional sobre el derecho interno argentino en materia de derechos humanos”, citando la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad, que fuera adoptada por la Asamblea General de la ONU de 1968. 

Frente a la defensa de Etchecolatz, que había planteado la inaplicabilidad de la figura del delito de lesa humanidad, por no estar específicamente previsto en nuestra legislación interna, los jueces sentenciaron haciendo prevalecer los pactos suscriptos por Argentina en materia de Derechos Humanos; y así sucedió en los siguientes 200 fallos que han dictado los Tribunales Orales en todo el país, hasta la fecha, conforme el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que coordinan los fiscales Jorge Auat y Carolina Varsky.

Clara Anahí.

En el juicio de 2006, Etchecolatz fue condenado, entre los seis casos de homicidio calificado, por el de la joven Diana Teruggi de Mariani, una estudiante de Letras de 26 años, que vivía junto a su marido Daniel Mariani y su beba de 3 meses, en una casa en La Plata, en la que funcionaba una imprenta clandestina de la organización Montoneros. 

Cuando fue descubierta, la casa fue atacada y bombardeada por fuerzas policiales y del Ejército, todos sus ocupantes fueron asesinados, incluida Diana, quien salió al patio ocultando con su cuerpo a su pequeña hija, Clara Anahí Mariani. Según testimonios de los vecinos, la beba habría sobrevivido y es una de los 500 bebés secuestrados y apropiados por los genocidas, buscada desde hace más de 40 años por su abuela paterna, Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. A los 94 años, Chicha dice: “Yo quisiera que los jueces hicieran hablar a Etchecolatz, pero en lugar de eso lo mandan a su casa veraniega. Pasé mucho tiempo sufriendo y esto es como un golpe final. ¿Voy a aguantar esta nueva crueldad?” (Revista Resumen Latinoamericano, 6/01/2018).

Varios intentos.

No es la primera vez que el ex jefe policial goza del beneficio de la prisión domiciliaria. La tuvo en el año 2004, luego de ser condenado por la privación de la identidad de una hija de desaparecidos, pero le fue revocada porque en un procedimiento para embargarle bienes se le descubrió una pistola 9 mm. 

En 2016 la Sala I de la Cámara Federal porteña le había otorgado el beneficio pero fue anulado por la Cámara de Casación Penal, ante la apelación de la fiscalía y los querellantes.

En esa oportunidad, los camaristas de Casación Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky manifestaron que en materia de crímenes de lesa humanidad “se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino” ante el sistema de Derechos Humanos.

Doble vara.

Mientras un condenado por crímenes contra la humanidad, que no ha presentado ningún signo de arrepentimiento ni ha colaborado con la Justicia para que se pueda saber el paradero de los jóvenes que fueron apropiados al nacer durante el cautiverio de sus madres, ni para que se sepa el destino de miles de desaparecidos, goza del beneficio de prisión domiciliaria, en condiciones muy favorables, otros presos no tienen ese tratamiento por parte del Poder Judicial.

Milagro Sala, quien va a cumplir dos años de prisión preventiva el próximo 16 de enero, que no tiene ninguna condena, ni se le ha iniciado siquiera el juicio oral por las causas por las que se la ha privado de su libertad, si bien se encuentra en prisión domiciliaria, la misma demoró más de un año en ser concedida y sus condiciones son mucho más rigurosas que las del represor Etchecolatz. Custodiada por efectivos de Gendarmería, en una casa que no era su residencia, la dirigente de la organización social Tupac Amaru es víctima de un duro tratamiento por parte de la justicia jujeña y el servicio penitenciario de esa provincia. 

Y en el caso de Sala, se dictó el beneficio porque hubo resoluciones de la Comisión y el Comité Interamericano de Derechos Humanos, que aconsejaron tal medida; y hubo un dictamen de las Naciones Unidas, calificando de “arbitraria” su detención.

Silencio que aturde. 

No se han escuchado voces oficiales respecto a la prisión domiciliaria de Etchecolatz, siendo que el gobierno nacional ha denostado a aquellos jueces que con sus fallos han cuestionado medidas oficiales. Tanto el presidente Mauricio Macri como el ministro de Justicia Germán Garavano mantuvieron una dura política de hostigamiento contra Alejandra Gils Carbó, la ex Procuradora General, consiguiendo finalmente su renuncia. El titular del Juzgado Nº 1 en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, magistrado que había fallado haciendo lugar al amparo presentado por ciudadanos en contra de los tarifazos y también a favor de los docentes, fue suspendido por el Jury de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires. Los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Graciela Marino y Enrique Arias Gibert fueron denunciados por el ministro de Trabajo Jorge Triaca, ante el Consejo de la Magistratura por supuesto “mal desempeño”, por haber avalado la paritaria bancaria, que había pactado un aumento salarial por encima de lo que había pautado el gobierno. 

Semejante actividad de intromisión frente al Poder Judicial, por parte de un gobierno que decía durante la campaña electoral que pretendía una “Justicia independiente”, hoy contrasta con el silencio ante una resolución judicial muy cuestionable, la de otorgar la prisión domiciliaria para quien está acusado de delitos gravísimos, y que además no ha demostrado nunca una actitud de arrepentimiento ni de colaboración con la Justicia para reparar el enorme daño que se hizo a miles de familias, con la desaparición de personas y la apropiación de niños.

Verano con marchas. 

La recepción al genocida en Mar del Plata fue contundente: tres jornadas seguidas con marchas multitudinarias, y los vecinos del barrio Bosque Peralta Ramos manifestando en las redes sociales su rechazo a convivir con el represor, demuestran que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, han calado hondo en el pueblo argentino.

Es que, si se intenta volver a las políticas de impunidad para los genocidas, sea por parte del Poder Judicial o de las autoridades nacionales, habrá resistencia por parte de amplios sectores del pueblo.
Hasta la hija de Etchecolatz ha repudiado a su padre, y logró que la Justicia aceptara su reclamo de supresión del apellido paterno. Ahora se llama Mariana Dopazo, y ha contado en diversos medios de prensa el calvario que sufrió durante su niñez y adolescencia conviviendo con un represor.

La formación del colectivo “Historias Desobedientes: Hijos e Hijas de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, marca un nuevo paso adelante, pues están pidiendo que se modifique el Código de Procedimiento Penal para poder declarar en contra de sus progenitores. Explican que como hijos, hijas o familiares de genocidas, han tomado conciencia de la información que pueden contar, y “aportar al esclarecimiento de una causa, teniendo muy en cuenta la obligación ética que sentimos, por tratarse de crímenes de lesa humanidad”, y por la urgencia de hacer justicia, teniendo en cuenta la edad avanzada de muchos familiares que buscan a sus hijos/as y nietos/as.


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El enemigo (Ima/Ori)ginario

Guillermo Javier González – https://www.alainet.org/es/articulo/190114

La cuestión mapuche se ha vuelto un tema central del debate público en Argentina. Impulsado fuertemente por la desaparición -y posterior hallazgo sin vida- de Santiago Maldonado, se volvió un tema opinable por parte de comunicadores sociales, políticos, militantes o simplemente ciudadanos de a pie. Un sector de ellos salió a demonizar y criminalizar a los mapuche -principalmente por su ¨naturaleza¨ violenta y su sistema anárquico- utilizando vocablos como ¨extremistas¨ o ¨terroristas¨, los cuales nos remiten a la época más oscura de nuestra historia.

La construcción por parte de los liberales -aquellos formadores de sentidos comunes por excelencia- de un enemigo interno como el sujeto a erradicar, no es precisamente una estrategia innovadora. Desde los tiempos de la barbarie, pasando por la subversión setentista y más recientemente el populismo, han caracterizado a la otredad como aquella que obstaculiza la conquista del bien común. La más reciente de estas configuraciones ha sido la del mapuche como el nuevo/viejo antagonista.

 

El origen de los originarios: la otredad

En primer lugar, es menester destacar que para una cabal comprensión de la cuestión mapuche debemos remitirnos a su historia en la región, que data de antes del “descubrimiento de América” y de los dos lados de la cordillera. Es por ello que considerar al mapuche como argentino o chileno es plantear un falso debate, debido a que la identidad mapuche es muy anterior a la conformación de los estados nacionales en el continente.

Declaraciones de Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad y principal responsable de la desaparición de Santiago Maldonado) en las cuales atribuyó a los mapuche una voluntad separatista al sostener que “No vamos a permitir una república mapuche independiente y autónoma en medio del territorio argentino”[1], no hacen más que confirmar la ¨confusión¨ del actual Gobierno a este respecto. Pero no se trata en realidad de desconocimiento sobre la preexistencia de la Nación Mapuche sino de una maniobra política, con un inestimable apoyo mediático, que busca, a través de la noción de extranjeridad mapuche –invasores chilenos-, la edificación de un enemigo de la Patria que permita justificar represiones pasadas y por venir.

 

En agenda

Los reclamos de la comunidad mapuche, cuyos miembros vienen dando una larga lucha por la reivindicación de sus derechos, pasaron de no tener lugar en la agenda pública a ser tema central de debate a nivel nacional. Sin embargo, no es una buena noticia. La necesidad del Gobierno Nacional de legitimar su política represiva mediante la confrontación con un enemigo interno devino en la implantación de un discurso y unas prácticas ¨antiterroristas¨. La construcción del enemigo imaginario apoyada en la prosecución de la “seguridad nacional” reactualiza viejos estereotipos del otro a criminalizar.

La verdadera razón de esta centralidad no se debe tan sólo a la búsqueda de un chivo expiatorio. La elección de los mapuche para ocupar tal lugar no es azarosa sino que responde principalmente a la necesidad de presionar a las comunidades que reclaman territorios en disputa con las grandes multinacionales latifundistas/extractivistas. Como sostiene Moira Millán, miembro de la comunidad Pïlan Mahuïza –territorio recuperado en 1999- : ¨Hemos venido recuperando territorio en Argentina desde la década del noventa. La represión ahora adquiere ribetes más radicales y profundos porque los territorios que hemos recuperado en esa época hoy están bajo programas de megaproyectos extractivistas¨[2]. Para cumplir con dicho objetivo, el macrismo apela a la condición de foráneos que le es atribuida a los pueblos originarios, la cual permite reforzar un sentimiento nacionalista/eurocentrista –despreciar la barbarie en alas de la civilización en clave sarmientina-.

 

Estado de derecha

De un tiempo a esta parte, y exacerbada a partir del caso Maldonado, se observa una derechización en la sociedad argentina. En 2015, con la victoria de Mauricio Macri en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se dio un fenómeno hasta el momento inusitado: nunca desde 1916, año en que se realizaron las primeras elecciones presidenciales bajo la Ley Sáenz Peña; la derecha había accedido al poder a través de las urnas –el menemismo, si bien aplicó un programa neoliberal en los años ‘90, arribó desde el histórico Partido Justicialista (PJ) y prometiendo lo opuesto a lo que finalmente desarrolló-.

Propuesta Republicana (PRO) es una derecha autoreconocida como tal e inscrita en la Unión Demócrata Internacional (UDI)[3] -también conocida como ¨Liga de Partidos de Derecha¨- creada por Thatcher y Bush padre, y de la cual forman parte, entre otros, el Partido Republicano estadounidense o el Partido Popular español. La UDI dio su bienvenida al PRO en su sitio oficial afirmado que ¨La victoria del Presidente en 2015 dejó atrás décadas de un populismo de izquierda sin reglas. El presidente Macri es el primer líder de centro derecha en tomar el poder desde el regreso de la democracia en Argentina en 1983¨[4]. Paradójicamente, el informe 2017 de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advierte que estamos ante el pico represivo más violento desde 1983. María del Carmen Verdú, fundadora de CORREPI, afirmó ¨por primera vez superamos la marca del muerto diario por gatillo fácil o torturas. Hubo 725 muertos en 721 días de gobierno de Cambiemos, un muerto por día de gobierno¨[5].

 

Gobierno represivo y populismo punitivo

Acuñado originalmente en 1995 por el criminólogo británico Anthony Bottoms[6], el concepto ¨populismo punitivo¨ refiere a la implementación de políticas punitivas por los siguientes motivos: convencimiento de que éstas reducirán la criminalidad, refuerzo del consenso moral de los ciudadanos contra el delito y, la razón principal, que el Gobierno las evalúa como fructíferas en términos electorales –a esta última adscribe el macrismo-. Las mismas, afirma Bottoms, son catalogadas de populistas ya que parten de considerar que serán populares.

El Gobierno de Mauricio Macri, quien a diez días de la desaparición de Santiago Maldonado tras la represión a manos de sus fuerzas de seguridad habló por primera vez en público sobre el tema para calificar a los mapuche de “poco democráticos y bastante violentos”[7], no vio mellada su imagen a raíz de su política represiva -sustentada además desde el ámbito discursivo-. No la deterioró el caso Santiago Maldonado, encontrado sin vida coincidentemente un 17 de octubre y a 5 días de las elecciones legislativas. Tampoco el más reciente de Rafael Nahuel, joven mapuche de 22 años asesinado por la espalda en un operativo de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu a manos de Prefectura el 25 de noviembre, casualmente –una vez más- el mismo día del velatorio de Santiago Maldonado.

La  construcción del enemigo interno permite legitimar ante la sociedad las políticas represivas que, en definitiva, persiguen la implementación de las políticas económicas neoliberales y, a su vez, ocupar una centralidad mediática que permite desviar la atención de temáticas incómodas al Gobierno. De esta forma, la alianza entre Gobierno y medios hegemónicos distorsiona los atropellos institucionales perpetrados, hasta el punto de convertir a estos grupos en violentos para el imaginario social, responsabilizando así a las víctimas por la violencia institucional recibida.

Es crucial frente a esta coyuntura el reforzamiento de los lazos de solidaridad y la visualización de un nosotros. Quienes detentan el poder impulsan el miedo al otro como forma de control social. Para estar a salvo nos dicen, debemos librarnos de aquel que es distinto, hoy encarnado en el indígena y el inmigrante de países limítrofes. Además de éstos, antaño también ocuparon ese lugar los negros, gauchos, anarquistas, peronistas, subversivos, comunistas, etc. Es siempre una lógica peligrosa, nunca  se sabe quién puede ser el próximo en la lista.

 

Notas

[1] https://www.pagina12.com.ar/55937-macri-contra-los-mapuches

[2] http://www.revistaanfibia.com/cronica/con-armas-no/

[3] http://www.politicargentina.com/notas/201701/19085-el-pro-formara-parte-de-una-liga-de-partidos-de-derecha-junto-a-rajoy-y-el-partido-republicano-de-trump.html

[4] http://idu.org/meet-pro-argentina-the-idus-newest-member/

[5] https://www.pagina12.com.ar/84672-un-muerto-por-dia-de-gobierno

[6] Bottoms, A.E. (1995) ‘The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing’, en C.M.V. Clarkson and R. Morgan (eds), The Politics of Sentencing Reform. Oxford: Clarendon

[7] https://www.laizquierdadiario.com/Macri-Estamos-intentando-ver-que-paso-con-Maldonado-pero-los-mapuches-no-colaboran

 

Guillermo Javier González es investigar de CELAG – @GonzalezGuiChe

http://www.celag.org/enemigo-ima-originario/


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El infame boato de la antipolítica

Flavio Crescenzi* – http://www.lateclaene.com/flavio-crescenz-boato-de-la-antipoltica

antipol

Este es el lugar donde el escéptico le da la mano al inmoral / y llamo inmoral a aquél que carece de la virtud de reconocerse en el otro, / el insumergible en su mina de talco, el que ejerce la jerarquía como innato derecho / y construye su tormento sobre la escoria de otros, el obsesivo en la negación de los actos ajenos, / el impostor que muta, el himno con el que se alaba lo que se desprecia, la cautela ante el gozo.

Juan Carlos Mestre

 

1. El fin de la inocencia

Cambiemos termina su segundo año de mandato habiendo superado con creces la barrera de las elecciones legislativas de medio término y teniendo la no tan descabellada convicción de que puede repetir la hazaña en las presidenciales de 2019. Cambiemos saborea su triunfo con la perversa fruición de quien sabe que está incurriendo en pecado de gula, es decir, con altanería, libre de culpas. Así se vive el éxito en las inmediaciones macristas, éxito que no es sino fruto del único plan de Gobierno más o menos claro desde que sus representantes arribaron a Balcarce 50, me refiero a esa rara entelequia que hemos convenido en llamar meritocracia. 

Así como no creíamos posible que Macri llegara al poder en 2015, pensábamos que, después de la interminable lista de medidas lesivas para la gran mayoría del pueblo argentino que el Gobierno llevó adelante en poco menos de dos años (en la que no faltan presos políticos ni víctimas de la represión), nadie en su sano juicio iba a avalar su gestión. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Sucedió lo que tenía que suceder, máxime si tenemos en cuenta que buena parte del electorado no se rige por serias convicciones políticas, sino por emociones tuteladas y nutridas desde los medios masivos de comunicación. La sociedad del espectáculo votó motivada por la seducción del espectáculo; la sociedad de la posverdad, como en una catarsis «orwelliana», materializó sus odios y prejuicios con un voto que sólo tenía la intención de sepultar para siempre al «populismo», el más peligroso enemigo de la república blanca, rubia y pura que había que restaurar forzosamente.

A este promovido y celebrado «analfabetismo político» habría que sumarle la crisis de representación de la dirigencia opositora. Una oposición dividida entre los que querían en verdad ejercerla; los que estaban dispuestos a limar las asperezas con el oficialismo en nombre del diálogo, la tolerancia y otros significantes vacíos semejantes (actitud que, por cierto, llegó al extremo del grotesco cuando Pichetto, Urtubey y otros senadores del bloque del PJ-FpV aprobaron el proyecto de ley de reforma previsional hace poquísimos días), y los que se contentaban con asumir una posición meramente testimonial, alejada de cualquier posibilidad concreta de construir poder y hegemonía. Lo curioso es que estas tres divisiones no se presentaron como compartimentos estancos, sino que, en mayor o en menor medida, afectaron por igual a todo el arco político opositor.

Huelga decir que vivimos tiempos de ignominia. Todo es póstumo, la esperanza de rectificación ha durado excesivamente y el macrismo se da el lujo consumar sus traiciones cada mañana sin convicción ni arte. Es hora de aceptar que hemos sido demasiado inocentes en la mayoría de los casos; es hora de repensar las estrategias.

2. La mani pulite o de los placeres onanistas de la lucha contra la corrupción

Detrás del apoyo a Cambiemos hubo un reclamo —elevado fundamentalmente por la clase media—, que aun si fuera genuino, sería sólo en parte atendible: el de juzgar y encarcelar a los políticos y sindicalistas corruptos. Este reclamo apareció como dato relevante en todas las encuestas previas a las PASO, y, como es lógico, los candidatos del macrismo (quiénes sino) supieron captar esas demandas y así gozar de la simpatía de un electorado sediento de «justicia».

Digo que este reclamo dista mucho de ser genuino porque sólo apunta a los políticos y sindicalistas que no están alineados con el Gobierno, lo cual demuestra a todas luces que se trata de un ejercicio más de revanchismo. Pero aun si fuera amplio y realmente exigiese que se investigara a los políticos y sindicalistas que ocupan cargos de importancia en áreas sensibles del actual Poder Ejecutivo (y convengamos que son muchos), el método, que podríamos denominar de linchamiento, vulnera los más elementales soportes institucionales, como lo demuestran los encarcelamientos sin condena de De Vido y de Boudou —amparados en la excepcional figura legal de prisión preventiva—, la insólita presión judicial que terminó por acelerar la renuncia de la procuradora Gils Carbó o el tan reciente procesamiento y pedido de desafuero a CFK por la absurda acusación de «traición a la patria». Por otra parte, hay que apuntar que poner tanto énfasis en la corrupción de la política sólo puede hacerle mal a la política, pues tras la consecuente estigmatización del término, cualquier discusión de fondo que requiera una argumentación social, histórica y tendiente al bien común quedará inhabilitada de antemano.

Naturalmente, este procedimiento no es nuevo. En el libro Estrategia y táctica del movimiento nacional, escrito por Arturo Frondizi (figura otrora elogiada por Mauricio Macri), hay un capítulo titulado «La corrupción, pretexto para derribar gobiernos populares», donde el expresidente da cuenta del que parecería ser el modus operandi preferido de los poderes fácticos a lo largo de la historia argentina, que, sin duda, se inaugura con las difamaciones proferidas contra Hipólito Yrigoyen antes y después del golpe de Uriburu.

El electorado macrista, constituido en gran parte por personas con una formación política más bien deficitaria, pretende que los políticos corruptos (que, para este reaccionario colectivo, serían únicamente aquellos que estuvieron vinculados al kirchnerismo) vayan a la cárcel, y quien debe ocupase de garantizar esta suerte de Némesis, tan fatal como deseada, es un Gobierno conformado por empresarios acusados o sospechados de corrupción. El blindaje mediático y la ya mencionada posverdad impiden que la gente se dé cuenta de la triste paradoja en la que vive. El macrismo, entretanto, se regodea en la implementación de una mani pulite que no es otra cosa que una escena distractora para que el mundo corporativo, ahora felizmente instalado en el Gobierno, pueda seguir erosionando los derechos adquiridos en democracia (la reforma laboral que se quiere imponer a cualquier precio sería uno de los ejemplos más recientes de esta siniestra tendencia), desguazando el Estado (léase endeudamiento por cien años, exenciones impositivas, reformas tributarias, etc.) e inoculando en la población el mezquino «ideario» neoliberal.

3. El sujeto neoliberal, el «hombre nuevo» del capitalismo tardío

Quien piense que el neoliberalismo es sólo una ideología que defiende el repliegue del Estado, su hundimiento en defensa del mercado o de la especulación financiera está equivocado. El neoliberalismo, de acuerdo con la descaminada lógica que se quiere instalar desde el macrismo, tiene como principal proyecto producir un nuevo tipo de subjetividad.

Contrariamente a lo que ocurría con el sujeto en la modernidad, que actuaba en función de los distintos ritos sociales (jurídicos, religiosos o institucionales) —ritos que, a su vez, exigían una determinada conducta en cada caso—, el sujeto neoliberal se consolida como un individuo que está por encima de las normas, entregado a su máximo rendimiento y competencia, asumiendo una actitud «empresarial» anta la vida, la actitud de un empresario cuya empresa no sería otra más que él mismo. Cualquier ley que limite el crecimiento pecuniario de este sujeto (y recordemos que toda empresa que se precie busca siempre un crecimiento) será tildado enseguida de autoritaria, aun si la ley en cuestión se funda en principios éticos o morales; del mismo modo, cualquier consideración intelectual que cuestione el frívolo hedonismo que practica este individuo será tildada por él enseguida de arbitraria, y vale decir que la posmodernidad le ha dado a argumentos de sobra para hacerlo. El sujeto neoliberal sólo se ampara en su «voluntad de poder», aunque ésta sea apenas una posibilidad, una aspiración, una fantasía. A grandes rasgos, éste es el perfil del votante de Cambiemos.

En suma, el fin último del capitalismo tardío es la producción de un nuevo sujeto, un sujeto íntegramente asimilado por la lógica empresarial, por su inherente competitividad, por su proverbial hipocresía, es decir, un sujeto que encarne y reproduzca el pensamiento del sistema. Es por esto por lo que el sujeto neoliberal —provenga de la clase social que provenga— desprecia la ética, la política y la cultura, en tanto valores de origen humanista, pues estos dispositivos simbólicos, estos abstractos mecanismos, amén de ser perfectibles, evidencian la falta de escrúpulos que atraviesa todo el edificio filosófico del neoliberalismo, un edificio poshumanista, posindustrial y antipolítico.

 

*Docente y crítico literario


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Las potenciales consecuencias de una reforma laboral con olor a siglo XIX.

Mariano Ventrice – http://www.elcohetealaluna.com/elogio-la-esclavitud/

sin pan

 

Desde la formación de los primeros grupos sociales, seres humanos saturados de odio e individualismo llegaron a un cruel descubrimiento: el hombre podía ser domesticado al igual que los animales. “La utilidad de los animales domesticados y la de los esclavos —decía Aristóteles, un acérrimo defensor de la servidumbre en la Antigüedad— son poco más o menos del mismo género. Unos y otros nos ayudan con el auxilio de sus fuerzas corporales a satisfacer las necesidades de nuestra existencia”.

Tamaña perversidad intelectual se hizo presente con fuerza por estas tierras desde la conquista de América, una de las obras maestras del desprecio humano hacia otros grupos humanos. Ya desde el siglo XVI en adelante, debido al aniquilamiento permanente de la mano de obra proveniente de los pueblos originarios, el trabajo hostil en las plantaciones algodoneras y agrícolas, en la producción azucarera o en las arriesgadas actividades mineras (oro y plata fundamentalmente), solo fue factible debido al tráfico de millones de esclavos africanos hacia el continente americano.

Esta descomunal muestra de odio, racismo y otredad tuvo un enorme impacto en la vida virreinal rioplatense, pues luego de siglos de intercambios de personas en condiciones despiadadas, negros y mulatos conformaban hacia el año 1778 el 28.4% de la población en Buenos Aires, el 81.4% de ellos esclavos. El abuso hacia su fuerza laboral alcanzaba todo tipo de trabajo, desde tareas domésticas hasta actividades ganaderas o artesanales en carpinterías o zapaterías. Sin más suerte, décadas más tarde la población negra, enviada sistemáticamente a los ejércitos regionales, fue exterminada en los más de cincuenta años de guerras civiles argentinas.

Desde lo ideológico, en el sostenimiento de tamaña injusticia social, un aspecto primordial lo constituía la marcada necesidad de las clases favorecidas en encontrar argumentos serviciales para la degradación o inferiorización extrema de los grupos oprimidos. Resultaba fundamental evidenciar sus supuestas desventajas biológicas, para eliminar cualquier tipo de derecho o mejora social. Así, como una continuidad natural del orden divino, la idea xenófoba de la superioridad racial de los “blancos y puros” se propagó dogmáticamente (sin demostración científica alguna) pues el falso apoyo biológico constituía una artimaña para la discriminación de los grupos proletarios y el aprovechamiento sin rebeldía de su fuerza laboral.

En consecuencia, la dicotomía civilización o barbarie, símbolo de la discriminación y la opresión durante el siglo XIX, atravesó toda discusión política. Personalidades destacadas como Domingo Sarmiento, Bartolomé Mitre o José Ingenieros, por ignorancia y/u odio de clase asociaron la por entonces clara superioridad tecnológica y científica europea, y por ende la mayor capacidad de generación de fuentes de trabajo que requieren mayor nivel de educación, con cuestiones supuestamente raciales, como la sangre o el color de piel. “La instrucción sola —razonaba Sarmiento— no es suficiente para sacar a la Argentina de su barbarie; se requiere una real infusión de genes blancos, representantes de la civilización, de lo urbano”. Para Mitre, la inmigración era “una evolución grandiosa que permitía robustecer la nacionalidad argentina para que templara y regenerara la raza blanca”. Ya en 1908, Ingenieros afirmaba que “la historia no es un registro de la lucha de clases ni de la lucha institucional sino antes bien de la lucha racial. América latina es un claro ejemplo de este fenómeno ya que la raza blanca ha ocupado un área previamente dominada por miembros de una raza inferior”.

El impacto de este tipo de afirmaciones doctrinales y despectivas repetidas hasta el hartazgo por los más importantes formadores de opinión, además de desprestigiar ferozmente a la mano de obra autóctona (si se lograba imponer que los aborígenes, los negros y, en general, los grupos menos favorecidos conformaban una raza inferior, sus derechos podían ser totalmente minimizados y su fuerza laboral sobreexplotada, uno de los verdaderos propósitos) enaltecía abiertamente al “europeísmo”, fomentando así la por entonces división internacional del trabajo impuesta por el capitalismo internacional (una Argentina pastoril, empobrecida, científica y tecnológicamente dependiente y una Europa culta e industrializada vendedora de manufacturas “imposibles de fabricar localmente”).

En ese dramático contexto social para las clases trabajadoras, de democracia fraudulenta y restringida, y donde el socialismo, el anarquismo y el sindicalismo emergían como los medios posibles para la lucha por una mejor calidad de vida, las condiciones laborales continuaron siendo paupérrimas En su Informe sobre las clases obreras de 1904, Juan Bialet Massé describió las miserias de las clases trabajadoras argentinas, a pesar que la esclavitud había sido abolida por la Constitución de 1853. “En las cumbres del Famatina he visto al ‘apire’ cargado con 60 y más kilogramos deslizarse por las galerías de las minas, corriendo riesgos de todo género, en una atmósfera de la mitad de la presión normal; he visto en la ciudad de la Rioja al obrero, ganando sólo 80 centavos, metido en la zanja estrecha de una cañería de aguas corrientes, aguantando en sus espaldas un calor de 57° a las dos de la tarde; he visto a la lavandera de Goya lavar la docena de ropa a 30 centavos, bajo un sol abrasador; he visto en todo el interior la explotación inicua del vale de proveeduría; he visto en el Chaco explotar al indio como bestia que no cuesta dinero, y he podido comprobar, por mí mismo, los efectos de la ración insuficiente en la debilitación del sujeto y la degeneración de la raza”.

Afortunadamente, desde finales del siglo XIX, estudiosos de diferentes ramas del conocimiento (como la antropología y la arqueología) lograron demostrar, ya con sólidos argumentos científicos resumidos en el “materialismo cultural”, que las razas humanas no existían y que las principales diferencias entre los grupos humanos se debían a las desigualdades en los años de escolarización, la calidad de la enseñanza, el entrenamiento, el medio familiar, la injusta repartición de las tierras y otros recursos naturales escasos, la concentración excesiva de la riqueza en grupos elitistas reducidos, a las profundas asimetrías en el desarrollo industrial de los países, como también, por supuesto, al desprecio visceral que mucho hombres vacíos de solidaridad sienten por otros hombres, a quienes solo reconocen como mano de obra barata.

Aunque desde el punto de vista científico las teorías dogmáticas discriminativas ya carecen de todo sentido, de manera muy preocupante, en los últimos años, y tal como sucedió anteriormente con el primer peronismo (cabecitas negras, aluvión zoológico) en la Argentina se produjo un recrudecimiento en el odio de clase (vagos, planeros, choripaneros, negros de las villas, etc.), como respuesta conservadora a la acción de un gobierno popular que supo poner sobre la mesa, luego de muchas décadas de ocultamiento, temas imprescindibles como la injusta distribución de la riqueza, la precarización laboral o la necesidad de un desarrollo científico-tecnológico imprescindible para la generación de trabajo digno. Medidas significativas como la creación de miles de escuelas en todo el país (un logro incomparable frente a las solo siete escuelas construidas entre los años 1989 y 2002), universidades nacionales en barrios humildes del conurbano bonaerense, retenciones a grupos económicos concentrados, desendeudamiento externo, restricciones a la fuga de divisas, entrega de material didáctico y computadoras para alumnos de escuelas públicas, asignación universal por hijo, jubilaciones, etc. despertaron el desprecio ancestral de los sectores económicos dominantes, quienes, ante la pérdida en aumento de determinados privilegios, supieron arrastrar hacia su costado odioso de la grieta a los sectores medios más despolitizados y confundidos de la población.

Una grieta que, indudablemente, seguirá abriéndose (separando más a los ricos de los pobres) si se avala una reforma laboral con aires de siglo XIX, propuesta por un gobierno especialista en burlarse de los más necesitados, que implique más horas de trabajo, menores salarios o menos oportunidades de alcanzar una vivienda propia, es decir, un país sumamente injusto donde una minoría beneficiada continúe aprovechándose del casi esclavo esfuerzo ajeno.