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Los juicios a los verdugos y sus cómplices

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Por 

 Rodolfo Yanzón, abogado especialista en DD.HH. – http://sur.elargentino.com/notas/los-juicios-los-verdugos-y-sus-complices

Pasaron siete años de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Desde entonces se produjeron decenas de juicios orales en todo el país. Sigue habiendo dificultades, pero el balance es positivo. La experiencia de memoria y justicia argentina es analizada en el mundo.
A siete años de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, decenas de juicios orales en distintos lugares del país están en curso. Días atrás el fiscal Félix Crous se mostró indignado por la indolencia y la complicidad de actores judiciales que impidieron el juzgamiento del fallecido Acdel Vilas (ver pág. 21). Ese ha sido uno de los motivos de las demoras que tuvo su mayor expresión en la Cámara Nacional de Casación Penal y en jueces federales mendocinos. Las dificultades en los juicios dejaron en claro que la remoción de los obstáculos para juzgar no fue acompañada de herramientas legales, y sobre todo judiciales, que permitieran acelerar y reordenarlos. Se debería haber dotado de inmediato al sistema judicial de tribunales con avocación exclusiva para realizar juicios más concentrados, por centros de exterminio (CE) o sus circuitos, alcanzando a un mayor número de responsables y, sobre todo, de víctimas. Se dependió mucho de la voluntad individual de querellantes, fiscales y jueces, que tuvieron que trabajar con herramientas inadecuadas.
Sin embargo, los resultados hasta el momento no son desdeñables. Se dictaron condenas. Se acaban de conocer en Santa Fe las penas solicitadas contra Mario Facino por el secuestro y el homicidio de una integrante de las Ligas Agrarias. En Rosario se leyó la acusación contra los imputados, entre los que están Ramón Genaro Díaz Bessone, por crímenes cometidos en el CE de la Jefatura de Policía. Por diez víctimas comienza en San Martín el juicio contra Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y Luis Patti. El 9 de agosto se inicia en Mar del Plata el juicio por nueve homicidios en la Base Naval y entre los imputados está el entonces jefe de Inteligencia, Alfredo Arrillaga. Se está realizando en La Plata el juicio por crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 9. Este mes, además, se oirán los alegatos en el juicio por los CE Atlético, Banco y Olimpo. Los testimonios de sobrevivientes en los juicios por la Esma, Vesubio y Automotores Orletti siguen su marcha. En septiembre, el juicio por la existencia de un plan sistemático de apropiación de niños.
En San Rafael, Mendoza, seis represores son juzgados por cuatro víctimas. En Córdoba, Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 27 imputados afrontan acusaciones por crímenes en el CE de la provincia. En Santiago del Estero el 10 de agosto empieza otro juicio contra Videla, Menéndez y Domingo Bussi (caso Kamenetsky). En el Chaco se oyen testimonios por la masacre de Margarita Belén contra nueve imputados. Y mañana empieza en La Pampa el juicio por secuestros y torturas cometidos contra treinta personas en dependencias policiales. Y la lista continúa.
Otro avance son los juicios contra civiles, como José Alfredo Martínez de Hoz, procesado por el secuestro de los empresarios Gutheim. En el caso Papel Prensa la Justicia Federal de La Plata investiga los secuestros y torturas sufridos en dependencias del Circuito Camps por personas relacionadas con el grupo Graiver, para desapoderarlas de las acciones y beneficiar a los posteriores dueños de la empresa, propietarios de grandes medios de comunicación.
Los juicios generan consecuencias promisorias en los países vecinos, como en Chile y en Uruguay. En Europa continúan los juicios contra represores argentinos. Los organismos internacionales están monitoreando, y el Parlamento Europeo realizará una jornada el 30 de septiembre en Bruselas sobre la experiencia argentina.
Preocupante es la situación de los testigos sobrevivientes y la falta de información sobre Jorge Julio López. El Estado debe redoblar esfuerzos para garantizar que los testigos no sufran ningún tipo de represalia y para que se les brinde la asistencia que requieran para testimoniar con la mayor tranquilidad posible. El pacto de silencio y la falta de información de las Fuerzas Armadas generan preocupación y se traduce no sólo en el desconocimiento del destino de desaparecidos y niños nacidos en cautiverio, sino también en condecoraciones, cargos y sueldos para quienes cometieron los crímenes más abyectos.
El Consejo de la Magistratura debe remover cuanto antes a los jueces cómplices. Los camaristas de Mendoza dejaron en libertad a los imputados y debió comenzar el juicio oral en San Rafael para que el Tribunal Oral Federal los privara de libertad, dando una clara señal no sólo a los testigos sino a todo el sistema judicial. Los jueces de la Casación, Guillermo Yacobucci y Luis María García, dejaron en libertad durante los últimos meses a decenas de imputados en la causa Esma, porque dijeron que no había riesgos de fuga, poniendo así en riesgo a los testigos.
El argumento de la guerra sostenido por los criminales es torpe, a la vez que miserable, porque el Congreso Nacional jamás declaró una, porque aún en la guerra hay derechos que se respetan, y porque las víctimas fueron secuestradas, en su inmensa mayoría, en sus lugares de trabajo, en sus casas, en la vía pública, generalmente de noche, en total estado de indefensión, por grupos de personas que actuaron con zonas liberadas, sin protección legal.
Los tormentos y distintas vejaciones en los CE tuvieron como objetivo la destrucción de las personas, al amparo de la clandestinidad y la ausencia de toda ley. Esa metodología ilegal no fue una respuesta a las organizaciones armadas, sino una planificación anterior, que surge de reglamentos militares secretos en los que se preveía la comisión de estos crímenes. Recientemente, uno de los acusados en el juicio de San Rafael confesó que junto a doscientos efectivos había recibido instrucción en 1967 de parte de militares norteamericanos, en las técnicas de tortura, por lo que hubo condecorados.
Los testigos relatan las sistemáticas violaciones y abusos sexuales sufridos por los secuestrados, especialmente las mujeres, en distintos CE. No fueron hechos aislados cometidos por algunos desquiciados, sino una práctica habitual y sistemática, decidida por el aparato criminal, como una de las formas de tormento utilizadas para denigrar al máximo la personalidad humana.
Las mujeres debían entender que la lucha política, en cualquiera de sus formas, les estaba vedadas por el solo hecho de ser mujeres. Quebrar la voluntad del militante político, eliminarlo o destruirlo para desactivarlo como tal e impedir su reinserción política. Una cuestión de clase en la que el oprimido es el objeto y el opresor el privilegiado. La violencia y la humillación hacia judíos y discapacitados son patrones que permiten describir con mayor precisión la catadura de los verdugos. El robo sistemático en cada secuestro, el desapoderamiento de vehículos y viviendas, las peleas entre represores por parte del botín como actos de servicio a la patria, se relatan día a día en las audiencias.
Sólo quienes tienen que defenderse (Videla y Menéndez, por ejemplo) podrán insistir en que fue una guerra. Lo único que ganaron es el desprecio eterno de los pueblos y de la historia. Quienes quieran acompañarlos sabrán que la comunidad democrática está preparada para repudiarlos y resistirlos. Los juicios están sirviendo, además, para demostrar la diferencia ética entre los perseguidos y los verdugos y sus socios civiles.
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Autor: Sergio

boquense ortodoxo

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