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Participación obrera en las ganancias empresarias, con el apoyo del gobierno

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Natalia Brite*  – http://www.surysur.net/?q=node/14663


Argentina podría dar un enorme salto de calidad en la redistribución de la riqueza. Desde la central obrera se presentará un proyecto de ley que busca la participación de los trabajadores en las ganancias extraordinarias que el sector empresarial acumula desde hace varios años.

América Latina atraviesa un profundo proceso de “revisión conforme a Derecho”. En efecto, a excepción de la Cuba revolucionaria que renació con esa forma en 1959, solo hace un poco más de una década, varios países latinoamericanos comenzaron nuevos ciclos políticos -y por ende sociales-, críticos del modelo neoliberal y desarrollados de cara a los pueblos.
Argentina, desde su explosión social de fines de 2001 y la consecuente ruptura hegemónica que derivó en un nuevo tipo de gobierno en 2003, no es ajena a ese proceso. En los últimos siete años, muchas medidas de gobierno tendieron a abandonar la vieja doctrina dictada desde Washington. Esto fue así en diversos planos, tanto simbólicos -como la política de derechos humanos y de reivindicación de la generación militante de la década de 1970-, como materiales -política de recuperación de recursos privatizados y aumento en la inversión social-.
De la mano del nuevo tono gubernamental, se observó una modificación en los sectores sociales que actúan de apoyo a la gestión. Ya no fueron los grandes grupos económicos del lobby trasnacional los que rumoreaban cerca del oído presidencial. En ese contexto, numerosos sectores sindicales asumieron su “apoyo crítico” a los gobiernos de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández en la actualidad. Basaron su postura en el reconocimiento de la reapertura de las discusiones colectivas del salario, de la activación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil; de la caída en los niveles de desempleo y la mejora en la calidad de vida de la clase trabajadora.
La Confederación General del Trabajo, más conocida como CGT, es la principal organización que, con Hugo Moyano a la cabeza, hace público su apoyo sin desestimar sus reclamos. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), que nació al calor de la resistencia de la década de 1990, también presenta una visión positiva del escenario nacional, aunque mantiene en su interior una fuerte controversia con un sector aliado al ala supuestamente “progresista” de la oposición al gobierno.
El diputado del gobernante partido Frente para la Victoria y abogado de la CGT, Héctor Recalde, ha preparado un anteproyecto que será debatido en los próximos días al interior de la central obrera, para luego ser ingresado en el Congreso Nacional. Se trata de una propuesta de ley que establezca que las empresas con más de 300 empleados y con alta tasa de rentabilidad, deberán participar a los trabajadores una porción de esas ganancias. Falta determinar montos y modalidades en las que se llevaría a cabo la medida -de ser aprobada-, pero la sola idea de repartir riquezas suena, para algunos, positiva y revolucionaria; pero otros, los que deberán compartir su bonanza, ya expusieron las primeras quejas.
Si el por ahora anteproyecto se convierte en ley, el viejo dicho popular significante de todo amarretismo – “el que como y no convida tiene un sapo en la barriga”- por fin recibiría y justo y merecido golpe en el mentón, al menos desde la esfera de las políticas públicas.
Apenas conocida la intención de la CGT, el titular de la patronal Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, señaló que, con esa iniciativa, Argentina “se parece a Cuba”. Con mucho tino, y aún más exactitud conceptual, Hugo Moyano respondió simplemente que eso no es posible ya que “Cuba no pone en prácticas estas cosas, se debatió en Alemania hace 30 o 40 años, pero se discute en países capitalistas, no en países como Cuba”. Las palabras de Méndez no recogieron simpatía ni entre los propios empresarios.
El líder sindical agregó que “a los empresarios les ha ido muy bien en estos últimos años, no pueden quejarse, no pueden seguir acumulando riquezas del esfuerzo y sacrificio de los trabajadores”, por lo cual afirmó que el texto ya está en sus manos y que será discutido en el seno de la organización que dirige.
El autor de la propuesta, Recalde, remarcó que “el proyecto promueve la reinversión de utilidades” y que los empresarios que ya opinan sobre el tema “no conocen el anteproyecto, y en la comisión parlamentaria de Trabajo que encabezo vamos a invitar a debatir a todos”.
También anunció que en los montos a repartir se tomará el “rédito neto” y “no se considerarán los ingresos que el empresario reinvierta en la empresa”. Aseguró que “está prevista la constitución de un consejo tripartito (empresarios, trabajadores y gobierno) para su instrumentación, y que no serían afectadas “las empresas sin fines de lucro y las cooperativas”.
Recalde agregó que las palabras de Méndez solo demuestran un “desconocimiento de cómo es el sistema económico cubano” y afirmó que “en el debate algunas cosas se van a mejor y a corregir. Seguro tiene imperfecciones, pero vayamos en el sentido que dice la Constitución Nacional”.
Esa última reflexión conlleva un elemento central en el tema que comenzará a debatirse. El hiper mencionado artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina expresa que “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: (…) participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática (…)”.
Es decir, de convertirse en ley, una medida de este tipo revolucionaría la política de redistribución de la riqueza atendiendo a los preceptos básicos de la Ley de leyes.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se basó en los 21 puntos redactados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. La ley de matrimonio igualitario fue propuesta por legisladoras que no son del oficialismo. La propuesta de participar a los trabajadores en las ganancias de las compañías nace de la central obrera. La autoría primera de estos proyectos no se niega: nacen en las entrañas de las organizaciones sociales. Pero su aprobación y concreción -quedó demostrado con las dos primeras – depende en gran medida de la voluntad política del gobierno de Cristina Fernández.
Desde el gobierno ya hubo algunas señales de acompañamiento. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, expresó que “es indispensable introducir el concepto de la productividad de todos los factores y en este contexto deberíamos avanzar. Es necesario sacar los demonios alrededor del tema de la productividad”.
*Columnista de la Agencia Periodística del Mercosur
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Autor: Sergio

boquense ortodoxo

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