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Argentina – CNU: ¿Los indemnizaron por parapoliciales?

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Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal – http://sur.elargentino.com/notas/%C2%BFlos-indemnizaron-por-parapoliciales La investigación de Miradas al Sur sobre el accionar del grupo de tareas paraestatal de la Concentración Nacional Universitaria pudo establecer que por lo menos cinco de sus integrantes, haciéndose pasar como víctimas del terrorismo de Estado, cobraron la indemnización que establece la Ley 24.043, que beneficia a quienes hayan sido juzgados por tribunales militares o hayan estado detenidos a disposición del Poder Ejecutivo durante la última dictadura cívico-militar. Los “beneficiados” son Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, –detenido, igual que Juan José Pomares (a) Pipi, por el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza, acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad–, Gustavo Fernández Supera (a) El Misto, Dardo Omar Quinteros, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho y Alfredo Ricardo Lozano (a) El Boxer. Como ya informó Miradas al Sur, estos seis, junto con otros miembros de la banda, también iniciaron los trámites para cobrar la pensión graciable que establece la Ley 14.042, de la Provincia de Buenos Aires, para las víctimas de la dictadura. En todos los casos, estos beneficiarios de la Ley Nacional 24.043 y aspirantes a la pensión que otorga la Ley Provincial 14.042 aprovecharon la letra de ambas normas ocultando su condición de integrantes del aparato terrorista del Estado para mimetizarse entre sus propias víctimas. Los nombrados, junto a otros miembros de la patota, fueron detenidos el 29 de abril de 1976 por orden del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, no por ser –como sostienen algunos de ellos– militantes peronistas que resistían a la dictadura, sino porque su accionar como grupo parapolicial y paramilitar ya no resultaba útil en el marco del plan sistemático de represión ilegal. Esta detención no impidió que varios de los miembros de la CNU, recluidos en la Unidad 9 de La Plata, salieran de la cárcel para integrarse a los grupos de tareas cuando los jefes militares lo consideraron necesario. Varios testigos reconocieron a Castillo como uno de los represores que participaron de La Noche de los Lápices, en septiembre de 1976. En esas operaciones, también fue visto uno de los ideólogos de la CNU que seguía en libertad, el profesor de literatura Néstor Beroch. Los integrantes de la patota nunca fueron condenados por un tribunal militar y sólo fueron puestos a disposición del PEN un año después de ser detenidos, cuando ya estaban procesados por la comisión de medio centenar robos de autos, dinero y joyas, por los que fueron condenados por la Justicia Penal Ordinaria en 1980. Que estuvieran a disposición del PEN tampoco impidió que algunos de ellos fueran excarcelados en 1979 y pudieran esperar la sentencia en libertad. Al servicio del terror estatal. La patota de la CNU platense operó bajo las órdenes y al amparo del Estado entre fines de 1974 y mediados de 1976, cuando algunos de sus integrantes se sumaron a los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas. La investigación deMiradas al Sur estableció que realizaba distinto tipo de acciones: • Secuestros y asesinatos de disidentes políticos y sindicales ordenados desde el gobierno provincial de Victorio Calabró (el nexo con la banda era el secretario privado del gobernador), Alberto Bujía (a) El Negro, luego mano derecha de Eduardo Alberto Duhalde (a) El Cabezón; desde la jefatura de la UOM platense, a cargo de Rubén Diéguez; desde la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; y desde las jefaturas del Regimiento VII de Infantería y del Distrito Militar La Plata (a cargo del coronel Roque Carlos Presti y del teniente coronel Mario Sila López Osornio, respectivamente). Por su naturaleza, estos crímenes deben ser considerados como de lesa humanidad. • Secuestros y asesinatos de militantes políticos, de activistas sindicales y de estudiantes secundarios y universitarios decididos por la propia banda o por el grupo de la Triple A comandado por Aníbal Gordon, que también califican como crímenes de lesa humanidad. • Ajustes de cuentas por cuestiones personales. • Asaltos a mano armada, haciéndose pasar por policías, para lo cual utilizaban automóviles provistos de sirenas y balizas. En todos los casos actuaban en zonas liberadas por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, coordinadas a través del oficial principal Julio César Garachico y el suboficial mayor Juan Bilardo. Represores y chorros El 23 de junio de 1980, en el marco de la causa N° 715, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Gustavo Fernández Supera (a) El Misto, Dardo Omar Quinteros, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Alfredo Ricardo Lozano (a) El Boxer, Marcelo José López y Roberto Antonio Storni fueron condenados a 4 o 5 años de prisión por los delitos de “robo y/o hurto de automotor, tenencia de arma de guerra y robos reiterados y calificados”. Según la información que existe en la causa, entre fines de 1975 y abril de 1976, la banda robó 38 automóviles –la mayoría sobre la Ruta 2– dinero y alhajas. Por esos delitos, entre otros, fueron procesados. Nunca fueron víctimas de la dictadura sino todo lo contrario. Fueron integrantes del aparato terrorista del Estado que, aprovechando esta condición, también cometían delitos comunes. Recién a 27 años de recuperada la democracia, comenzarán a ser juzgados por sus crímenes de lesa humanidad.

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Autor: Sergio

boquense ortodoxo

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