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ARGENTINA: El destino de los juicios

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por Sabrina Dentone* . http://hamartia.com.ar/2012/03/21/el-destino-de-los-juicios/ 

A casi 9 años de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final nadie pone en duda la relevancia de que en nuestro país se haya avanzado en el juzgamiento de los responsables del terrorismo de estado. Argentina se encuentra a la vanguardia de Latinoamérica por constituir el proceso judicial en ejemplo y estímulo para la lucha de los pueblos de Nuestra América contra la impunidad y el olvido. 57 Juicios orales finalizados, 734 genocidas procesados y 229 condenados avalan esa certeza. De los varios genocidios sufridos y de las infinitas violaciones a los derechos humanos sufridos, es la primera vez que sus ejecutores (al menos, algunos de ellos) son juzgados y condenados, derrotando la convicción popular de que “a los poderosos nunca le alcanza la Justicia”.

Esta vez, si. Sin embargo la persecución penal a los responsables de los delitos más atroces cometidos en el marco del terrorismo de estado plantea serias limitaciones que hacen indispensable profundizar el debate para lograr que se garantice justicia plena y verdadera para nuestro pueblo.

El pasado 22 de febrero una delegación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue recibida por la Comisión Interpoderes – un organismo impulsado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación e integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de la Procuración General que busca resolver dificultades en la sustanciación de causas por violaciones a derechos humanos. Allí se fundamentó el balance efectuado por la Liga con relación a la marcha de los juicios basado en la experiencia acumulada por nuestro rol como querellantes en los distintos juicios llevados adelante en todo el país, la que nos llevó a cuestionar el accionar de los poderes del Estado en el proceso judicial y señalar que enfrentamos tres mecanismos de impunidad: la impunidad biológica (hay al momento 280 genocidas fallecidos sin condena), resultante de la demora y fragmentación de las causas judiciales; la impunidad del Poder Económico, resultante de la limitación de las investigaciones judiciales al propio hecho de la tortura o la desaparición forzada pero no de sus causales y motivaciones profundas, que se verifica fácilmente ya que no existe ni un solo empresario condenado por beneficiarse del genocidio sufrido y en las últimas semanas apareció un nuevo tipo de impunidad que es la impunidad de los condenados, que deriva en que la modalidad de cumplimiento de la pena sea bajo arresto domiciliario, beneficio inadmisible, teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos juzgados, la peligrosidad que representa para la sociedad en su conjunto y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación que implica que los responsables del mayor horror cometido en nuestro país se encuentren prácticamente “sueltos”.

Ante los presidentes de la Cámara Nacional de Casación y del Consejo de la Magistratura, el secretario de la Corte Suprema, jueces y juezas, fiscales, legisladores y otros funcionarios sostuvimos la necesidad de que el estado asuma a pleno la responsabilidad que le cabe por haber perpretado un genocidio y garantizado la impunidad desde 1976 hasta el 2007 (año del primer juicio tras la anulación de las leyes de la impunidad), y que esa “intervención” estatal para garantizar la impunidad ha dejado huellas, marcas, condicionamientos muy profundos que no se resuelven automáticamente o con un simple: “ahora sí queremos Justicia”; hace falta una estrategia estatal unificada para vencer la impunidad, y esa estrategia todavía no aparece. Los juicios tienen un problema de base: el proceso de instrucción no ha sido obra planificada del poder judicial sino del fruto del trabajo de los organismos de derechos humanos durante la dictadura y los primeros años del proceso post dictatorial, con el agravante que los organismos no organizaron su información para ser utilizada en juicios sino para averiguar el paradero de los compañeros desaparecidos. Además, durante años el Poder Judicial encaró la investigación ignorando el plan de exterminio que produjo un Genocidio inducido por el Poder Económico y el gobierno de los EE.UU y haciendo de cuenta que se trataba de una colección enorme de crímenes individuales.

Todavía hoy se realizan juicios orales donde se investiga la suerte de un compañero y se juzga a un genocida de modo tal que se hace casi imposible entender el carácter político del plan de exterminio y la trama de relaciones que sostenían la mano del homicida. La obstinación en negarse a discutir seriamente y sin prejuicios la cuestión del genocidio, evidencian razones ideológicas culturales que preservan la impunidad de los poderosos.

El 28 de febrero de 2012 la Cámara de Casación Penal aprobó la Acordada Nº 1/12, la que establece seis reglas prácticas cuyo objetivo consiste en mejorar y agilizar las causas de delitos de lesa humanidad como asimismo ampliar los mecanismos de protección Integral de las Víctimas Testigos. Sin lugar a dudas, la decisión de la Cámara de Casación Penal representa un importante avance en la lucha contra la impunidad, sobre todo por haber sido ese ámbito, el espacio más obstinado en garantizar la impunidad y provocar a los organismos de derechos humanos con burdas defensas de los genocidas so pretexto del garantismo judicial. Sin embargo las reglas establecidas no resuelven la totalidad de los problemas planteados en torno a los juicios en curso, por lo que consideramos necesario avanzar en la profundización de las medidas adoptadas.

El destino de los juicios no se juega en la arena judicial; no fue allí donde conseguimos derrotar las leyes de la impunidad sino en la calle. Pero para que el reclamo popular se haga sentir hay que superar las diversas banalizaciones que circulan sobre los juicios: desde las simplificaciones que idealizan lo logrado (sin saber muy bien ni cómo ni cuanto es lo que conquistamos) tanto como las descalificaciones nihilistas que llegan a subestimar que el General Videla y el Ministro Martínez de Hoz, símbolos máximos del Genocidio, estén presos como muestra de la condena social a un terrorismo de Estado que soñó clausurar los sueños libertarios que hoy renacen por toda América Latina anunciando que nada ha terminado y todo está por empezar. Para eso sirvieron y sirven los juicios, para volver a soñar con ser libres. Nada menos.

* Abogada de la liga argentina por los derechos del hombres.

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Autor: Sergio

boquense ortodoxo

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