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Un largo camino – la Memoria, la Verdad y la Justicia

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Juliana Marino, embajadora de Argentina en Cuba – http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=7482 

Para los argentinos cada nuevo aniversario del inicio de la última y más sangrienta dictadura militar, es la oportunidad para abordar trascendentales conceptos, para realizar un balance sobre el progreso de los objetivos de Verdad y de Justicia y continuar restañando las heridas y homenajeando a las víctimas y rodeando de afecto a sus familiares.

Es necesario que una vez más destaquemos la incansable lucha de los organismos de derechos humanos contra la impunidad. Durante muchos años, en la dictadura y al comienzo de la democracia, en absoluta soledad, madres y padres, abuelas y abuelos, familiares y compañeros reclamaron, demandaron, buscaron, suplicaron por noticias acerca de sus hijas, hijos y nietos. Iniciaron de esta manera un largo camino que además fue jurídico y que fue conquistando para el derecho de los pueblos, figuras penales que servirían para los propios juicios más adelante y que sin duda servirán para evitar que estos hechos vuelvan a suceder.

En primer término debieron hacerse oír entre las fuerzas políticas a fin de desmontar las leyes de impunidad y el indulto que los primeros gobiernos democráticos habían consentido en un marco donde la relación de fuerzas aún no ofrecía condiciones para llevar a la Justicia a los responsables. No sin enorme dolor recordamos aquellas primeras desgarradoras imágenes donde los familiares pedían “Aparición con Vida” y “Nuestros Nietos dónde están” y a las madres de los desaparecidos, desaparecidas también, devueltas por el mar y enterradas hoy en la Iglesia de Santa Cruz de Buenos Aires.

El paso del tiempo, la certeza de que ellos habían sido muertos y el cerrojo puesto al juzgamiento de los militares, fue encaminando la tarea a derogar las leyes de impunidad y retrotraer el indulto y a consolidar la idea de que crímenes tan aberrantes no pueden ni deben quedar impunes porque hace a la moral y a la ética de una nación mantener la más estricta condena a estos delitos.

La figura del “desaparecido” encontró su formulación jurídica en la figura de la “desaparición forzada de personas” que ya tiene carácter universal; la brutalidad y abyección de las torturas, los asesinatos de militantes y la apropiación de los niños paridos de madres en cautiverio, lograron su calificación como delitos de “lesa humanidad”, por lo tanto imprescriptibles, hecho fundamental para poder juzgar a los responsables aun luego de largo tiempo de impunidad. Todos estos avances en materia penal permitieron, después de dos décadas, que muchos de ellos estén siendo juzgados hoy en juicios orales, de tremenda importancia a fin de que el pueblo en su conjunto haga propia la idea de que nada debe justificar la práctica de la aplicación de tormentos y el homicidio, las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas y la apropiación y violación de sus restos y del derecho de sus familiares a su sepultura.

Hubo una incorporación paulatina de los derechos humanos a la agenda nacional y a la política exterior argentina y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos entraron a formar parte de los principios de nuestra Constitución Nacional y aunque avanzó lentamente como ya se ha dicho, pudo consolidarse definitivamente en mi país, el principio de que un Estado no puede ser terrorista porque deja de ser Estado para pasar a constituirse en una banda criminal. Hoy es posición mayoritaria en la conciencia social de la Argentina que lo inaceptable e imperdonable ha sido el terrorismo de estado, dueño de la vida y de la muerte y de la descendencia de toda una generación de jóvenes argentinos.

En el camino de conceptualización y de construcción de sentido que el debate ha enriquecido, la palabra “genocidio” sumó su impacto para lograr una justicia efectiva.
Cada vez más condenas se están logrando, no solo porque son delitos, como decíamos “de lesa humanidad” y por lo tanto imprescriptibles, sino porque el secuestro, la desaparición, la matanza y el ocultamiento de cuerpos y de niños, conlleva la idea de hacer desaparecer a un grupo humano y también a su descendencia familiar e ideológica. Además la forma de esta represión, tenía el propósito de, como dije el año pasado, hacer constitutivo el terror en la sociedad argentina frente a cualquier idea de cambio. Todo “genocidio” intenta la destrucción de la identidad de grupos generalmente oprimidos y de los vínculos sociales, enajenando al conjunto social de lo que parece que le pasa solo “a algunos” o “a los otros”. No solo puede funcionar como “limpieza étnica”, también proponerse como “limpieza política”.

Cómo no considerar genocidio arrebatar el pequeño niño a una madre que pare engrillada y atada, también encapuchada. ¿Por qué no haberlo entregado a la familia de la secuestrada? ¿Fue solo para ocultar la desaparición?, ¿por cuánto tiempo puede mantener un país este secreto tratándose de miles? Más bien parece resumir un odio irracional a la rebeldía y la falta de subordinación de toda una generación y la idea de suprimir, de hacer desaparecer una idea, de poder decir: nunca existió ni existirá.

Se hizo desaparecer a trabajadores, líderes sindicales, intelectuales, dirigentes estudiantiles, a toda una generación, alguna más implicada en la lucha armada y otra no, pero toda, toda, intelectual y socialmente implicada en la idea de cambio y de revolución. Los jóvenes de mi generación en Argentina teníamos muy poca idea acerca de la democracia. Los golpes de Estado de 1955, de 1962 y de 1966, habían derrocado a gobiernos elegidos (aún con proscripciones) por el pueblo. Tuvieron como propósito aplicar un modelo económico concentrado, dependiente y desigual, luego de un período muy importante de diez años de Estado de Bienestar y consolidación de derechos sociales y soberanía nacional entre 1945 y 1955, década peronista, no apoyada por todas las clases sociales, pero sí por la mayoría del pueblo y cuya memoria guardaban fundamentalmente los trabajadores y las clases más desposeídas.

Por eso hoy cada Poder del Estado, cada sector de la vida nacional está identificando a los cómplices civiles, incluidos los miembros del propio Poder Judicial, a otros verdaderos instigadores, como el recientemente fallecido ex ministro de economía y representante del capital financiero concentrado, Martínez de Hoz. Algunos ámbitos de la economía como la Comisión Nacional de Valores, están llevando adelante sus propias investigaciones y han identificado un importante número de víctimas asesinadas por cuestiones no políticas sino económicas, conflictos de intereses y apropiación de empresas.

En el marco de la definición de los Derechos Humanos como política de Estado, promovida activamente por el presidente Kirchner y la presidenta Cristina Fernández desde 2003, las líneas de trabajo son variadas y en todos los ámbitos. Forman parte de la vida nacional: la búsqueda de los nietos y nietas (más de 100 han sido recuperados de un número estimado de 400 robados y entregados a otras familias), la búsqueda de los cuerpos de las víctimas, la reivindicación en sus escuelas, en sus centros universitarios, en sus actividades, talentosos cineastas, escritores, periodistas, la reivindicación en sus lugares de trabajo y en sus legajos, donde hasta ahora algunos todavía aparecen como “cesante por abandono de tareas”. El libro del cincuentenario de la Casa de las Américas reúne a veces en una misma página a varios de ellos, como Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Raymundo Gleiser o Paco Urondo, estrechamente ligados a esta institución.

Hasta el 2011 el total de militares y civiles responsables procesados era de 843 personas, la cantidad de condenados 267 y se encuentran en curso más de once juicios y se han elevado diecinueve causas más durante el 2012. Se están llevando adelante juicios de siniestros centros clandestinos de detención famosos por su crueldad, como la ESMA o Campo de Mayo o La Perla, en Córdoba y tantos otros; por primera vez se avanza en la identificación de los responsables de arrojar al mar a los detenidos vivos y drogados en los conocidos “vuelos de la muerte” que algunos implicados han comenzado a describir o denunciar.

No quiero dejar pasar la oportunidad, en su propia tierra, para hacer un sentido homenaje a Crescencio Galañena Hernández y a Jesús Cejas Arias, funcionarios cubanos de la Embajada de Cuba en mi país, quienes fueron secuestrados y desaparecidos junto a nueve trabajadores argentinos vinculados a esa sede. El hallazgo imprevisto y casual de tres tanques de petróleo en una localidad de la provincia de Buenos Aires permitió una vez más develar el poder y la extralimitación de las fuerzas de la represión. En uno de los tanques fueron hallados encementados los restos de Crescencio, ¡diplomático extranjero! Sus restos reposan hoy en Yaguajay.

Este caso me permite aquí, aunque brevemente, referirme al siniestro Plan Cóndor, que articuló a todas las dictaduras, y no solo del Cono Sur, en la represión del ideario de justicia social que recorría América Latina y que se llevó también las vidas de insignes sacerdotes y obispos como Monseñor Arnulfo Romero, al que hoy homenajeamos, del Obispo Angelelli de Argentina, de las monjas francesas y de tantos otros vinculados a la Teología de la Liberación.

Lamentablemente toda la experiencia recogida ha dado a Argentina el triste privilegio de liderar en materia de Derechos Humanos en política exterior, y de haber podido contribuir a debates fundamentales de la comunidad internacional sobre prevención del genocidio, la educación sobre el Holocausto y otros genocidios, la prevención en la llamada responsabilidad de proteger, así como en los desarrollos jurídicos en materia de desaparición forzada de personas, el derecho a la verdad o el uso de la genética forense vinculada a los derechos humanos.

Recientemente nuestra Cancillería propuso y logró la creación de la “Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, mecanismo especial instalado a partir de una iniciativa conjunta con Suiza.

Los Estados parte del MERCOSUR y Estados Asociados han renovado su voluntad política sobre la aceptación y verificación judicial de la existencia de una coordinación represiva; hay desarrollos de la Comisión de la Verdad en Brasil o las numerosas condenas judiciales en Chile (condena a ejecutor asesinato de Víctor Jara). De allí que esta evolución en materia de Derechos Humanos en el Cono Sur, en un contexto de paz, de democracia, de debido proceso, es una contribución dolorosamente genuina de nuestra región a la comunidad internacional a fin de lograr erradicar, en un mundo convulso, la tolerancia y el consentimiento a la impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad. Esperamos asimismo que esta contribución tenga un impacto directo en otras prácticas aberrantes que aún sufren nuestras sociedades y que también en Argentina estamos intentando erradicar: la tortura que se mantiene en dependencias policiales, el gatillo fácil y las cárceles que incumplen el deber constitucional de rehabilitar al detenido.

De allí que en mi país, cada 24 de marzo, cientos de miles de personas, de familias enteras con sus hijos, marchen hacia la Plaza de Mayo renovando el compromiso social contra la represión, la impunidad y el Terrorismo de Estado y pidiendo a los represores vivos den información que permita la sepultura de los seres queridos y a las abuelas, que ya están muy viejitas, encontrarse y conocer a sus nietos y a estos ejercer el Derecho a la Identidad, otro bien jurídico conquistado.

Palabras de Juliana Marino, embajadora de Argentina en Cuba, en la II Jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se celebró en la Casa de las Américas este miércoles 27 de marzo

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Autor: Sergio

boquense ortodoxo

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