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Argentina: El mapa del genocidio

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Por Marcos Taire – http://sur.infonews.com/notas/el-mapa-del-genocidio 

 

El armado del aparato represivo de la Operación Independencia se planificó en el Estado Mayor del Ejército. Su primer comandante, Adel Vilas, pretendió en su libro nunca publicado y en folletos y entrevistas posteriores en diarios y revistas, adjudicarse la autoría del plan de operaciones, pero está probado que lo hicieron los jefes de la fuerza con el asesoramiento de un agregado militar francés.

La máxima autoridad operativa fue el Comando de la Quinta Brigada de Infantería, con sede en San Miguel de Tucumán. De él dependía el “Comando Táctico” establecido en la ciudad de Famaillá, que tenía a su cargo las fuerzas de tareas militares asignadas a la “zona de operaciones”. A su vez, las policías Provincial y Federal y la Gendarmería Nacional aportaron fuerzas de tareas que respondían directamente al comandante de la Operación.

Todos estos elementos eran la cara visible, legal, de la Operación Independencia, pero no eran ni por asomo quienes iban a ejecutar la tarea represiva, sucia, ilegal. Ese trabajo lo hizo íntegramente la inteligencia militar.

El Destacamento 142 de Inteligencia del Ejército reportaba en forma directa al Comando, dependía del Batallón 601 y tenía a su cargo la Escuelita de Famaillá, primer campo de concentración de la Operación Independencia y nervio motor de todo el accionar genocida en la primera etapa de la intervención militar.

El capitán (R) D’Andrea Mohr, tenaz investigador del Terrorismo de Estado, fue preciso y concreto: “La inteligencia militar fue el verdadero sistema nervioso que conectó los centros de tortura e interrogatorio con las máximas autoridades operacionales”. Un colega suyo, el capitán (R) Federico Mittelbach, autor del libro Sobre Áreas y tumbas, fue lapidario en la caracterización de ese personal militar: “La guerra sucia estuvo, casi en forma exclusiva, en manos de una elite –despreciable, criminal, pero elite al fin–: los servicios de inteligencia”.

Para llevar a cabo su cometido, el Destacamento 142 contaba con patotas operativas de secuestradores del Servicio de Información Confidencial dependiente de la Policía Provincial, las fuerzas de tareas San Miguel y Concepción y el Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Universidad Nacional de Tucumán.

A poco de comenzar la Operación Independencia, elementos de inteligencia de la Fuerza Aérea y la Armada Argentina llegaron a Tucumán y se sumaron a los grupos de interrogadores.

Las fuerzas de tareas del Ejército tenían un vínculo directo con la Escuelita de Famaillá a través de los chupaderos que funcionaban en cada una de las bases donde estaban acantonados los efectivos militares. En cada una de estas fuerzas de tareas funcionaba un grupo de inteligencia encargado del primer interrogatorio de los prisioneros y que interactuaba con sus superiores del Destacamento 142, con sede en la Escuelita. La reunión de información y planificación de las acciones se realizaba en la sede del Destacamento, en San Miguel de Tucumán.

Los más importantes chupaderos de los efectivos del Ejército funcionaron en las bases militares de los ingenios Santa Lucía, Lules y Fronterita y en los galpones de una finca cañera de Caspinchango. Pero también los hubo en asentamientos militares en los ingenios Bella Vista, La Providencia, La Corona, Marapa, Concepción, Leales, San Juan y San Ramón y en Potrero de las Tablas, Boca del Tigre, Río Seco, Arroyo Barrientos, Las Maravillas, Pabellón de la Ciudad Universitaria de San Javier y Regimiento 19 de Infantería.

El SIC (Servicio de Información Confidencial) tenía su propio campo de concentración que funcionaba en los fondos de la Jefatura de Policía en la capital tucumana. Además, del SIC dependía la Cárcel de Villa Urquiza, donde en una segunda etapa de la Operación, ya bajo la conducción de Bussi, el Pabellón “E” fue destinado a campo de concentración. Los prisioneros allí alojados lo llamaron “Pabellón de la muerte”.

La fuerza de tareas San Miguel, integrada por varios grupos secuestradores, operaba fundamentalmente en la capital provincial y zonas aledañas, en forma conjunta con la patota del SIC, que estaba a cargo de un supervisor militar y del comisario Roberto Albornoz (a)Tuerto. Del campo de concentración del SIC dependían todas las comisarías de la provincia que, en mayor o menor medida, fueron utilizadas por estas patotas como chupaderos transitorios hasta la derivación de los prisioneros a alguno de los campos donde actuaban los torturadores, llamados en la jerga de los elementos de la inteligencia militar IPG (Interrogadores de Prisioneros de Guerra). También fueron chupaderos el Cuartel de Bomberos, el Comando Radioeléctrico y la Escuela de Policía.

Jugar a la guerra. Vilas instaló su “Comando Táctico” en la ciudad de Famaillá, en un edificio público frente a la plaza principal del pueblo.

Este lugar hacía las veces de comandancia en el corazón del “teatro de operaciones” y reportaba al comando de la brigada, asentado en San Miguel de Tucumán. Allí tenían su sede varios equipos de combate del Ejército, encargados de la vigilancia y control de la zona céntrica de Famaillá y de la custodia de Vilas en sus movimientos por la zona.

Al comenzar la Operación, Vilas contó con tres fuerzas de tareas integradas por efectivos del Ejército. A eso le sumó las fuerzas de tareas de Gendarmería y de las policías Provincial y Federal.

La fuerza de tareas “Chañi” fue acantonada en el pueblo de Los Sosa. Su jefatura funcionaba en la escuela del pueblo. Estaba integrada por dos equipos de combate formados por una Compañía del Regimiento de Infantería de Montaña 20 y una batería del Grupo de Artillería de Montaña 4.

La fuerza de tareas “Aconquija” estableció su base en las instalaciones del ex ingenio Santa Lucía. Su jefe era un teniente coronel y contaba con plana mayor y dos subunidades: una compañía del Regimiento 19 de Infantería y otra del Regimiento 287 de Infantería de Monte de Tartagal. Esta base fue la más grande e importante de todas las que emplazó la Operación Independencia.

La fuerza de tareas “Rayo” fue establecida en instalaciones del ingenio La Fronterita. Tenía la misma estructura que la anterior y contaba con dos subunidades: un escuadrón del Destacamento de Exploración de Caballería 140 de Salta y una compañía del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del Estero. Contaba además con un escalón logístico y otro de comunicaciones.

Junto a estas tres fuerzas de tareas la Operación desplegó en la zona montañosa de La Angostura y El Mollar, cercana a Tafí del Valle, el equipo de combate “San Juan” de la Gendarmería Nacional.

A dos semanas del inicio de la Operación, Vilas solicitó y obtuvo que el Tercer Cuerpo de Ejército lo dotara de otra fuerza de tareas, llamada “Cóndor” e integrada por efectivos de la Octava Brigada de Infantería con sede en Mendoza. Esta fuerza de tareas fue instada en el ingenio Lules. También logró Vilas que le enviaran un segundo escuadrón de Gendarmería, bautizado “Jesús María”, que pasó a operar en la zona de San Javier y Villa Nougués.

En realidad, los nombres de los escuadrones de Gendarmería respondían a sus lugares de origen. Se trataba de destacamentos móviles de esa fuerza especialmente adiestrados para la “guerra contrainsurgente”. Un tercer destacamento de gendarmes, el de Campo de Mayo, llegó en esos días y fue destinado por Vilas a la custodia del campo de concentración que funcionaba en la Escuelita de Famaillá.

Los efectivos de Gendarmería comenzaron a cumplir la función de custodios de la Escuelita a raiz de problemas y enfrentamientos ocurridos entre el Ejército y la Policía Federal, que había tenido esa responsabilidad hasta entonces. En realidad, los policías federales habían utilizado esa escuela en construcción desde mediados de 1974, en oportunidad del primer operativo de mayo de ese año, comandado por el comisario Alberto Villar.

Los hombres de la inteligencia militar estaban destinados en todas las bases y acantonamientos diseminados en la provincia. En el Estado Mayor de la Quinta Brigada existía el llamado G-2 al frente del departamento de inteligencia y de él dependían, aunque operaban con muchísima independencia, los llamados S-2, destinados en los regimientos, batallones, destacamentos y grupos de tareas.

Dice el capitán Mittelbach que las designaciones G-2 y S-2 provienen de la jerga militar norteamericana, donde se designa como G-Man al “agente indagador o detective del Departamento de Justicia, y S-2 viene de staff officer (oficial de estado mayor)”.

Si bien es cierto que la metodología represiva aplicada en Tucumán fue diseñada siguiendo las enseñanzas de los franceses, que la habían aplicado en Indochina y Argelia, la mayoría de los oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y de seguridad especializados en inteligencia que actuaron en la Operación Independencia fueron adiestrados en las escuelas norteamericanas de Panamá y Estados Unidos.

Los encapuchados. Las fuerzas de tareas iniciaron su trabajo apenas instaladas en el “teatro de operaciones”. Una escaramuza a orillas de un río provocó un revés que determinó que Vilas ordenara no entrar al monte hasta nueva orden. Fue el llamado “Combate de Pueblo Viejo”, donde murió un oficial y otros tres efectivos resultaron heridos. A partir de allí, las patrullas militares ni se asomaron por el monte a buscar a los guerrilleros del ERP. Se dedicaron a realizar censos de población, patrullajes y controles en las rutas y caminos provinciales. Obviamente, los censos fueron allanamientos violentos, indiscriminados, que reportaron decenas de detenidos, secuestrados, sometidos a interrogatorios en las bases mismas de las fuerzas de tareas. Allí, cada uno de los equipos de combate tenía personal S-2, que eran los encargados de los interrogatorios, es decir, del primer “ablande” de los prisioneros antes de ser liberados o enviados a la Escuelitra de Famaillá.

La fuerza de tareas “San Miguel”, que operaba en la capital tucumana y adyacencias, fue, en la primera etapa de la Operación, la responsable de la mayor cantidad de secuestros que se registraron en Tucumán. Los integrantes de sus cuatro o cinco patotas inauguraron el uso de la capucha para encubrir sus rostros, aportando de esa manera el elemento paradigmático de la Operación Independencia.

Esta fuerza de tareas estaba integrada por una compañía del Regimiento 19 de Infantería, una sección de la compañía Comando y Servicio de la Brigada, la compañía de Arsenales 5 y una sección de la compañía de Comunicaciones 5. Además, contaba con la participación de efectivos de las policías Provincial y Federal. Estos efectivos eran utilizados para rodear y asegurar la zona liberada del operativo. Brindaban así la cobertura a quienes procedían a detener y secuestrar a las personas previamente marcadas. Los operativos secuestradores eran en su mayoría personal de la inteligencia militar o policial.

Junto a los encapuchados de la fuerza de tareas “San Miguel” operaban, alguna veces en forma independiente, otras como apoyo en las acciones, un grupo de tareas de la Guardia de Infantería de la Policía Federal y dos grupos de la policía Provincial, uno en San Miguel de Tucumán y otro en el sur tucumano, con sede en la ciudad de Concepción.

El pacto de sangre. A un mes exactamente del inicio de la Operación, el 9 de marzo, el Comando en Jefe del Ejército adoptó una decisión trascendental: comenzó una política de relevos y rotaciones de jefes y tropa. A partir de entonces y hasta un par de años después, cada treinta días se realizaron relevos de 17 oficiales subalternos y alrededor de 50 suboficiales.

Cada fuerza de tareas comenzó a ser relevada en un período que se extendía entre los 30 y 45 días, aunque en algunos casos los plazos variaron, llegando algunos contingentes a permanecer 60 y hasta 90 días en el lugar. La misma política de relevos se aplicó para los escuadrones de Gendarmería y Policía Federal.

Cada mes comenzaron a llegar a las bases de la Operación Independencia siete u ocho mayores o teniente coroneles nuevos, retirándose de la provincia y regresando a sus destinos de origen la misma cantidad.

Esta política de relevos y rotaciones decidida por las máximas autoridades del Ejército fue fundamentada en la necesidad de enriquecer la experiencia de los cuadros. El mentor de la idea fue el titular del Tercer Cuerpo, general Luciano Benjamín Menéndez, y fue resistida al comienzo por Vilas, quien la objetó aduciendo que de esta forma se retiraba del “teatro de operaciones” a oficiales y suboficiales cuando ya eran poseedores de una experiencia que les permitía afrontar las acciones con mayores posibilidades de éxito.

La verdad es que esta política de relevos y rotaciones tuvo como objetivo sellar el pacto de sangre entre todos los participantes de la Operación Independencia.

La decisión de la cúpula militar apuntó, además, a lograr la participación en la represión de todos los integrantes del Ejército, Se calcula que un noventa y cinco por ciento de jefes, oficiales subalternos y suboficiales tuvieron destino en la Operación Independencia. Recientemente, el ex dictador Bignone reveló que todos los alumnos del último año del Colegio Militar de la Nación “hicieron su experiencia” en Tucumán.

Un claro ejemplo de la masividad del pacto de sangre fue el notable incremento de fuerzas que se registró con el paso de los meses desde el comienzo de la Operación. En forma inversa a la capacidad operativa de la guerrilla, que con el transcurrir del tiempo fue decayendo hasta casi desaparecer, el Ejército aumentó la presencia de sus efectivos en la provincia de Tucumán a cifras incomprensibles e injustificadas.

Entre el 10 de octubre y el 20 de diciembre de 1975, es decir en la etapa final del período conducido por Vilas, se integraron a la Operación Independencia dos nuevos y numerosos contingentes del Ejército: la fuerza de tareas “Aguila”, procedente de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, y la fuerza de tareas “Ibatín”, compuesta por elementos del Regimiento 28 de Infantería de Monte, de Tartagal.

En el transcurso de los seis primeros meses de la Operación, Vilas pasó a contar con seis fuerzas de tareas, el doble de las tres iniciales. En el medio, cambió los nombres de algunas, bautizándolas con los apellidos de supuestos “héroes caídos en combate”. Así fue como las fuerzas de tareas “Aconquija” y “Chañi” pasaron a denominarse “Teniente Berdina” y “Capitán Cáceres”. Para entonces, la guerrilla en el monte había dejado de interesar, no era un peligro y era ignorada por los militares.

En cambio, todo el accionar represivo apuntó al otro “enemigo subversivo”: los obreros del azúcar, los movimientos sociales, los díscolos estudiantes universitarios.

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Autor: Sergio

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