Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal – http://sur.infonews.com/notas/modus-operandi
De acuerdo con el acta secreta N° 31 de la Junta Militar de la última dictadura –una de las 280 encontradas en el subsuelo del Edificio Cóndor hace dos semanas–, en la reunión realizada el 21 de julio de 1977 en el edificio del Congreso de la Nación, los comandantes de las tres fuerzas armadas resolvieron inhabilitar a 31 empresas a las que consideraban “responsables de ocasionar perjuicios a los superiores intereses de la Nación”. La mayoría de esas compañías –enumeradas en el anexo II del acta– pertenecían o habían pertenecido al Grupo Graiver, entre ellas el Banco de Hurlingham. Esto demuestra que la apropiación de empresas formó parte de un plan elaborado y tratado en los más altos niveles de la dictadura cívico-militar.
Para esa fecha, tanto Lidia Papaleo de Graiver y otros integrantes de ese grupo económico, así como Juan y Marcelo Chavanne –propietarios del Grupo Chavanne– y Juan y Luis Grassi –de Industrias Siderúrgicas Grassi–, que habían comprado el Banco de Hurlingham a los Graiver unos meses antes, estaban detenidos ilegalmente, incomunicados y sometidos a interrogatorios bajo tortura para que confesaran supuestas actividades de “subversión económica” que justificaran el despojo de sus empresas por parte de la dictadura, en la mayoría de los casos para beneficio de sus cómplices civiles.
Los grupos de tareas encargados de interrogar a los empresarios a los que se quería arrebatar sus bienes no diferían mayormente –casi siempre estaban integrados por las mismas personas– de aquellos que procuraban extraer información bajo tortura a los disidentes políticos y sociales en los centros clandestinos de detención. Sin embargo, cuando se trataba de interrogar a hombres de empresa, los interrogadores “profesionales” carecían de suficientes conocimientos sobre la materia como para saber qué preguntar y procesar la información. Para eso necesitaban ayuda especializada.
Una investigación realizada este año por la Comisión Nacional de Valores (Economía, política y sistema financiero. La última dictadura cívico-militar en la CNV) demuestra que para la llamada “lucha contra la subversión económica” los dictadores organizaron “equipos de trabajo” integrados por miembros de las Fuerzas Armadas (grupos de tareas para la represión ilegal y oficiales instructores de Consejos de Guerra), del Poder Judicial, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina y la Policía Bancaria. Los “expertos” estaban encargados de elaborar las preguntas que luego los torturadores harían a sus víctimas y, una vez obtenida la información, procesaban los datos. En no pocos casos, estos funcionarios asistían también a las sesiones de tortura, para así poder repreguntar de inmediato o exigir aclaraciones.
La coincidencia en la aplicación de este mismo “esquema de trabajo” en los interrogatorios a los integrantes del Grupo Graiver, que, antes de ser secuestrados, habían sido obligados a desprenderse de sus acciones en Papel Prensa en beneficio de Clarín, La Nación y La Razón, es una prueba más de que la apropiación de la empresa por parte de los tres diarios no fue un acuerdo comercial libremente resuelto por las partes sino una maniobra más de despojo perpetrada con las herramientas del terrorismo de Estado.
Hay pruebas documentales que no dejan dudas. A mediados de 2010, Miradas al Sur reveló la existencia de una serie de minutas secretas que el general Bartolomé Gallino, instructor de los consejos de guerra a los que iban a ser sometidos los integrantes del Grupo Graiver –por entonces detenidos ilegalmente en el Pozo de Banfield–, envió en abril de 1977 al dictador Videla y al secretario general de la Presidencia, general Rogelio Villarreal. En ellas, Gallino relata a sus superiores sus reuniones con los propietarios de los tres diarios con un fin específico. Por ejemplo, en el informe secreto del 9 de abril de 1977, Gallino explica que se reunió con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26% del total del paquete accionario”, para “producir sendos informes”. “Sendos”, aun en el precario discurso del general torturador, significa dos. Gallino dice claramente de qué tratará uno de ellos: “Se preparan los interrogatorios a producir el 11 de abril de 1977”. ¿A quiénes? A los integrantes del Grupo Graiver. El segundo informe contendría la información extraída bajo tortura.
Por entonces, los presidentes de los directorios de Clarín, La Nación y La Razón eran, respectivamente, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Patricio Peralta Ramos. Su papel en las reuniones con Gallino queda más que claro: aportar sus conocimientos en la materia para hacer más eficaces los interrogatorios sobre Papel Prensa (la misma función que cumplían los funcionarios de la CNV y el BCRA en los interrogatorios a otros empresarios) y, luego, por supuesto, beneficiarse con la información obtenida sobre la empresa que acababan de apropiarse en
complicidad con el Estado dictatorial.
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