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Argentina: Más pruebas de la complicidad judicial y civil con la dictadura

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Marcos Taire – http://sur.infonews.com/notas/mas-pruebas-de-la-complicidad-judicial-y-civil-con-la-dictadura 

 

 

El ex juez federal de Tucumán Manlio Torcuato Martínez fue detenido y alojado en la cárcel de Villa Urquiza de la capital provincial, acusado por su complicidad en crímenes de lesa humanidad. Martínez, que integra la elite judicial tucumana, tuvo activa participación durante la segunda mitad de los años ’70, a partir de la Operación Independencia y durante toda la dictadura militar. Su encarcelamiento fue producto de las investigaciones y acusaciones en el marco de la causa Romero-Niklisson en la cual se juzgó y condenó a militares y policías por la ejecución extrajudicial de cinco militantes de la organización Montoneros. El hecho ocurrió el 20 de mayo de 1976, oportunidad en la que el entonces juez Martínez, con su accionar, contribuyó a ocultar la verdad y brindar impunidad a los asesinos.

Una oportuna “descompensación” de Martínez obligó a las autoridades a trasladar al reo a un hospital, donde se encuentra desde el día jueves. Quizás, el ex juez de la dictadura fue acosado por los fantasmas de tantas víctimas que él envió a esa y otras cárceles del país. Incluso debe haber recordado que él ordenó el traslado de Córdoba a Villa Urquiza de Osvaldo Sigfrido Debenedetti para que fuera asesinado en un fraguado intento de fuga. Curiosidades de la vida: Martínez fue encarcelado el día que comenzaron a declarar los testigos en el juicio oral por el crimen de Debenedetti, un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

La decisión de encarcelar a Martínez fue tomada por el juez federal Daniel Bejas, un hombre que dio impulso a las numerosas causas por violaciones a los derechos humanos en una de las provincias más castigadas por el terrorismo de Estado. Bejas hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Alfredo Brito, quien además pidió la elevación a juicio de la causa contra Martínez. Para el fiscal, “las actuaciones judiciales llevadas adelante en la causa Romero-Niklisson patentizaron la función del ex juez federal dentro del esquema de terrorismo de Estado imperante para esa fecha, y sus acciones y omisiones produjeron voluntariamente la legitimación de la ejecución extrajudicial de las cinco víctimas del hecho y aseguraron impunidad para sus autores”.

Manlio Martínez también está imputado por un delito cometido como derivación del asesinato de los cinco militantes montoneros: la persecución y encarcelamiento de Miguel Romano, propietario de la vivienda donde ocurrieron los hechos. El ex juez lo indagó sin abogado defensor y lo detuvo en el centro clandestino de detención que funcionó en la jefatura de Policía, donde fue martirizado por el represor Roberto Tuerto Albornoz. Romano sufría problemas psiquiátricos. La crueldad represiva llevó a que terminara recluido en una institución para enfermos mentales.

Solamente en el período que va desde el Operativo Independencia en 1975 y el primer año de la dictadura militar, Martínez rechazó 325 recursos de hábeas corpus. Para el fiscal Brito, el ex juez “acompañó con su inacción las prácticas genocidas del plan militar, legitimando con sus omisiones funcionales la impunidad que gozaron por años los represores responsables”. A fines del año pasado, ya la Cámara Federal de Apelaciones en un fallo fundamental en la causa, afirmó que “no estamos ante errores humanos en la gestión judicial, sino frente a la tolerancia y encubrimiento de las prácticas del aparato represivo del Estado, garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores”. Los camaristas fueron precisos en la descripción del accionar delictivo de Manlio Martínez: “Su función era no hacer, no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables y, desde su función como magistrado, contribuyó con el terrorismo de Estado permitiendo que muchos delitos de lesa humanidad pudieran cometerse, garantizando la impunidad judicial a sus autores”.

Un poco de historia. Al comenzar el Operativo Independencia el 9 de febrero de 1975, el doctor Jesús Santos era juez federal de Tucumán. Veterano militante peronista, ajustaba su actuación a lo que dicen los códigos. Ello motivó el enojo del jefe militar Adel Edgardo Vilas, quien gestionó y obtuvo rápidamente la remoción de Santos. El juez que ordenó el arresto de Martínez señaló que “Vilas resolvió los problemas que encontraba en la Justicia Federal mediante la remoción de la Cámara de Apelaciones, del juez federal y del fiscal, gestionando que los nuevos nombramientos recayesen sobre personas de inequívoca ortodoxia”. El elegido para reemplazar a Santos fue Manlio Torcuato Martínez.

Santos era odiado por militares y policías por no sumarse a la labor represiva de los uniformados y, ante la falta de pruebas, ordenó la liberación de numerosas personas que arbitrariamente habían sido detenidas en el comienzo del Operativo Independencia. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido con el entonces jefe de la delegación de la Policía Federal en Tucumán, Antonio Fischietti, integrante de la Triple A. Un día llegó hasta el juzgado de Santos, pidió una entrevista y al entrar a su despacho le preguntó si quería conocer la opinión que tenía de la Justicia. Sin esperar respuesta y ante un atónito Jesús Santos, Fischietti desabrochó la bragueta de su pantalón y meó el escritorio del juez federal. Santos no sólo fue destituido: fue encarcelado por la dictadura, que lo mantuvo en prisión un largo tiempo.

El hombre elegido por su “ortodoxia”, al decir de Vilas, fue Martínez. Rechazó y archivó centenares de recursos de hábeas corpus, y desechó todas las denuncias por torturas realizadas por detenidos llevados a su despacho o interrogados en comisarías, cárceles y centros clandestinos de detención. Martínez aceptó como válidas las confesiones arrancadas en las sesiones de tortura y pese a la enorme cantidad de denuncias que se efectuaron en su juzgado por violaciones de domicilio, secuestros y desapariciones de personas, nunca inició investigación alguna para encontrar a las víctimas o a los victimarios.

La acusación contra el ex juez federal de integrar una asociación ilícita para cometer delitos fue expuesta claramente en la causa: “Manlio Martínez tenía un rol asignado en la cadena de mandos del aparato represivo y rendía cuentas de su labor frente a los estratos superiores del mismo”. La Justicia entiende que “formó parte de una asociación criminal cuyo objetivo principal fue eliminar opositores políticos o ideológicos del régimen”. Por eso afirma que su designación como juez, impulsada por el general Vilas, jefe del Operativo Independencia, tuvo “como finalidad aportar el respaldo jurisdiccional que la asociación ilícita necesitaba para funcionar como tal y mantenerse en el tiempo”.

Hechos. Si bien es cierto que Manlio Martínez será llevado a juicio oral solamente por su participación en el encubrimiento del asesinato de los cinco militantes montoneros y la persecución penal a la que sometió al propietario de la vivienda donde ocurrieron los crímenes, hay numerosos hechos que están saliendo a la luz pública y, seguramente, su investigación será impulsada por la Justicia.

Un caso emblemático que sirve para desnudar el accionar militar y la complicidad judicial es el de los hermanos Aranda, asesinados al comienzo del Operativo Independencia. Los Aranda eran dos jóvenes, uno de 18 años y otro de 20, que una noche fueron detenidos mientras estaban en una fiesta de casamiento en la localidad de San Pablo, pocos kilómetros al suroeste de San Miguel de Tucumán. El operativo para detenerlos fue comandado por un militar uniformado que se identificó con nombre y grado y participaron varios vehículos del Ejército. Los Aranda fueron arrancados de la fiesta delante de su madre, otros familiares, amigos y numerosos invitados. Los jóvenes fueron llevados a la tenebrosa Escuelita de Famaillá. Allí los torturaron salvajemente. Fueron vistos por varios prisioneros que sobrevivieron y ya dieron su testimonio ante la Justicia. Al cabo de varios días de golpes y picana, los Aranda fueron llevados al despacho del juez Manlio Martínez. Su estado era lamentable y le dijeron al juez que habían sido bárbaramente torturados. El juez pasó por alto la denuncia y los devolvió a sus captores. Un par de días después, el Ejército informó que en un “combate” entre las fuerzas legales y un comando subversivo habían sido abatidos dos peligrosos cabecillas de la sedición. Se trataba de los hermanos Aranda.

Un joven de apenas 15 años fue detenido acusado de haber participado en la ejecución del capitán Humberto Viola, muerto por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo el 1º de diciembre de 1974. Los militares, en sus comunicados sobre la marcha del Operativo Independencia, lo apodaron “la máquina de matar”. Secuestrado en la Escuelita de Famaillá, por orden de Vilas fue introducido en un ataúd, donde permaneció varios días. Después, fue llevado a declarar ante el juez Manlio Martínez. Allí, entre llantos, firmó un papel que le pusieron delante suyo el juez y elTuerto Albornoz diciéndole que si firmaba saldría en libertad. Su relato es conmovedor: “Me hicieron firmar sin leer, además casi no sabía leer ni escribir”. La Comisión Bicameral que investigó las violaciones a los derechos humanos precisó que “en ese papel se confesaba autor de la muerte de un tal Serapio Ibarra, del copamiento de una unidad militar de Córdoba, de otra de Catamarca, del asalto a mano armada a un policía, de un asalto a un camión cargado de azúcar en la zona de San Pablo, de portación de armas, de tenencia de panfletos subversivos que fueron colocados personalmente por Albornoz la noche del procedimiento en el interior de un guardarropa y de asociación ilícita. Nada de lo que le imputaban había cometido”.

Un obrero ferroviario de los Talleres de Tafí Viejo, secuestrado una noche de su domicilio, tras ser torturado y acusado de delitos que no había cometido fue llevado a declarar al despacho de Manlio Martínez. Ante la insistencia del juez para que se declarara culpable, le enrostró al magistrado: “Ni la policía me exigió que me declare dueño de ese paquete (con panfletos) y en verdad lo único que tiene que hacer usted es tomarme declaración testimonial y no exigirme que declare una cosa que no es cierta”.

El militante peronista Gustavo Herrera, importante testigo de los crímenes cometidos en el “Pabellón de la muerte” de la cárcel de Villa Urquiza, denunció que Martínez no quiso recibir sus denuncias sobre los apremios ilegales que sufrieron él y cientos de presos en ese penal. Su compañera Julieta Locascio, salvajemente torturada por los represores, al ser llevada ante el juez intentó denunciar los apremios mostrándole los golpes y cicatrices que tenía en su cuerpo. Manlio Martínez le respondió, con una sarcástica sonrisa en su rostro: “Son las reglas del juego”.

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Autor: Sergio

boquense ortodoxo

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