Doblemente torturadas

Por Leopoldo Coda – Ilustración Laura Llovera – http://www.lapulseada.com.ar/site/?p=8812

 

La brutalidad ejercida por los represores contra las detenidas en los centros clandestinos ha sido habitualmente excluida de los juicios por crímenes de lesa humanidad. La periodista sobreviviente Miriam Lewin, el fiscal Pablo Parenti y la abogada Susana Chiarotti explican por qué abusos, violaciones y demás vejaciones sistemáticamente cometidas con saña contra mujeres merecen ser juzgadas en sí mismas.

 

“Como militantes estábamos preparadas para soportar esto. Yo estaba convencida de que como mujer me iban a torturar, me iban a picanear, a hacer el submarino, el simulacro de fusilamiento, pero además me iban a violar. Era lo que tenía que soportar por ser mujer y militante”, afirma a La Pulseada la sobreviviente del cautiverio clandestino en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Miriam Lewin, periodista y coautora del libro Putas y guerrilleras (Planeta, 2013), que relata las aberraciones que sufrieron las mujeres en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) en la segunda mitad de la década de 1970.

 

La última dictadura cívico-militar instauró un plan sistemático de avasallamiento a los derechos humanos. La violencia sin límites ejercida por las fuerzas represivas estuvo destinada al aniquilamiento físico de aquellos que consideraban enemigos, pero también buscaba la destrucción psíquica y emocional de las víctimas. Se trató de un disciplinamiento individual para controlar al conjunto de la sociedad. A los tormentos generalizados que aplicaron, los represores sumaron como práctica la violencia de género y sexual. Numerosos testimonios demuestran que estas particulares torturas fueron permanentes durante los años de plomo en la Argentina. Si bien los varones también sufrieron violaciones, las principales víctimas fueron mujeres, que además soportaron la desnudez forzada, el manoseo, la violencia verbal, la presencia del torturador en el baño, la picana en los genitales, y los martirios vinculados a  su condición biológica como gestante.

 

Aunque los ideales de igualdad pugnaban por consolidarse, seguían vivos los históricos patrones morales conservadores que habían ido configurando una subjetividad vinculada al “ser mujer” y a la conducta que, como tal, debía asumirse. Si en el imaginario social la mujer estaba fuertemente ligada al rol de esposa, madre y al cuidado del hogar, los genocidas se ensañaron especialmente con las militantes al considerarlas doblemente transgresoras. “Cuando los militares comprobaban que una detenida era guerrillera, le daban una doble sanción”, afirma en diálogo con La Pulseada Susana Chiarotti, abogada feminista que integra el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Por un lado, explica, se le cuestionaba que participase en una organización que consideraban subversiva y, por otro, “era una doble trasgresión salirse del rol esperado por la sociedad e ir al espacio público y participar en política. Entonces, el mensaje era: ‘Te vamos a recordar cuál es tu lugar’”.

 

En esta imagen de la mujer que sostuvieron los militares, el paso de la sacralización a la demonización dependía de su tolerancia. Si las mujeres militaban, estaban dejando su rol asignado y, como eran las depositarias del cuidado familiar, también se las responsabilizaba por la participación política de sus hijos.

 

Chiarotti cuenta que “el represor Mario ‘Cura’ Marcote le lamía la leche que le salía de los pechos a una detenida a la que le habían arrancado de sus brazos un bebé de 8 meses, y le decía: ‘Mirá qué mala madre que sos, si no fueras quien sos, si no te hubieras metido en esto, en este momento tendrías que estar dándole el pecho a tu hijo’”. Ese tipo de relato brutal está presente en todas las prisioneras: “Aguantatelá”; “Vos tendrías que estar en tu casa”; ‘Esto no es lugar para las mujeres”. Susana agrega que “había un ensañamiento, sobre todo si se trataba de una militante importante, a la que destruían porque les daba prestigio”.

 

En el mismo sentido, Miriam Lewin, secuestrada el 17 de mayo de 1977 en la Ciudad de Buenos Aires y cautiva en la ESMA, señala: “Ellos consideraban ‘putas’ a las militantes y se ensañaban en la tortura, gritándonos ‘¡¿Con cuántos tipos te acostaste?!’, ‘¡¿en cuántas orgías estuviste?!’. Cosas que no tenían relación con la información que querían obtener en el interrogatorio bajo tortura, ni con sus tareas de inteligencia, sino que tenían un afán denigratorio; era un vejamen adicional”.

 

En su declaración en el Juicio a las Juntas en julio de 1985, la periodista recordó que cuando llegó al lugar donde estuvo en cautiverio antes de su traslado a la ESMA  le preguntaron por su amiga Patricia Palasuelo, a quien acusaban de haber puesto un explosivo en el edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea. “Tenés que decirnos dónde está Patricia, vos tenés que saber”, insistían. “Me desataron las piernas y me levantaron un poco la goma [que le cubría los ojos] y pude ver que un hombre exponía sus genitales muy cerca de mí, y me dijo: ‘Te vamos a pasar uno por uno, hija de puta’”.

 

Ahora, para La Pulseada, Lewin afirma: “No dudé que esto iba a pasar. Era lo que tenía que soportar por ser mujer y militante”. Y agrega: “Ellos nos tenían estereotipadas como promiscuas sexualmente, malas madres, con un profundo desapego por la familia, que dejábamos atrás a nuestras parejas e hijos para dedicarnos a la empresa maléfica de conseguir el socialismo en la Argentina. Este pensamiento —continúa— daba de bruces con el modelo de mujer sumisa, bien arreglada, absolutamente dedicada a los hijos y al reposo del guerrero. A nosotras nos querían forzar a volver a ese ideal. Nos castigaban por habernos apartado de ese modelo de cómo tenía que ser una verdadera mujer”.

 

En la obra Poder y desaparición: los campos de concentración en la Argentina, la periodista Pilar Calveiro describe que el cuerpo femenino aparece en casi todos los informes y testimonios sobre tortura como un objeto especial para los represores: “El tratamiento de las mujeres incluía siempre una alta dosis de violencia sexual. Los cuerpos de las mujeres —sus vaginas, sus úteros, sus senos—, ligados a la identidad femenina como objeto sexual, como esposas y como madres, eran claros objetos de tortura sexual”. En tanto, Lewin compara: “Desde las primeras épocas de la historia, todos los ejércitos vencedores, incluso algunos libertadores como el ‘Rojo’ entrando en la Alemania nazi, consideraron que los cuerpos femeninos eran de su propiedad, y que, apropiándose de ellos enfrente de sus compañeros, maridos, padres, hermanos, les infringían otra derrota a esos varones. Entonces, cuando los genocidas nos violaban delante de nuestros compañeros de militancia, el mensaje también era para ellos”.

Invisibles

No obstante la claridad con la que diferentes relatos grafican la sistematicidad y la especialidad de las aberraciones cometidas contra las mujeres cautivas, éstas quedaron invisibilizadas en el orden jurídico bajo la figura de “tormentos agravados”, lo que prolongó el trato discriminatorio ya en democracia. La situación empeoró con el silencio que cubrió la bestialidad de la dictadura tras el dictado de las leyes “de Obediencia debida” y “Punto final”. A partir de 2003, cuando se anularon estas normas de la impunidad y pudieron volver a realizarse los juicios por crímenes de lesa humanidad, la Justicia consideró que estos delitos habían prescripto, porque los tipificaba como “eventuales”, fuera del marco del plan sistemático de avasallamiento. Sin una mirada de género que permitiese visibilizar la particularidad, los fiscales no iniciaron actuaciones para investigar estos hechos.

 

Durante su gestión al frente de la Unidad de Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos creada en el Ministerio Público Fiscal, el actual coordinador de la Unidad Especializada en Apropiación de Niños durante la última Dictadura, Pablo Parenti, elaboró el documento “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”, con elementos teóricos y prácticos para que fiscales y jueces pudieran dar un salto en la materia. En declaraciones para La Pulseada, Parenti descarta que estos hechos puedan quedar subsumidos en los “tormentos agravados”.

 

Algunos jueces, aclara, entendían que la violencia sexual en esa etapa sólo se había producido en “hechos excepcionales decididos por algunos represores que aprovechaban la situación de cautiverio”. Sin embargo, eso no invalida que se los juzgue como delitos de lesa humanidad. Para que una conducta se encuadre de ese modo “tiene que haber sido parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil —señala— y es claro que la violencia sexual ejercida es explicable por la situación de cautiverios y violencia que el Estado desplegó”. Para concluir, el funcionario destaca que “los autores de estos hechos tenían total impunidad para cometerlos y las víctimas, la misma indefensión frente a otro tipo de torturas”.

Las capas de la cebolla

Con la reapertura de las causas penales contra los genocidas, las víctimas pudieron expresar los vejámenes sexuales padecidos durante sus detenciones. Esa verdad plasmada en cada proceso se ha vuelto algo liberador y reparador para muchas mujeres, que —en muchos casos, por primera vez— pudieron contar ante un tribunal, su familia y el conjunto de la sociedad atrocidades ocultas durante años.

 

Parenti resalta el trabajo de los organismos de derechos humanos en este aspecto: “Desde hace un tiempo vienen buscando incidir en las prácticas de los operadores judiciales del fuero federal para lograr por un lado la individualización jurídica de los delitos contra la integridad sexual como vulneraciones autónomas y crímenes de lesa humanidad no subsumibles bajo el delito de torturas y tormentos, y por otro, la correspondiente imputación de responsabilidad penal a sus perpetradores ideológicos y materiales, y la reparación a las víctimas”.

 

Ese lento pero perseverante trabajo de reconstrucción de la memoria y la verdad encarado con coraje por los sobrevivientes fue permitiendo profundizar los procesos judiciales y desde 2010 existen en Argentina causas y sentencias donde aparece la violencia sexual. La primera vez que se pidió que estos ataques fueran juzgados de forma autónoma fue en la megacausa conocida como “Campo de Mayo”, que tramita en la Justicia Federal de San Martín. Como integrante del CLADEM, Chiarotti se presentó como amicus curiae por dos mujeres que denunciaron la violencia sexual que sufrieron en el barco Murature, en Zárate, por parte de militares. Sin embargo, el tribunal consideró que “las violaciones no eran muchas ni sistemáticas”. “Con la bronca por la injusticia que se volvía a cometer contra estas dos mujeres que se animaban a declarar, decidimos trabajar en función de la carga que nos dejó ese rechazo”, cuenta Chiarotti.

 

Los argumentos fueron tomados por la querella en la “causa Barcos”, donde por primera vez una sentencia mencionó una violación en un CCD. Los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, al fallar contra Horacio Barcos, un agente civil de Inteligencia de esa provincia, consideraron que la violencia sexual que ejerció constituye una forma más de tormentos y, por ende, un crimen contra la humanidad. Sin embargo, “el fallo no agrega una pena porque el fiscal no había acusado separadamente”, explica la letrada.

 

La segunda sentencia donde aparece la violencia sexual se produjo en Mar del Plata, donde un tribunal condenó al ex subjefe de la Base Aérea local, Gregorio Molina, entre otros delitos, por violación en forma reiterada. Ese fallo sentó un precedente para visibilizar y dar autonomía a este crimen respecto de otros. Luego siguió un juicio en Rosario, donde se mencionó como autor de sucesivas violaciones a Mario “El Cura” Marcote, conocido como “el violador oficial”. Para Chiarotti, la justicia federal de esa ciudad “se quedó a mitad de camino porque —si bien condenó a Marcote por esos hechos— no sancionó la responsabilidad de los comandantes (encargados del lugar), que conocían hasta el vuelo de las moscas del CCD que funcionó en la sección Informes de la Jefatura de la Policía de Rosario. Además de la responsabilidad inmediata queríamos que se castigara la responsabilidad mediata”, enfatiza.

 

Fue en una causa por crímenes cometidos en un CCD de Mendoza donde finalmente se obtuvo la sanción esperada por los organismos de derechos humanos. Además de la responsabilidad inmediata, la justicia condenó a Luciano Benjamín Menéndez por delitos de lesa humanidad y violación sexual contra Silvia Ontiveros, Vicenta Zárate y Stella Maris Ferrón. Menéndez era el responsable de todo lo que pasaba en los CCD que estaban bajo su jurisdicción (el Tercer Cuerpo del Ejército, que abarcaba una decena de provincias del Noroeste y de la región de Cuyo). Se condenó también a los tres comandantes Juan Oyarzabal, Eduardo Smaha y Armando Fernández como autores mediatos. En un fallo inédito, se encuadró la violación sexual como delito de lesa humanidad por entender que fueron una“práctica sistemática” avalada por las jerarquías militares.

 

Chiarotti concluye: “Sin dejar de que se considere la violencia y violación sexual como una cuestión torturante, había que llamar la atención sobre esto porque era algo atroz que había sucedido y no se castigaba. También para mostrar al represor tal cual es, ya que se mostraban a sí mismos como puros, profundamente religiosos, que querían salvar a la patria de la escoria de la subversión para restaurar la moral y el orden”.

 

Parenti contextualiza que el proceso penal “arrancó con lo más obvio, que eran los CCD, la tortura, los crímenes que ya se conocían y sobre lo que había muchísimos testimonios”, y “luego, como toda investigación, se fue diversificando y llegando a aspectos que quizá no eran acuciantes en el minuto uno. Así aparecen las pruebas respecto de la complicidad judicial, el rol de los empresarios, de la Iglesia y del periodismo. Ahora se busca poner la lupa sobre los delitos sexuales. Por eso la Justicia no debe fijarse límites de antemano”.

 

Para Lewin “todavía hay mucho camino para recorrer, para conocer la verdad, porque los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la Argentina se investigan de a poquito, como si fueran las capas de una cebolla. Aún quedan muchas capas que tienen que ser separadas para llegar al núcleo. Probablemente no nos alcance la vida para eso y sean ustedes los que lleguen al centro”.

Hacia un protocolo

Pablo Parenti lamenta que ningún tribunal con competencia nacional ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya elaborado un protocolo que establezca los pasos a seguir cuando se denuncia violencia de género o sexual, para evitar situaciones confusas y facilitar a las víctimas un ambiente adecuado y respetuoso de su  estabilidad emocional para testimoniar. Además, destaca la necesidad de que los tribunales organicen la escena de los juicios en lugares propicios, para “garantizar la tranquilidad del testigo” que permita “que la experiencia del testimonio sea reparadora y no traumática, y pueda fluir todo lo que la persona tiene para aportar”.

Historia en primera persona

En el libro Putas y guerrilleras (Planeta, 2013), las periodistas argentinas Miriam Lewin y Olga Wornat denuncian la violencia sexual ejercida por los represores en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico militar, con las mujeres como principales víctimas. Las autoras, que eran militantes durante los ‘70 y estuvieron privadas de la libertad, cuentan en primera persona los padecimientos sufridos en el encierro y recopilan una decena de testimonios de otras mujeres que sufrieron torturas, abusos y violaciones, entre otras formas de violencia sexual. Las historias presentes en este libro significan un aporte novedoso al relato de los sobrevivientes sobre su situación de detención. Además, el libro se pregunta por el rol de la mujer en la sociedad en general y cuestiona al lugar que las propias organizaciones políticas daban a la mujer, con una perspectiva machista.

¿Ha fracasado el socialismo?

Vicenç Navarro* – http://www.lr21.com.uy/mundo/1194955-ha-fracasado-el-socialismo 

 

El enorme dominio de las fuerzas conservadoras y neoliberales en el mundo intelectual, mediático y político explica la percepción, ampliamente promovida durante los últimos treinta años, de que el capitalismo, a pesar de sus obvias deficiencias, es un sistema económico mejor que su alternativa, el socialismo. El colapso de la Unión Soviética, presentada como la máxima expresión del socialismo real, dio pie a que esta percepción se generalizara. Desde Francis Fukuyama al Papa Juan Pablo II, se presentó el capitalismo como el único sistema válido para permitir el desarrollo humano. Este Papa preguntaba en su encíclica Centesimus Annus “¿Debería el capitalismo ser el sistema económico preferido para construir la economía y la sociedad? ¿Es este el modelo que los países del Tercer Mundo deberían escoger en su camino hacia el progreso económico y social?… Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el rol positivo que tienen el mundo de los negocios, el mercado, la propiedad privada de los medios de producción que permitan que se desarrolle la creatividad humana en el sector económico, entonces, la respuesta a esas preguntas es definitivamente afirmativa”.

 

Ante las múltiples afirmaciones de que el capitalismo es el mejor de los sistemas, las izquierdas han respondido, por regla general, de una manera defensiva (acentuada después de la desaparición de la Unión Soviética), subrayando que lo que existía en la URSS no era socialismo, observación que se ha extendido a muchos otros países, como Cuba, indicando que, en realidad, tales países no tenían ni tienen socialismo. Es interesante aclarar que estas declaraciones se hacen mientras un niño muere de hambre en el mundo capitalista cada diez segundos, con 3,1 millones de niños muertos cada año como consecuencia de la malnutrición.

 

Ahora bien, para poder analizar la superioridad de un sistema económico sobre otro hay que definir primero el significado de los términos Capitalismo y Socialismo. Capitalismo es la producción privada de bienes y servicios para el beneficio y ganancia de aquellos que poseen y controlan tales medios de producción. Socialismo es el sistema de producción y distribución en el que los principales medios con los que se realiza la producción son públicos, con las instituciones estatales (sean centrales, regionales o locales) jugando un papel clave en la producción y distribución de aquellos bienes, siguiendo el principio de “a cada ciudadano según su necesidad, de cada ciudadano según su capacidad”.

 

Naturalmente que las sociedades actuales, dentro de su complejidad, tienen diferentes formas de propiedad. De ahí que, para evaluar la mayor o menor capacidad de resolver las necesidades humanas de un sistema capitalista versus un sistema socialista, se pueden comparar países con sistemas económicos capitalistas con otros con sistemas económicos socialistas, pero también pueden compararse países capitalistas que hayan tenido partidos gobernantes de sensibilidad socialista, con otros donde tales partidos y/o movimientos no hayan existido o su fuerza haya sido menor.

 

Y antes de comenzar estas comparaciones, valga subrayar que uno de los indicadores más importantes del bienestar en un país es su salud, que depende, no tanto de los servicios sanitarios existentes en el país, sino de determinantes económicos, sociales y políticos que la configuran, entre los cuales la distribución de recursos juega un papel clave.

 

Veamos ahora los datos, continente por continente, en un mundo en el que, como he indicado, un niño muere cada diez segundos debido a malnutrición en el mundo –predominantemente capitalista- donde no hay, a nivel mundial, ninguna escasez de alimentos. En realidad, en los países desarrollados los Estados pagan a los agricultores para que no produzcan más alimentos.

 

AMÉRICA

Cuba ha sido uno de los países más vilipendiados de América Latina, despertando una enorme hostilidad entre los establishments estadounidenses, latinoamericanos y europeos, hostilidad que se ha extendido a aquellos países que han intentado una transformación profunda de los sistemas de propiedad de aquel continente, conocido como uno de los más desiguales del mundo.

 

Si miramos los indicadores de salud, sin embargo, los indicadores de mortalidad en Cuba están entre los mejores de Latinoamérica. Ningún otro país en aquel continente ha visto una mejora tan grande de sus tasas de mortalidad (en cada uno de sus grupos etarios), siendo hoy el país con menor mortalidad en aquel continente. Cuba tiene el nivel de malnutrición más bajo de América Latina, siendo el país que ha disminuido el nivel de malnutrición de una manera más notable desde 1960. Algo parecido ocurre en cuanto a su situación ambiental. El 75% de las viviendas están conectadas a la red de agua potable, uno de los porcentajes más altos de América Latina, siendo uno de los países con menos disentería. Tiene también el nivel de educación más alto de América Latina.

 

En base a esta experiencia, parecería que la propuesta de Juan Pablo II estaría equivocada. Si el resto de América Latina tuviera la mortalidad infantil de Cuba, se salvarían dos millones de niños al año. Ni que decir tiene que el sistema político, carente de democracia representativa, no lo hace atrayente para personas con sensibilidad democrática. Pero la evaluación de Cuba tiene que hacerse con países de semejante desarrollo cuando tuvo lugar la revolución cubana. Y es ahí donde la capacidad de resolución de problemas básicos de los seres humanos del sistema socialista (con sus muchas limitaciones) es claramente superior a la del sistema capitalista. Y es también justo subrayar que, en la mayoría de países de Latinoamérica que han sido gobernados por partidos socialistas, se han conseguido mejoras más sustanciales para las clases populares (como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay o Nicaragua, entre otros) que en aquellos gobernados por partidos de sensibilidad liberal y conservadora.

 

ASIA

Una comparación entre los indicadores de salud de China (durante muchos años con un régimen socialista) y la India (economía capitalista) muestra también la superioridad del sistema socialista. En 1942, los indicadores de China eran mucho peores que los de la India. En los años 1990, la mortalidad infantil era mucho mejor que en la India (cuando había sido mucho peor). Algo parecido en cuanto a la mortalidad de niños de 1 a 4 años. En los años 1990, la altura promedio era ya mayor en China que en la India. Es interesante subrayar que estas mejoras se debieron más a la redistribución de recursos que al crecimiento del PIB. Sin embargo, tales indicadores se han deteriorado en China a raíz de las reformas liberales introducidas por el gobierno comunista en los últimos 30 años. Los grandes descensos en la mejora de la mortalidad se han producido a partir de la introducción del capitalismo en China en los años 1980. Una evolución semejante ha tenido lugar en los niveles de educación y nutrición infantil, con una mejora más notable de la que ha tenido lugar en la India (incluso con niveles de riqueza económica semejantes).

 

Es interesante que, incluso dentro de la India, aquellos Estados gobernados por partidos con un compromiso socialista, como Kerala, han tenido (desde 1957) una evolución de los indicadores de salud, educación, nutrición y vivienda mejor que la del promedio de la India. La mejora ha sido particularmente acentuada entre las mujeres.

 

Otra experiencia interesante ha sido en los países asiáticos pertenecientes a la Unión Soviética. La comparación de los indicadores de salud de esas repúblicas (Kazakstán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) muestra que evolucionaron más rápidamente que los de los países comparables y limítrofes en Asia.

 

En África, la experiencia socialista no ha existido o no ha sido notable.

 

EUROPA

En Europa, las Repúblicas Soviéticas no tuvieron indicadores mejores que los de los países con economías capitalistas. En 1975, la URSS tenía una esperanza de vida de 70,4 años, solo 8 meses más corta que la de EEUU. Ahora bien, era más larga que la de Finlandia y Portugal, y solo ligeramente inferior a la del Reino Unido, Japón, o la República Federal de Alemania. Esta comparación actual olvida, sin embargo, que históricamente la evolución en la Unión Soviética comenzó desde unos niveles mucho más bajos. En realidad, en los primeros treinta años (1917-1947), su evolución, no solo social, sino también económica, fue un gran éxito, como lo demuestra que fuera capaz de derrotar a Alemania en la II Guerra Mundial. Incluso Winston Churchill reconoció que la que derrotó a la Alemania Nazi fue la Unión Soviética. El sistema socialista de producción mostró claramente su superioridad. Fue la evolución posterior la que disminuyó el gran potencial de aquella revolución, como escribí en mi libro Social Security and Medicine in the USSR, cuya distribución fue prohibida en la Unión Soviética.

 

Hay pocas dudas, pues, de que, en el contexto del mundo subdesarrollado, donde todavía hoy vive la mayoría de la humanidad, el socialismo es un sistema económico mejor que el capitalismo.

 

Los países desarrollados se han mantenido dentro de la esfera de las economías capitalistas y ninguno la ha abandonado. Pero esta situación no puede presentarse como un indicador de la supremacía del sistema capitalista. En realidad, los países donde han gobernado por más tiempo partidos políticos comprometidos con el socialismo (partidos socialdemócratas aliados a partidos comunistas o progresistas) tienen mejores indicadores de salud y bienestar que aquellos gobernados por partidos conservadores y liberales. El establecimiento del Estado del Bienestar es una conquista de la socialdemocracia europea. Y tal conquista se desarrolló como un avance hacia el socialismo. En el país donde esta estrategia avanzó más, Suecia, los avances del Estado del Bienestar, en lugar de coaptar a la clase trabajadora al sistema capitalista (como algunas voces izquierdosas sostienen), sirvieron para empoderarla, exigiendo cambios en la propiedad del sistema productivo a través de las reformas Meidner. Estas reformas consistían en que los trabajadores adquirían, con la plusvalía generada, acciones en las empresas, alcanzando así a tener la propiedad de la entidad anónima. La enorme resistencia del empresariado impidió el cambio.

 

El gran cambio de la socialdemocracia fue el rechazo y abandono de sus estrategias políticas, eliminando, desde Blair y Schröder antes, a Renzi y Valls ahora, cualquier atisbo de compromiso con el socialismo, habiendo desaparecido cualquier intención de alcanzar este sistema. Pero su existencia ha sido responsable de que Suecia y Noruega sean los países con mayor calidad de vida (diluida recientemente en Suecia por las reformas pro-capitalistas de las derechas), resultado de ser los

únicos países que desde 1945 han sido gobernados más años por partidos pro socialistas que por partidos pro capitalistas.

 

En base a esta experiencia, es difícil estar de acuerdo con el Papa Juan Pablo II. En realidad, la fuerza de los hechos parece haber cambiado la postura del Vaticano cuando, bajo el Papa Francisco, este ha reconocido recientemente que el capitalismo no es el mejor sistema, admitiendo, a su vez, que las fuerzas socialistas, con sus distintas sensibilidades, han hecho más para mejorar el bienestar de las poblaciones que las fuerzas pro capitalistas. (Le Monde Diplomatique)

 

* Vicenç Navarro Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra, profesor en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore

CNU: Investigan el entramado que garantizó impunidad a los integrantes

Juan Carrá – http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/investigan-el-entramado-que-garantizo-impunidad-a-integrantes-de-la-cnu-5721.html 

 

 

Para que exista un prófugo, hay una red que permite sostenerlo en la clandestinidad con dinero, vivienda y documentación apócrifa. La Justicia Federal investiga quiénes y cómo, consiguieron que tres integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) imputados por delitos de lesa humanidad, permanezcan  en la clandestinidad durante años. La investigación empezó a partir de una presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) a cargo de José Sbatella y que tomó curso en la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata a cargo de Pablo Larriera.

 

Según el escrito del fiscal en el que acepta la competencia, se apunta a Fernando Federico Delgado, Fernando Alberto Otero y Raúl Arturo Viglizzo, todos ellos imputados en causas por  violaciones a los derechos humanos vinculadas a crímenes de lesa humanidad. De los tres  militantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), sólo Delgado sigue prófugo, mientras que Otero y Viglizzo lo estuvieron durante un largo tiempo, pero ya fueron capturados.

 

La CNU nació en 1968 como una fuerza de choque dentro de la derecha peronista y en 1975 se convirtió en una herramienta del Estado. Dependía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de las Fuerzas Armadas.

 

Averiguar de qué manera los prófugos pudieron obtener los recursos económicos y financieros que les permitieron solventarse durante los años en que se mantuvieron en la clandestinidad –en el caso de Delgado se sostiene hasta hoy– es la intención de la Justicia con el fin de desbaratar la red que, se presume, no tendría que ver con vínculos individuales, sino con una estructura interrelacionada.

 

Larriera pidió a al Juzgado que se libre un oficio a la UIF, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a la Inspección General de Justicia (IGJ), a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, al Registro Público de Comercio, al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que den todo tipo de información vinculada a los imputados para armar un perfil patrimonial de cada uno de ellos y las posibles estructuras financieras de las que puedan ser parte. En el escrito Larriera pide: “se dicten las medidas cautelares correspondientes a los fines de bloquear los flujos económicos que operan con la única finalidad de lograr y mantener la impunidad de los crímenes de lesa humanidad imputados”.

Los detenidos y el prófugo

Los tres imputados tenían pedido de captura nacional e internacional por parte del juez Federal Santiago Inchausti. Cualquier dato sobre su paradero cotizaba 100 mil pesos. Según el expediente de la causa 13.793, caratulada “Averiguación de delito de acción pública (C.N.U.)”, Otero está acusado de integrar una asociación ilícita conducida por el ex fiscal Gustavo Demarchi para cometer distintos delitos como los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg, Daniel Gasparri, Jorge Stoppani y María del Carmen Maggi. La situación de Viglizzo es similar. Según analizó la Justicia, es uno de los ideólogos de la CNU junto con el ex fiscal Gustavo Demarchi, que también está detenido en la misma causa.

 

Fernando Federico Delgado, es un marplatense que formó parte de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) y que integró el aparato represivo del Estado durante la última dictadura cívico militar. La justicia ordenó su captura el 14 de mayo del año pasado por su participación en el secuestro del periodista y ex titular del sindicato de prensa marplatense, Amilcar González, el 25 de marzo de 1976.

Fondos Buitre: presión económica y desestabilización

Silvina M. Romano * – http://www.la-epoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id=3879 

 

 

“… han recurrido a la enorme maquinaria de los medios de difusión -instituidos para irradiar la verdad a todos los ámbitos del mundo-, y los han prostituido haciéndolos un instrumento de mentira y de calumnia, y han pegado a las espaldas de Guatemala la etiqueta de ‘comunismo’ (…) Es doloroso que se clasifique así a todo movimiento nacionalista o independentista, lo mismo que a toda acción anti-imperialista o antimonopolista de los países que por mucho tiempo han tenido al cuello la soga de la explotación económica…” (Toriello, canciller guatemalteco, Décima Conferencia Interamericana, Caracas marzo de 1954)

 

En los últimos meses se ha profundizado el conflicto por el pago la deuda externa Argentina. Desde los sectores conservadores y siempre dispuestos a hacer lo que hay que hacer para estar del “lado bueno del capitalismo” (es decir, cumplir con las reglas que pone la elite del poder de los países centrales), se subraya una y otra vez la equivocación por parte del gobierno de Cristina Kirchner, que debería adecuarse a los deseos y condiciones impuestas.

 

Sin embargo, también han proliferado las reflexiones de economistas y politólogos que cuestionan el accionar del sector privado a través del poder judicial estadounidense, resaltando las improcedencias legales del reclamo de la minoría que pretende cobrar más que la mayoría de los tenedores de bonos de la deuda, en base a lo negociado durante la gestión de Néstor Kirchner. Estas voces acuerdan en que no se trata de una cuestión económico-financiera, sino política, en tanto el endeudamiento y las condiciones para pagarlo dan cuenta de la dependencia en la toma de decisión, es decir, de la falta de soberanía.

 

Nos gustaría profundizar en la “cuestión política” de la deuda (que es un asunto más bien de economía política) retomando uno de los procesos clave en la historia de América Latina terminada la Segunda Guerra Mundial: el derrocamiento en Guatemala (junio de 1954) del presidente Jacobo Arbenz, cuyo natalicio se celebra en este mes de septiembre.

 

Encontramos varios puntos de continuidad en las estrategias de profundización de la dependencia planteadas por el sistema financiero internacional, amparado e impulsado por el gobierno estadounidense. Tomaremos dos: la presión económica y la guerra psicológica, mecanismos vinculados entre sí, fundamentales para la reproducción de las relaciones desiguales y que adquirieron especial importancia durante la Guerra Fría.

 

Con respecto a la presión económica, debemos recordar que la Carta de la OEA (1948) en su capítulo IV, art. 20 afirma: “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza”, de modo que la presión económica es una forma de intervencionismo en la soberanía de un país. Ni hablar si se trata de presión por parte del sector privado extranjero a un Estado, situación que sería contradictoria no solamente los atributos de estatidad más básicos de un país, sino que iría en contra de los principios de la unidad continental (la impulsada por Estados Unidos), tal como figura en las principales discusiones desde la primera reunión en Washington (1889) de la Unión Panamericana. Desde aquel momento, el eje de la unidad fue el principio de la no intervención (mientras Estados Unidos planteaba esto como resguardo de las potencias europeas, léase Doctrina Monroe, el resto de los países lo pensaban para contrarrestar el expansionismo estadounidense). No obstante, a inicios del siglo XX, la Doctrina Taft complementó a la Doctrina Monroe al establecer que el gobierno estadounidense podía arrogarse la capacidad de “garantizar el cobro de deudas”, apelando incluso al uso de la fuerza.

 

Volviendo a la posguerra, el caso de Guatemala es emblemático, pues Arbenz llegó al gobierno con un programa de corte más bien cepalino, es decir, planteando medidas orientadas a desarrollar el mercado interno y la industria sustitutiva, para lo cual se planteaban como necesarios dos pasos previos: la reforma agraria y la regulación del capital extranjero. Esto era indispensable, pues hasta el momento, el holding comandado por la empresa estadounidense United Fruit Company manejaba no sólo la producción y comercio del banano (que junto con el café era la principal exportación del país), sino el suministro de energía eléctrica, el ferrocarril, el puerto y la flota mercante. La empresa era propietaria de buena parte de las tierras cultivables y empleaba un número importante de trabajadores. Lo que el gobierno guatemalteco buscaba, entonces, era recuperar sus recursos para tomar decisiones orientadas a la redistribución de los mismos (algo que en aquel momento se asoció al comunismo y hoy se denominaría como “populismo”).

 

Desde la perspectiva de funcionarios estadounidenses, estas pretensiones entraban en conflicto directo con los intereses de su país y el condicionamiento económico (la extorsión) -al igual que sucede en la actualidad- era una de las estrategias más asequibles para persuadir a Arbenz. Pero también se tenía conciencia de los límites establecidos por los tratados interamericanos. En un documento desclasificado, un funcionario estadounidense expresaba: “La presión económica es un modo de intervención, viola los acuerdos de no intervención (…) que es la piedra angular de nuestra política exterior respecto de América Latina. Si se vuelve obvio que estamos violando este acuerdo, otros gobiernos latinoamericanos se pondrán del lado de Guatemala. América Latina teme más a la intervención estadounidense que al comunismo” (FRUS 1951, the United Nations; the Western Hemisphere (1951) Guatemala, p. 1440-1441).

 

Estas percepciones eran correctas, por eso el gobierno estadounidense tuvo que combinar esa estrategia con otros mecanismos de presión cuando Arbenz decidió llevar a cabo sus promesas. Con el decreto 900 de 1952, se legalizó la reforma agraria en Guatemala, orientada especialmente a expropiar y redistribuir tierras ociosas. Esto perjudicó los intereses de las compañías estadounidenses en el país. A partir de ese momento, los rumores sobre las inclinaciones comunistas del gobierno se transformaron en serias aseveraciones publicadas en los medios de prensa locales e internacionales.

 

Este es un punto interesante, porque nos remite a la guerra psicológica, definida por el Departamento de Estado estadounidense como una batalla por los corazones y las mentes a favor de la “libertad y la democracia”. Las herramientas de esta guerra son los medios de comunicación masiva, en aquel entonces la prensa y la radio, para elaborar y propagar determinadas imágenes e imaginarios. Pero también forman parte de esta guerra la presión económica y los operativos encubiertos.

 

A pesar de la difamación del gobierno guatemalteco a manos de la prensa estadounidense (tanto en Estados Unidos como a nivel continental), Arbenz pidió varios préstamos al país del Norte para el desarrollo de infraestructura [1]. Según documentos en aquel entonces secretos, el gobierno estadounidense decidió (entre otras medidas) restringir los préstamos para persuadir al gobierno Guatemalteco de dar marcha atrás en las reformas: “Estados Unidos debe presionar al gobierno guatemalteco para que conduzca acciones efectivas en contra de la influencia comunista en el país y abandone su actitud poco amistosa con Estados Unidos implementando las siguientes acciones: retener todos los préstamos venideros, subvenciones u otro tipo de favores para el gobierno de Guatemala” (FRUS, 1952–1954, The American Republics, Volume IV, Relations of the United States and Guatemala, Doc. 424).

 

A esto se sumó la presión a través de la prensa, el cerco a través de la diplomacia interamericana (la reunión “anticomunista” de Caracas de marzo de 1954) y la intervención armada. Así, los grupos locales que se oponían a Arbenz, obtuvieron el apoyo necesario para derrocar al presidente y acabar con el proceso revolucionario iniciado en 1944.

 

Los préstamos que le negaron a Arbenz fueron inmediatamente habilitados (por el gobierno estadounidense y el FMI) para Castillo Armas, el militar que comandó la invasión y el Golpe de Estado de junio de1954. En este como en otros casos posteriores, la “asistencia económica” se utiliza como una herramienta de premio/castigo, según la conveniencia de la elite del poder estadounidense, que busca perpetuar la dependencia: prestar hoy para impulsar un mayor endeudamiento y así tener que prestar más mañana, cobrando intereses cada vez más altos y manteniendo su primacía en la toma de decisión de los asuntos internos de otros países.

 

El caso de Guatemala nos permite ver además, la imposible separación entre el sector público estadounidense y el privado. La United Fruit Comany no dudó en recurrir al gobierno para que la respaldase y la administración estadounidense negoció para asegurar las ganancias de la empresa, llegando a requerir al ministro de relaciones exteriores de Guatemala, Guillermo Torrielo, “que hiciera algún arreglo con representantes de la UFC, o bien, que se llevara a cabo una negociación entre gobiernos” (FRUS 1952–1954, The American Republics, Volume IV, Relations of the United States and Guatemala Doc. 420, las cursivas son nuestras). Queda claro que los intereses del gobierno estadounidense y los del sector privado son equivalentes. Es un hecho entonces, que el capital privado está a la misma altura que cualquier Estado, además de dar cuenta que el Estado norteamericano está al servicio de ese capital privado. Desde esta posición poco importa la soberanía de un estado o, más bien, se trata de un “lujo” que solo pueden darse los países centrales.

 

El gobierno argentino, como otros gobiernos de la región, ha buscado la manera de reducir la dependencia con respecto a la deuda externa. En ningún momento se ha negado a pagarla, lo cual lo dejaría fuera del sistema internacional. Lo curioso es que desde los medios masivos se insiste en que el gobierno argentino se niega a negociar, se niega a pagar, y que eso conducirá al caos total (una vez más, discursos orientados a la desestabilización). Esto contribuye a que la clase media argentina, que es la consumidora preferente de la “desinformación” vendida por estos medios, pida a gritos que la Argentina obedezca a los mandatos del juez Griesa y los deseos de un puñado de especuladores, cuando lo que debería hacer es presionar al gobierno para que no gaste ni un centavo del erario público en pagar algo que ya fue al menos diez veces devuelto. La desinformación y las campañas de desprestigio asociadas al caos económico, tal como lo mencionamos en el caso de Guatemala, son parte fundamental de la guerra psicológica que sigue operando del mismo modo que durante la Guerra Fría con un enemigo interno que ha cambiado de nombre, pues en lugar de “comunistas”, los gobiernos y movimientos que reclaman la soberanía y la autodeterminación, son etiquetados hoy de nacionalistas, populistas, cuando no terroristas.

 

Lo revisado sobre Guatemala indica que el aparato estatal de Estados Unidos funciona para defender los intereses privados a costa de la soberanía de un país, combinando la extorsión económica con propaganda deslegitimadora. De este modo, lo que sucede hoy en Argentina con los fondos buitre no sólo remite a una cuestión política. Son el extremo de una madeja que nos lleva al corazón de la dependencia de América Latina y las luchas por la emancipación. Es nuestra tarea recobrar la memoria sobre el modo en que han sido y son desarticulados los proyectos de nación y las democracias que (con muchos o pocos aciertos) contradicen el camino de la dependencia perpetua.

Documentos y Bibliografía:

Documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos

• FRUS Truman Administration, 1951. The United Nations; the Western Hemisphere (1951) Guatemala, pp. 1415-1453. Relations of the United States and Guatemala, with special reference to the concern of the United States over communist activity in Guatemala.

 

•http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&did=FRUS.FRUS1951v02.i0019&id=FRUS.%20FRUS1951v02&isize=M

 

 

• Foreign Relations of the United States, 1952–1954, The American Republics, Volume IV Relations of the United States and Guatemala, with Special Reference to the Concern of the United States Over Communist Activity in Guatemala http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v04/ch17

 

• Doc. 414 Memorandum of Conversation, by the Acting Officer in Charge of Central America and Panama Affairs (Clark), Washington, October, 6 1952.

 

• Doc. 424 Draft Policy Paper Prepared in the Bureau of Inter-American Affairs, Washington, 19 agosto 1953

 

• Doc. 420 Editorial Note

 

• Para profundizar en los mecanismos de dependencia alimentados por la deuda: Comité para la Deuda del Tercer Mundo: https://listes.domainepublic.net/listinfo/boletin-cadtm-es

Para profundizar en la asistencia de Estados Unidos hacia América Latina como mecanismo de intervención

Romano, Silvina M. (2012) “La asistencia ‘para el desarrollo’ en las relaciones de Estados Unidos y América Latina” Análisis Político nº 76, Septiembre-Diciembre, Universidad Nacional de Colombia, pp. 197-218.

Bibliografía sugerida para una aproximación a la deuda desde la economía política:

• Caputo, Orlando y Pizarro, Roberto, (1975), Imperialismo, dependencia y relaciones económicas internacionales.Buenos Aires: Amorrortu.Saxe-Fernandez, John; Petras, James; Veltmeyer, Henry y Nuñez Rodriguez, Omar, (2001), Globalización, imperialismo y clase social. México: Lumen Humanitas.

 

• Selser, Gregorio, (1972), De la CECLA a la MECLA. O la diplomacia panamericana de la zanahoria. Buenos Aires: Carlos Samonta.

Sobre la deuda en Argentina:

• Calcagno, Alfredo y Calcagno, Eric, (1999), La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla).Buenos Aires: Catálogos.

 

• Formento, Walter y Merino, Gabriel (2011) Crisis financiera global. La lucha por la configuración del orden mundial. Buenos Aires: Peña Lillo

Sobre el derrocamiento de Arbenz y el capitalismo monopólico:

• Jonas, Susanne (1979) “La democracia que sucumbió. La revolución guatemalteca de 1944 a 1954” en Tobis, David y Jonas, Susane Guatemala, una historia inmediata. México: Siglo XXI, pp. 83-110.

 

• Schlesinger, Stephen y Kinzer, Stephen (1987) Fruta amarga. La CIA en Guatemala. México: Siglo XXI

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* Doctora en Ciencia Política; Profesora del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

1 El Ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Guillermo Toriello, expresó claramente a funcionarios del Departamento de Estado que Arbenz estaba deseoso de continuar con la construcción de la carretera Panamericana, pero que para ello necesitaba del apoyo en maquinaria y otras cuestiones (ver: FRUS, The American Republics, Volume IV Relations of the United States and Guatemala 1952-1954 Doc. 414)

Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense: Seguirán entre rejas

Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal – http://sur.infonews.com/notas/seguiran-entre-rejas 

 

 

Los asesinos de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi continuarán con prisión preventiva mientras se siguen sustanciando los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos por ese grupo de tareas parapolicial. En una de las últimas medidas tomadas antes de su fallecimiento el martes pasado, el titular del Juzgado Federal en lo Penal Nº 1 de La Plata, Manuel Humberto Blanco, negó los pedidos de excarcelación presentados por las defensas de los dos criminales. Las defensas apelaron ante la Cámara, que ratificó la decisión del magistrado. Castillo y Pomares llevan más de tres años entre rejas, acusados de varios asesinatos perpetrados entre 1974 y 1976, cuando formaron parte de la maquinaria del terrorismo de Estado.

Las resoluciones del juez y de los camaristas cayeron como baldes de agua helada entre los acólitos y protectores de Pomares dentro del Justicialismo platense, quienes ya celebraban la vuelta de Pipi a las calles. Al Indio, en cambio, le quedan muy pocos amigos.

Las causas. Con el fallecimiento del juez Blanco se abre una serie de interrogantes sobre el desarrollo futuro de todas las causas por delitos de lesa humanidad radicadas en los juzgados federales platenses, entre ellas, las relacionadas con el accionar de la CNU. Sucede que Blanco, además de ejercer la titularidad del Juzgado Nº1, donde se instruyen muchas de ellas, también subrogaba el Juzgado Federal en lo Penal Nº3 desde la renuncia del juez Arnaldo Hugo Corazza en febrero del año pasado. La mayoría de los procesos por los crímenes de la CNU se instruyen en este último juzgado.

La muerte impidió al juez Blanco concretar la elevación a juicio, después de largas demoras, de la llamada Causa Nº 9 que abarca varios secuestros y asesinatos cometidos por la patota de la CNU entre febrero y abril de 1976.

Esta causa –la primera sobre la CNU platense que iba a ser elevada a juicio– incluye el secuestro y posterior asesinato de Carlos Antonio Domínguez, presidente del Partido Justicialista de La Plata y dirigente gremial de los trabajadores del hipódromo de esa ciudad, cometido el 12 de febrero de 1976; el secuestro y asesinato de los militantes montoneros Graciela Martini y Néstor Hugo Di Notto, crimen perpetrado la madrugada del 4 de abril de 1976 y del que sobrevivieron milagrosamente otros dos integrantes de la tendencia revolucionaria del peronismo; y el secuestro y asesinato de Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una empresa que prestaba servicios tercerizados en Propulsora Siderúrgica, cometido la noche del 19 al 20 de abril de 1976. Esa misma noche también fueron secuestrados y asesinados Carlos Satich, compañero de Miceli en la misma empresa, y el militante gremial peronista Horacio Urrera, crímenes que llamativamente no están incluidos en el mismo proceso judicial.

Ahora, los dos juzgados federales en lo penal de La Plata quedarán provisoriamente a cargo del titular del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº2, Adolfo Gabino Ziulu. Consultadas por la investigación de Miradas al Sur, varias de las querellas señalaron que no quieren prejuzgar los efectos de este nombramiento, pero manifestaron su preocupación debido a que la instrucción de las causas por crímenes de lesa humanidad quedarán momentáneamente en manos de un juez no especializado en el fuero penal.

¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad?

Eduardo Galeano – http://info.nodo50.org/Galeano-Acaso-la-tragedia-del.html 

 

 

 

Para justificarse, el terrorismo de Estado fabrica terroristas: siembra odio y cosecha coartadas. Todo indica que esta carnicería de Gaza, que según sus autores quiere acabar con los terroristas, logrará multiplicarlos.

 

Desde 1948, los palestinos viven condenados a humillación perpetua. No pueden ni respirar sin permiso. Han perdido su patria, sus tierras, su agua, su libertad, su todo. Ni siquiera tienen derecho a elegir sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza está siendo castigada. Se convirtió en una ratonera sin salida, desde que Hamas ganó limpiamente las elecciones en el año 2006. Algo parecido había ocurrido en 1932, cuando el Partido Comunista triunfó en las elecciones de El Salvador. Bañados en sangre, los salvadoreños expiaron su mala conducta y desde entonces vivieron sometidos a dictaduras militares. La democracia es un lujo que no todos merecen.

 

Son hijos de la impotencia los cohetes caseros que los militantes de Hamas, acorralados en Gaza, disparan con chambona puntería sobre las tierras que habían sido palestinas y que la ocupación israelí usurpó.

Y la desesperación, a la orilla de la locura suicida, es la madre de las bravatas que niegan el derecho a la existencia de Israel, gritos sin ninguna eficacia, mientras la muy eficaz guerra de exterminio está negando, desde hace años, el derecho a la existencia de Palestina. Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa.

 

Los colonos invaden, y tras ellos los soldados van corrigiendo la frontera. Las balas sacralizan el despojo, en legítima defensa. No hay guerra agresiva que no diga ser guerra defensiva. Hitler invadió Polonia para evitar que Polonia invadiera Alemania. Bush invadió Irak para evitar que Irak invadiera el mundo. En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina, y los almuerzos siguen.

 

La devoración se justifica por los títulos de propiedad que la Biblia otorgó, por los dos mil años de persecución que el pueblo judío sufrió, y por el pánico que generan los palestinos al acecho. Israel es el país que jamás cumple las recomendaciones ni las resoluciones de las Naciones Unidas, el que nunca acata las sentencias de los tribunales internacionales, el que se burla de las leyes internacionales, y es también el único país que ha legalizado la tortura de prisioneros.

 

¿Quién le regaló el derecho de negar todos los derechos? ¿De dónde viene la impunidad con que Israel está ejecutando la matanza de Gaza?

 

El gobierno español no hubiera podido bombardear impunemente al País Vasco para acabar con ETA, ni el gobierno británico hubiera podido arrasar Irlanda para liquidar a IRA. ¿Acaso la tragedia del Holocausto implica una póliza de eterna impunidad? ¿O esa luz verde proviene de la potencia mandamás que tiene en Israel al más incondicional de sus vasallos?.

 

El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error. Mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada diez daños colaterales, tres son niños. Y suman miles los mutilados, víctimas de la tecnología del descuartizamiento humano, que la industria militar está ensayando exitosamente en esta operación de limpieza étnica. Y como siempre, siempre lo mismo: en Gaza, cien a uno. Por cada cien palestinos muertos, un israelí. Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo, a cargo de los medios masivos de manipulación, que nos invitan a creer que una vida israelí vale tanto como cien vidas palestinas. Y esos medios también nos invitan a creer que son humanitarias las doscientas bombas atómicas de Israel, y que una potencia nuclear llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki.

 

La llamada comunidad internacional, ¿existe? ¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros? ¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro? Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más.

 

Como siempre, la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas ambiguas, rinden tributo a la sagrada impunidad. Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos. Como siempre. Y como siempre, los países europeos se frotan las manos.

 

La vieja Europa, tan capaz de belleza y de perversidad, derrama alguna que otra lágrima mientras secretamente celebra esta jugada maestra. Porque la cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, pero desde hace medio siglo esa deuda histórica está siendo cobrada a los palestinos, que también son semitas y que nunca fueron, ni son, antisemitas.

 

Ellos están pagando, en sangre contante y sonante, una cuenta ajena.

 

(Este artículo está dedicado a mis amigos judíos asesinados por las dictaduras latinoamericanas que Israel asesoró.)